El exconcjeal dice que los árboles ya no crecen más y se le pueden quemar
13 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El exconcejal socialista lucense Francisco Fernández Liñares le pidió permiso a la jueza Pilar de Lara Cifuentes para poder vender los pinos que tiene en una finca de Monterroso. El que durante muchos años fue brazo derecho de Orozco en el gobierno municipal de Lugo no puede disponer de sus bienes salvo autorización judicial como consecuencia de su implicación en la operación Pokémon. Precisamente por cuestión de unos pinos está siendo investigado porque supuestamente hizo pagos en dinero B. Tendrá que declarar por ello en su momento.
Liñares, además de sus ocupaciones políticas en el Concello de Lugo y después en la dirección en la Confederación Hidrográfica Miño Sil, se dedicaba entre otras cuestiones a la compra de fincas en las que luego plantaba distintas especies arbóreas. Una de esas fincas está en el municipio de Monterroso. En ella tiene plantados pinos que, asegura, necesita vender.
Según un documento que Pilar de Lara incorporó a la Pokémon, los árboles ya no pueden crecer más. Algunos están secando y, además, dice su representación legal, «ahora que se acerca la primavera existe un riesgo de incendio». En base a todas estas consideraciones el exedil reclama autorización judicial para proceder a la venta de los mimos.
Con el importe de la venta de los pinos, Liñares dice que va ha hacer dos cosas. Una reparar los caminos de acceso a su finca y dos, plantar eucaliptos en el lugar de los pinos. Promete contarle a Pilar de Lara el momento en que acabe los trabajos y el coste de los mismos. Un detalle que hace constar la representación de Liñares: presentará las correspondientes facturas. «La solicitud tiene como finalidad el mantenimiento de la finca, evitar el riesgo de incendio así como la buena administración del patrimonio», dice el escrito que le fue enviado a la jueza.
El recordatorio de presentar facturas quizás venga a cuento de los últimos informes de la Guardia Civil que apuntaban a que Liñares supuestamente hizo pagos a quien le plantó eucaliptos en una finca de Portomarín en B, sin ningún tipo de factura. Esta situación motivó que la jueza abriera unas diligencias para saber la procedencia del dinero que manejó el edil.
La magistrada se dio por enterada del escrito de petición de venta del pinar y, antes de adoptar alguna decisión al respecto, elaboró una providencia según la cual comunica que da traslado al fiscal y a las acusaciones personadas para que en el término de cinco días hagan las alegaciones que consideren procedentes en relación al asunto, y luego decidirá si autoriza la corta de pinos.
El Seprona dice no dar abasto y la jueza advierte de que la ciudadanía no tiene culpa
El Seprona de Lugo le envió un oficio a la jueza Pilar de Lara para informar de que el equipo se encuentra a tope de trabajo, entre otras razones porque la plantilla es de tres personas. Los agentes tienen que hacer informes para el juzgado y además han de atender el trabajo cotidiano. La jueza destaca y elogia la labor que realizan, pero advierte que la ciudadanía no tiene la culpa de la carencia de medios.
El Seprona recordaba a la jueza que los informes solicitados por el juzgado precisaban de gran dedicación y esfuerzo. Añadía que, a pesar de que el personal del grupo se dedicaba en un porcentaje muy elevado a la realización de los mismos, en el futuro las peticiones planteadas desde el juzgado podían sufrir una demora. Aún así explicaban que darían absoluta prioridad a lo que les pedía la jueza.
De Lara incorporó los oficios a la causa y ayer las partes recibieron un oficio que la magistrada dirige al teniente jefe de la sección del Seprona en el que le comunica diversos aspectos.
En primer lugar, la jueza titular del Juzgado de Instrucción 1 le recuerda que unas diligencias a las que hacía referencia el Seprona no se tramitan en su juzgado sino que son cosa del Juzgado de Instrucción número 2 y que si ella se ocupa de las mismas es porque su colega Sandra Piñeiro se abstuvo. Destaca que en la misma situación están otras diligencias.
Reconocimiento
La jueza recuerda al jefe del Seprona que «tanto personalmente ,como de forma verbal a sus superiores siempre ha reconocido la labor, esfuerzo y dedicación que prestan los efectivos que integran el equipo de investigación del Seprona, en cuantas investigaciones han sido encomendadas».
A continuación explica que es plenamente consciente de la situación de escasez de medios personales del departamento «en comparación con el afloramiento de ilicitudes administrativas y penales que son competencia de la unidad, así como de la sobrecarga de trabajo que pesa sobre sus efectivos y la dificultad y tiempo que requieren las investigaciones que afectan a delitos contra el patrimonio histórico y contra la ordenación del territorio que se les ha encomendado».
Ahora bien, la jueza expresa: «Las nefastas consecuencias de dichas deficiencias de las que participan otras unidades policiales así como los propios juzgados de instrucción, no debe recaer ni sobre los ciudadanos, ni sobre los justiciables, cualquiera que sea la posición procesal que ocupen en los procedimientos». A continuación, dice que toma nota de las «justificadísimas circunstancias que anuncia» y si considera que la carga de trabajo «no puede ser asumida en un plazo razonable de tiempo por su unidad, serán los responsables de la misma o sus superiores los que deban adoptar medidas para subsanar las demoras».
También advierte la jueza que ella en ningún momento solicitó que sus investigaciones tengan prioridad sobre las de otros juzgados. «Son otros criterios legales -advierte- los que determinan las prioridades en las investigaciones.
El oficio fue enviado por el Seprona el pasado 27 de febrero en respuesta a otros del juzgado.