La Fiscalía acusa de prevaricación al exalcalde de Muras: «Actuó con un flagrante desprecio a la normativa pública»
MURAS
Issam Alnagm será juzgado este martes en la Audiencia Provincial de Lugo por contratar irregularmente a empleados del Concello entre el 2012 y el 2015. Piden una pena de 15 años de inhabilitación política
01 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Issam Alnagm, exalcalde del municipio lucense de Muras, contrató a 46 personas de manera irregular, y a dedo, de manera continuada, durante cuatro años. Esta es la acusación que plantea la Fiscalía de Lugo contra el exregidor, el conocido médico de origen sirio que gobernó en Muras durante 24 años (1991-2015).
El exalcalde del Partido Popular, famoso por sus múltiples imputaciones judiciales y desavenencias internas en el PP, se sentará este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Alnagm, «con pleno conocimiento y voluntad de que actuaba al margen del ordenamiento jurídico», contrató de manera temporal y a dedo a trabajadores del Ayuntamiento sin tener potestad para ello. El texto afirma que el exalcalde contrató, entre los años 2012 y 2015, a un total de 46 personas para ejercer labores públicas.
Según el fiscal, el acusado, «no llevando a cabo ningún proceso de selección por no ser un órgano competente para efectuar la selección», contrató estas personas. «La mayor parte del referido personal fue concatenando contratos de trabajo temporales [para efectuar tareas] vinculadas a necesidades permanentes que deberían estar cubiertas regularmente, generando a los trabajadores unas expectativas de continuidad y permanencia que no se correspondían a la realidad».
En años consecutivos, contrató, sin tener poder legal para hacerlo, a siete, a diez, a ocho y a 21 personas, respectivamente. Todo esto lo hizo, según el Ministerio Público, «actuando con un flagrante desprecio a la normativa relativa al acceso a la función pública».
La Fiscalía afirma que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, del cual es autor el acusado, Issam Alnagm. Piden 15 años de inhabilitación para ejercer un empleo público y para ser elegido representante político.
Absuelto de otro delito de prevaricación por desconocer la ley
Issam Alnagm ya fue juzgado en otro procedimiento en julio del año 2021. Entonces, la Fiscalía lo acusaba de haber usado el nombre de su esposa para dictar resoluciones y de otorgar licencias irregulares. En aquella vista, declaró que solamente fue alcalde «porque me gusta ayudar a la gente, porque conocimientos para ello no tenía ninguno».
Ante el tribunal, afirmó que «no sabía nada ni de deberes de abstención ni de reglamentación jurídica», ya que «nadie me avisó nunca», y que se «fiaba» de las funciones de su secretaria, la encargada de redactar las resoluciones en muchas ocasiones y responsable de asesorarlo legalmente. Alnagm llegó a decir que «enchufé a mi hijo en una empresa, y a los tres días me dijo "papá, yo no se trabajar enchufado"», en un intento de mostrar su integridad moral. Delegó la responsabilidad de sus firmas en los contratos que son objeto de la acusación de prevaricación, ya que «confiaba en que ellos hicieran todo correctamente».
Meses después, salió absuelto, según la sentencia, porque «desconocía que estaba cometiendo un delito». En la resolución, los magistrados expresaron que no se había acreditado que el acusado tuviese «conocimiento de actuar en contra del derecho». Para que exista delito de prevaricación, según recordó el tribunal en el fallo, es exigible «actuar a sabiendas de la injusticia de la resolución, con plena conciencia de que se resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, esto es, con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado», algo que, en este caso, consideró que no se había probado.
La aldea etnográfica maldita
Pendiente de juicio está todavía el proceso relacionado con la creación de la aldea etnográfica de Muras. El proyecto, liderado por Alnagm durante años, pretendía crear un enorme complejo rural turístico. Una gestión presuntamente irregular hizo que acabase en el juzgado.
La aldea contaba con una decena de casas abandonadas. Fue el propio alcalde quien las compró y las rehabilitó. Una vez estaba todo arreglado, se las vendió al Concello de Muras, del cual él mismo era alcalde. Las críticas de la oposición fueron feroces y el caso ganó presencia mediática de inmediato.
Poco duró la idea. Los primeros huéspedes denunciaron al por aquel entonces alcalde antes siquiera de la inauguración oficial de la aldea. Un matrimonio, que organizaba un campamento de niños ingleses en Muras, acordaron con Alnagm alojarse en la aldea. Cuando llegaron allí, se encontraron una falta total de cumplimiento de las condiciones que les había prometido el alcalde. No les dieron las llaves de todas las casas, no había empleados de cocina o de alojamiento y el regidor trató de tapar los agujeros como pudo con tal de que el campamento se quedase y pagase su estancia.
Al lugar fue hasta la Guardia Civil, y el caso acabó en los juzgados. La aldea etnográfica de Muras, pagada con dinero del Concello, jamás tuvo un uso real.
