De Lara imputa a dos guardias por el caso de prostitución en el Liverpool

lugo / la voz

O CORGO

Les atribuye también omisión de perseguir delitos y cohecho

25 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La jueza Pilar de Lara imputó a dos guardias lucenses por el caso de prostitución que investiga y que supuestamente se llevó a cabo en el club Liverpool de O Corgo. Los agentes imputados son José Vila Tur y Miguel Ángel Piñeiro Álvarez. Fueron citados a declarar para finales del próximo mes de abril, según recoge en un auto que ayer conocieron las partes presentes en una pieza separada de la operación Carioca.

La magistrada considera que ambos agentes son supuestos autores de un delito de colaboración con la prostitución, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho. En esa misma pieza, según recoge el auto, también se encuentran imputados el subteniente Julio Baquero Rodríguez y el que fuera cabo del instituto armado en la comandancia de Lugo, Armando Lorenzo Torres. Este último era el agente que se ocupaba, cuando estaba en activo, de las cuestiones relacionadas con los establecimientos de alterne de la provincia.

En la lista de imputados relacionados con este club de alterne que sigue operativo figura también el que por aquel entonces fuera su responsable, Eladio Rodríguez y una mujer vinculada con el establecimiento, Márgara de Jesús Ureña.

Los dos agentes de la Guardia Civil que ahora se suman a la lista de imputados han de prestar declaración el próximo día 24 de abril, a partir de las 10 de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. El auto de citación explica en sus fundamentos de derecho, que los hechos que resultan de las actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos relacionados con la prostitución, tráfico ilegal de personas, delitos de omisión del deber de perseguir delitos, contra los derechos de los trabajadores, tráfico de influencias, cohecho y amenazas.

De acuerdo con el contenido del sumario de la operación Carioca, en el Liverpool, varias mujeres fueron obligadas a ejercer la prostitución a la fuerza. Además, estaban en unas condiciones difíciles, según contaron algunos testigos. El responsable del establecimiento fue detenido y encarcelado en su momento. Además fue desterrado fuera de Galicia, al igual que el cabo de la Guardia Civil. Finalmente fue la Audiencia Provincial quien acordó su puesta en libertad y anuló la prohibición de residencia en Galicia.