Las falsificaciones en los puestos de venta del San Froilán de Lugo llegan a la Valedora do Pobo
LUGO CIUDAD
La asociación Lugo Monumental denunció la posible venta de productos fraudulentos en el 2023 y sostiene que desde entonces no se tomaron medidas
21 ene 2025 . Actualizado a las 19:38 h.La asociación Lugo Monumental ha llevado ante la Valedora do Pobo la venta de productos falsificados en puestos del San Froilán. Lo hace tras haber denunciado la situación ante el Concello, la Xunta y la Subdelegación del Gobierno el pasado octubre, llegando incluso a trasladar la cuestión a la Fiscalía Provincial. El colectivo considera intolerable la venta de productos presuntamente falsificados en puestos que adjudica la Administración Local.
«El hecho de que esta venta de productos falsificados se produzca en puestos propiedad del Ayuntamiento de Lugo es gravísimo, ya que el público puede pensar que se trata de prendas auténticas ya que se asume que la administración no arrendará puestos consintiendo la presencia de mercancías falsificadas», sostiene la asociación, que cobija a numerosos comercios que trabajan con prendas originales. «Se rompe por lo tanto el presumible criterio de buena fe debido a la falta de control de la administración sobre sus propias concesiones».
Recuerda Lugo Monumental que el Concello es el responsable de gestionar las decenas de puestos de venta que se instalan durante las fiestas patronales de Lugo y de su explotación comercial. Así lo recoge la ordenanza que regula la cuestión.
A la vista de que año tras año detectaban que estaban a la venta productos presuntamente fraudulentos, la asociación presentó ante el Ayuntamiento una denuncia en el 2023 que tuvo como respuesta que como el escrito se había presentado con el San Froilán finalizado, no era posible verificar lo que denunciaban, «aínda que, dende este Servizo, se reiterarán as medidas correspondentes para tentar evitar conductas ilegais nos anos posteriores».
Pero a entender de Lugo Monumental dicho control no resultó suficiente, puesto que en el San Froilán del 2024 se repitió la situación. «No se aprecia que el Ayuntamiento haya tomado las medidas oportunas, dado que las mercancías presuntamente falsificadas han seguido estando expuestas y a la venta de forma pública y notoria», reprocharon de nuevo. El 11 de octubre del pasado año, en plenas fiestas, se lo recordaron sin que la asociación viese que se tomaba medida alguna.
Pero a la vista de que las competencias en materia de comercio corresponden a la Xunta y que la venta de productos fraudulentos supondría un delito, también trasladaron la cuestión a la Administración autonómica y a la Subdelegación del Gobierno. La primera no respondió y la segunda trasladó el tema a la Policía Nacional, sin que trascendiera nada más, describe la asociación del casco histórico.
Analizando responsabilidades, Lugo Monumental sostiene que la normativa estatal (el artículo 408 del Código Penal) refleja que se incurre en pena de inhabilitación por parte de «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables». Consideran, por tanto, que supone un abandono de los deberes de las autoridades la persecución de esos delitos.
La asociación, integrada por comerciantes y hosteleros del casco histórico lucense, considera imprescindible poner fin a esta situación, ya que supone una competencia desleal respecto a negocios que se atienen a las normativas. Por ello, y sin descartar futuribles vías si no se solventa, han reclamado a la Valedora do Pobo que estudie el caso y proponga las medidas oportunas.
Para Lugo Monumental es clave que se determine quiénes son las autoridades competentes y que se investigue si desde el 2023 se adoptó alguna medida. De existir estas, creen que es necesario comprobar si son razonables para pelear contra las actividades ilegales o si se ha caído en alguna dejación de funciones, «como parece evidente».En función de lo anterior, si procede tomar alguna medida que persiga el cumplimiento de las normas vigentes al respecto.