El PP critica la incorporación del hijo del alcalde de Lugo como secretario en la Diputación y esta dice que el trámite fue totalmente legal
LUGO CIUDAD
Denuncia que volvió a su puesto en el Concello de Burela tras haberse incorporado a la plantilla del ente provincial
01 abr 2026 . Actualizado a las 20:10 h.Los portavoces del Partido Popular en la Diputación y en el Concello de Lugo, Antonio Ameijide y Elena Candia, comparecieron este miércoles para criticar la «rede de colocación de PSOE e BNG» en la Diputación, centrándolo en el nombramiento del hijo del alcalde de Lugo, Miguel Fernández, como secretario en el ente provincial. Hablan de «manobras pouco transparentes e estéticas» para dejar libre un puesto en la Diputación y que pudiese ejercer el hijo del regidor.
Según relata Ameijide, el pasado año tres de los habilitados nacionales de la Diputación solicitaron una prórroga en su trabajo para no tener que jubilarse. «A dous deles, que ademais ían á segunda prórroga, concedéuselles, mentres que a unha terceira, non. Esa praza vacante (la de secretario-interventor) foi para o fillo de alcalde de Lugo. Non poñemos en dúbida as súas capacidades, pero si a dobre vara de medir que se tivo». Consideran los populares que socialistas y nacionalistas ponen «as administracións públicas ao servizo dos seus intereses» y explican que la funcionaria a la que no se le concedió la prórroga ha judicializado la decisión.
Los populares consideran que se benefició al hijo del alcalde, que estaba como secretario en el Concello de Burela y que ahora está en la Diputación. «Pero é que ademais, despois diso, o que se fixo foi aprobar unha comisión circunstancial para que siga traballando en Burela, digamos que de prestado, dando apoio, pero coas condicións da Deputación», continuó Ameijide.
Según denuncian los populares, el 16 de marzo se nombró al hijo del alcalde, que tomó posesión el día 20, fecha en la que se firmó además un decreto de la presidencia para comisionarlo como secretario-interventor dando asistencia en Burela. Para sostener la decisión, siempre según el PP, se apoyaron en el artículo 55 que regula las comisiones circunstanciales y que estaría pensado para municipios de menos de 1.000 habitantes, cuando Burela se aproxima a los 10.000.
«Sen cuestionar a validez do nomeamento, cuestionamos a falta de ética», dijo Antonio Ameijide, que acusó a la presidenta provincial, Carmela López, de «cometer os mesmos vicios» usando el ente «como un cortijo» y al alcalde de «presuntamente, usar postos para favorecer persoas cercanas». De López, que además es alcaldesa de Burela, se pregunta Ameijide si buscaba aligerar las nóminas municipales. Elena Candia cuestionó que «prácticas como estas non deberían ter cabida na administración pública» y contrapuso la agilidad que se tuvo en el proceso de la Diputación con la lentitud en materia profesional en el municipio.
El sindicato CSIF también mostró su preocupación acerca de este asunto. A través de un comunicado, advirtieron de decisiones «poco transparentes» en la gestión de personal y pidieron explicaciones sobre «por qué se denegó la prórroga a la funcionaria que ocupaba el puesto hasta ese momento». El colectivo reclamó, en definitiva, «explicaciones sobre las decisiones adoptadas en este proceso» y exigió que «se garantice la transparencia y la igualdad de trato en la gestión del personal público». El sindicato también insta a la administración a «actuar con la misma rapidez para resolver otros problemas laborales» que siguen «pendientes», tanto en la Diputación como en otras administraciones de la provincia.
Las reacciones
Preguntado por las declaraciones del PP, el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, se mostró firme. «O meu fillo foi o primeiro na oposición de habilitados nacionais celebrada recentemente, e case me atrevería a dicir que sendo ademais o máis novo. Se iso se usou como arma política», dijo, daría muestras de la «baixeza moral impropia. Pero non me sorprende, non hai límites nin escrúpulos».
La Diputación salió también al paso de las acusaciones vertidas por el Partido Popular, negando de forma tajante cualquier irregularidad y defendiendo la legalidad del procedimiento. En un comunicado oficial, la institución provincial subrayó que «a incorporación do funcionario foi autorizada pola Xunta de Galicia», detallando que la comisión de servicios fue aprobada mediante una resolución de la Dirección Xeral de Administración Local el 16 de marzo del 2026. Además, recalcó que el proceso fue público y que «non se recibiu ningunha outra solicitude», lo que refuerza, a su juicio, la transparencia del mismo. La institución acusó al PP de construir «un relato falso», recordando que su propio reglamento contempla la prestación de funciones por parte de funcionarios con habilitación nacional sin límite de población. En este sentido, advirtió que «se o coñecen e o ocultan, evidencian unha vontade deliberada de desinformar». Asimismo, la Diputación justificó la necesidad urgente de reforzar el servicio, señalando las dificultades estructurales de los pequeños municipios de la provincia para cubrir puestos clave. «A necesidade de reforzo do Servizo de Asistencia é real, documentada e urxente», sostuvieron en el comunicado.
Respecto a la situación concreta del Concello de Burela, la Diputación explicó que la medida adoptada es temporal y responde a una solicitud municipal para evitar la paralización administrativa. También rechazó cualquier vinculación entre la incorporación del funcionario y decisiones previas sobre prórrogas laborales, insistiendo en que se trata de facultades discrecionales. Finalmente, la Diputación criticó la insistencia del PP en la relación familiar del trabajador, afirmando que «a filiación familiar non priva a ningún traballador dos seus dereitos» y defendiendo su cualificación profesional. «Aquí non hai favores, hai procedementos», concluyó.