El juez considera que un folleto elaborado por el PP relativo a la urbanización O Carballal se enmarca en la libertad de expresión
25 jul 2015 . Actualizado a las 20:34 h.El Juzgado de instrucción número 1 de Lugo ha decretado el archivo de la querella por supuestas calumnias presentada contra el anterior alcalde de Meira, el popular Ramiro Pérez Freijo, y los concejales Rosendo Folgueira, Manuel Jartín y Nonito Rodríguez, por la empresa promotora Iprome, S.L. La denuncia surgió a raíz de un folleto repartido por el Partido Popular antes de las pasadas elecciones municipales, en el que se afirmaba que la citada empresa le adeudaba al Concello cerca de 800.000 euros ?798.426,07? en concepto de compensación por su participación en la urbanización O Carballal, situada en el casco urbano, cerca del parque que hay en las inmediaciones del río Miño. El juez no aprecia «la comisión de infracción penal alguna» en el citado documento, y estima que las manifestaciones que aparecen en él deben de «enmarcarse en el ámbito del derecho a la libertad de expresión que debe gobernar la contienda política, sin que ninguna de las expresiones vertidas en él tengan encaje en las conductas descritas en el Código Penal».
La polémica arrancó en el 2007
Los trámites para construir la urbanización se iniciaron en el 2007, cuando se modificó el Plan Xeral de Ordenación Municipal para realizar el reparto de terrenos. Al año siguiente el Concello de Meira aportó casi 4.000 metros cuadrados para poner en marcha un proyecto que supera los 25.000 metros cuadrados. Posteriores modificaciones del proyecto relacionadas con la creación y la valoración de parcelas en el terreno motivaron una disputa entre Concello y promotora que acabó en los tribunales. La pasada primavera, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Lugo dictó una sentencia obligando a Iprome a realizar una aportación al Concello, en terreno o en dinero en metálico, cercana a los 800.000 euros. Días más tarde, el presidente de la junta de compensación de O Carballal manifestó que el Concello le debe a la urbanización 100.000 euros, y que hay reclamaciones pendientes.