Aplazado hasta noviembre el juicio contra Alcor Seguridad por presunta vulneración de los derechos de los trabajadores
LUGO CIUDAD
La vista oral arrancaba este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo, pero la huelga de Justicia impidió citar a 25 testigos perjudicados
19 jun 2023 . Actualizado a las 13:02 h.El juicio contra cinco dirigentes de la empresa de seguridad privada Alcor se aplaza hasta el 21 de noviembre. La Audiencia de Lugo iniciaba este lunes ocho jornadas de vista oral para juzgar si la firma de Monforte de Lemos vulneró los derechos de sus trabajadores. Se preveía que más de 100 empleados pasasen por la sala para testificar, pero no fue posible citar a 25 de ellos, por lo que se decidió aplazar el juicio.
El sindicato denunciante FTSP-USO llevaba 12 años esperando la celebración de este juicio. Antes de que comenzase la sesión, un grupo de sindicalistas se concentraron frente a la Audiencia Provincial de Lugo con pancartas, megáfonos e incluso disfraces. Clamaban por «justicia para los trabajadores del sector» y tildaban de «empresa pirata» a Alcor.
Cinco directivos de firma de seguridad estaban acusados de «abusar de la situación de necesidad de múltiples trabajadores», imponiéndoles unas condiciones laborales que vulneraban sus derechos mínimos.
Jornadas de 24 horas
El escrito de acusación de la Fiscalía detalla que imponían «jornadas maratonianas de 24 horas» que fichaban con dos códigos diferentes para que no se supiese que eran realizadas por el mismo vigilante. El abono de las horas extraordinarias era inferior a lo estipulado, y se hacía solo a partir de las 200 horas mensuales, y «firmaban documentos en blanco en el momento de la firma del contrato», desconociendo los trabajadores su contenido. «Circunstancia posteriormente empleada por los acusados como mecanismo para doblegar su voluntad,» recoge el escrito.
La Fiscalía pide penas de prisión para todos los acusados, siendo el empresario Carlos Somoza el autor y los otros cuatro, cooperadores necesarios. Para el empresario monfortino solicita tres años y tres meses de cárcel y diez meses de multa, a razón de una cuota diaria de 12 euros. El sindicato denunciante, Unión Sindical Obrera, solicita penas de prisión mayores para todos los acusados.
El juicio tenía una duración prevista de ocho días, en los que alrededor de un centenar de trabajadores acudirían a testificar como perjudicados. Sin embargo, por la huelga de letrados, algunos funcionarios no consiguieron citar a tiempo a 25 de ellos, muchos de fuera de Galicia. El abogado de la acusación consultó en el momento del juicio con el denunciante y decidieron pedir su aplazamiento. Se celebrará el 21 de noviembre.