El fiscal solo pudo finalmente acusar a uno de los detenidos
15 abr 2015 . Actualizado a las 17:44 h.Un columpiazo judicial de gran calibre dejó atado de pies y manos al fiscal con la operación Enola Gay puesta en marcha por la Guardia Civil en el año 2005 para acabar con una trama que se dedicaba a repartir cocaína en los clubes de alterne de O Corgo. Nadie del Juzgado de Instrucción número 3 que por aquellas fechas abordó el asunto se ocupó de certificar de forma correcta los soportes conteniendo las escuchas telefónicas efectuadas a integrantes de la banda. Ni tan siquiera se preocuparon de incorporar a la causa los cedés con las transcripciones policiales obrantes en muchos folios. Con semejante situación, a la Audiencia Provincial no le quedó más remedio que anular las escuchas. En el fallo mostró su alarma por semejante falta de control.
La operación comenzó con 22 imputados, pero finalmente el fiscal únicamente efectuaba acusación a cinco para los que pedía 21 años de cárcel. Pero con la anulación de las escuchas muy poco o nada podía hacer para mantener la acusación. Por eso, en el juicio que fue convocado para ayer en la Audiencia Provincial decidió retirar la acusación a cuatro de ellos, algunos de los cuales se encuentran encarcelados.
Para el quinto, N. E. M., conocido como Napo, de nacionalidad Dominicana, no hubo retirada. El acusador público mantiene que ha de ser condenado a cuatro años de prisión por un delito de tráfico de sustancias tóxicas que causan grave daño a la salud. El acusador público plantea que, dada la situación de ilegalidad en la que se encuentra el acusado en territorio nacional, esa pena le sea sustituida por expulsión de España, con la prohibición de retorno en un plazo de diez año.
La razón de que el fiscal no le retire la acusación se debe a que le atribuye hechos que se produjeron antes de las escuchas telefónicas que acabaron siendo anuladas por el alto tribunal provincial. N. E. M., fue citado para ayer, sin embargo no compareció. Fue convocado nuevamente para hoy. Sus otros tres colegas sí fueron llevados a la sala de vistas.
El fiscal considera que el Napo se dedicaba a la venta y adquisición de cocaína en Lugo. Contactaba con personas de manera fugaz y fue interceptado en uno de estos encuentros. El 19 de abril de 2005 le intervinieron 0,7 gramos de cocaína. A partir de ese momento fue solicitada autorización judicial para ser escuchado su teléfono. Dice el fiscal que esos contactos mantenidos previamente, «lejos de ser un hecho aislado eran su actividad diaria». De hecho, los investigadores interceptaron a varios compradores que se citaban con él. El acusado no les vendía diariamente sino que espaciaba las transacciones con la finalidad de no levantar muchas sospechas.
Fue a partir de las escuchas cuando los investigadores descubrieron que otros dos jóvenes estaban involucrados en el comercio ilícito. De hecho, en registros efectuados en domicilios de los acusados, aparecieron diez gramos de cocaína y diversos útiles para su envasado y posterior comercialización en las calles.
A través de las escuchas anuladas, los investigadores supieron que los acusados hablaban en clave con sus clientes. «Cantas botelas queres?», preguntaba uno de los implicados a la clientela.
El avance en las investigaciones supuso nuevos registros en los que apareció más droga y también dinero.
«Escuchas muy poco motivadas»
La Audiencia calificó de mayúsculas las irregularidades judiciales apreciadas en torno a las escuchas telefónicas anuladas. El tribunal, además de revelar una falta de control riguroso sobre los soportes en los que se almacenan las conversaciones de los imputados, advirtió que existía muy poca motivación a la hora de justificar al menos la primera de las intervenciones telefónicas, lo que sucedió el 21 de abril del año 2005. Al tribunal también le le sorprendió «la llamativa falta de control posterior». Queda patente la preocupante lentitud judicial al tardar quince años en dar por concluido este caso que ahora acaba en el cesto de los papeles, después de muchos días de investigación.