A juicio el exjefe de Electromecánica del Concello de Lugo, que será condenado por adjudicar contratos a su empresa familiar

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

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Las sedes de Cimesa y Medesa, en Lugo
Las sedes de Cimesa y Medesa, en Lugo ALBERTO LÓPEZ

Está previsto que acepte un acuerdo que le asegura una pena de dos meses y medio de prisión o una multa que la sustituya

09 feb 2024 . Actualizado a las 17:32 h.

El que fuera jefe del Servicio de Electromecánica del Concello de Lugo entre los años 2006 y 2013, Arcadio Seco Falcón, se sentará el próximo jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. El exfuncionario municipal se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión (o una multa sustitutoria) por, según la Fiscalía, interceder para que se concedieran adjudicaciones de obras municipales a empresas controladas por él mismo y por familiares cercanos. 

El procedimiento que llega ahora a juicio es una pieza separada de la Operación Pokémon. En este caso, la causa derivada de la gran operación judicial que llega a su fin es la que investigó la concesión de distintos contratos públicos a las empresas Cimesa y Medesa, dos compañías de Lugo especializadas en obras eléctricas y mecánicas.

Este juicio, no obstante, tiene ya un destino concreto. Según el escrito de la Fiscalía, ambas partes llegarán a un acuerdo de conformidad. Arcadio Seco aceptará su culpabilidad a cambio de una reducción de pena. 

Según el escrito de la Fiscalía, que el acusado ratificará como cierto en el juicio que se celebrará próximamente, el funcionario otorgó contratos públicos por valor de cerca de 40.000 euros a estas dos compañías, en las que su mujer, su hijo y personas de su entorno figuraban como beneficiarias.

Negociaciones prohibidas a funcionarios

Usando su influencia como jefe de Electromecánica, proponía a Cimesa y a Medesa como las compañías que debían realizar diversas obras menores para el Concello. Él mismo tenía una participación de hasta el 15 % en Cimesa entre los años 2006 y 2013, período en el que se benefició de los contratos públicos a través de estas empresas, al igual que su familia. Según el escrito, Seco Falcón propuso a estas empresas como beneficiarias de estos contratos «contraviniendo su obligación de abstenerse». 

«Los hechos relatados son constitutivos de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos», le imputa el Ministerio Público. Seco Falcón llegó a un acuerdo con el fiscal para que su pena sea reducida hasta los dos meses y medio de prisión, un castigo que puede computar con un pago de 1.800 euros, la misma cifra que tendrá que abonar a modo de multa. Además, tendrá que pagar las costas del proceso.