Xunta y Confederación acortan la posibilidad de que se construya la planta de Coeses de Lugo
LUGO CIUDAD
La Hidrográfica del Miño-Sil ve inaceptable los vertidos de aguas residuales y su impacto ambiental, por lo que el gobierno gallego da diez días de plazo a la empresa Bioenergía Lugo para que justifique que no habrá daño al medio
19 feb 2025 . Actualizado a las 14:15 h.La planta de gestión de residuos orgánicos y producción de biometano para su inyección en la red que se planificaba desde hace años en la parroquia de Coeses, en Lugo, tiene más difícil su construcción. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil informó desfavorablemente el proyecto en agosto del 2024 por considerar que no se aportaron los planos del sistema de suministro de aguas que necesitaría la planta, propuesta por la empresa Bioenergía Lugo S.L.
Ante este escenario, la Dirección Xeral de Avaliación Ambiental de la Xunta de Galicia ha dado diez días de plazo a Bioenergía Lugo para que justifique que los vertidos que hará cumplen la legislación vigente. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil no considera que haya datos suficientes para darles el visto bueno, por lo que la Xunta comunica que, si en el plazo indicado no presenta los documentos necesarios, denegará la autorización ambiental.
Además, la Confederación, en un informe enviado a la Xunta y que es vinculante, también detectó que no estaba recogida la canalización de aguas residuales de la planta y que el punto de vertido propuesto por la empresa ponía en riesgo las captaciones de agua existentes en la zona.
Después de este informe, que es vinculante (hay que pedirlo obligatoriamente y es de obligado cumplimiento) se emitieron los dictámenes de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta. Y este órgano emitió informe desfavorable aduciendo que lo primero que se necesita es autorización de la Hidrográfica. Al ser negativo, también ellos lo tienen que emitir negativo porque la Xunta no puede autorizar contra un informe negativo de la Hidrográfica.
Pero aún hay otro organismo implicado, que es la Dirección Xeral de Avaliación Ambiental, de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Este órgano también emitió una resolución desfavorable, porque para ellos también es vinculante el informe previo y preceptivo de la Confederación. Y especialmente porque la Hidrográfica consideraba inaceptable el vertido de aguas residuales que proponía la empresa.
En definitiva, los informes negativos de la Xunta que impiden la instalación de la planta de biometano a la empresa Bioenergía Lugo solo tuvieron que aplicar la ley y denegar el proyecto que ya denegó en primera instancia la Confederación Hidrográfica.
El DOG de mayo del 2024
El Diario Oficial de Galicia publicaba en mayo del pasado año el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental en el que daba cuenta de la exposición al público durante 30 días del estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización ambiental del proyecto de planta de gestión de residuos orgánicos y biometano
Fue a partir de ese momento cuando se encendieron las alarmas, tanto vecinales como políticas. Los tres grupos de la corporación se reunieron con los vecinos para calmar los ánimos. Los más activos fueron los ediles del BNG, que se posicionaron en contra de la planta y apoyaron las reivindicaciones de los vecinos. Desde las filas del PSOE, les explicaron que esta planta ya había recibido el no del Concello, que en el 2022 le denegó la licencia. Y también los ediles del PP se ofrecieron a dar asesoría técnica a los vecinos para que pudiesen presentar sus observaciones al proyecto empresarial, e incluso el PP presentó las suyas.
A los pocos meses se fueron conociendo los primeros informes negativos, como el de la Confederación Hidrográfica, que advertía que el sistema de tratamiento que la empresa preveía no era suficiente para garantizar que las aguas que serían vertidas al Rego de Vilalbite no tuviesen riesgo para el medio, además de que este regato, en el verano, no lleva suficiente caudal.
Desde esa fecha, pocas noticias se supieron por parte de la empresa, y sí mucha contestación vecinal, con varias manifestaciones por las calles del centro de la ciudad y hasta la creación de una plataforma denominada Lugo non quere cheiros.
El asunto llegó en varias ocasiones al Parlamento y al Concello, siendo clarificador el debate que hubo en el pleno de noviembre del 2024, donde el BNG y PSOE aprobaron instar a la Xunta a que retirase la declaración de iniciativa empresarial prioritaria, mientras que los populares se abstuvieron, aunque reconocía su portavoz, Elena Candia, que la actual ubicación es errónea y proponían intentar la búsqueda de una nueva ubicación.
En aquel pleno, la popular Cristina Sanz ya aventuró que el proyecto de Coeses no tendrá la evaluación de impacto ambiental, y por este motivo defendió que su grupo miraba al futuro y proponía una mesa para analizar otra posible ubicación en el municipio, recordando además unas palabras de la alcaldesa Paula Alvarellos que le dijo al presidente Alfonso Rueda que el municipio era muy extenso y que se podía ubicar la planta en otro lugar con menor impacto.
Las primeras reacciones
Desde el grupo municipal y parlamentario del BNG ya se pronunciaron una vez conocida la decisión de la Xunta. Señalaron que, desde la prudencia del anuncio, informaron a los vecinos que se movilizaron desde el principio contra esta planta de biometano y pusieron en valor «a loita exemplar que levaron a cabo durante tanto tempo para opoñerse a unha planta que era inxusta, tanto pola situación como polo proxecto en si mesmo».
Un proyecto con una inversión de 12 millones y que crearía 10 puestos de trabajo
Si se cumpliesen los planes que tenía previsto la empresa Bioenergía Lugo, a lo largo de este año 2025 ya estaría en funcionamiento la planta de biometano. La empresa ya había alquilado a la Asociación de Montes Veciñais de Coeses una parcela de ocho hectáreas en Lamablanca por un plazo de 30 años para instalar esta planta. Bioenergía Lugo preveía una inversión de 12 millones de euros, bajo el amparo del grupo empresarial Arrate, con sede en Madrid.
El proyecto, que podría generar unos diez empleos directos, consistía en valorizar residuos orgánicos que proceden de granjas e industrias agroalimentarias para producir biometano con el fin de inyectarlo en la red gasística nacional. Su producción máxima anual será de 53.000 toneladas al año de residuos orgánicos, de las que 12.000 serán de productos de origen animal que no están destinados al consumo humano.