El derribo del Garañón de Lugo puede retrasarse: dos recursos judiciales en contra y un permiso que no se solicitó
LUGO CIUDAD
Un banco presentó demandas ante el Contencioso y el Concello todavía no solicitó autorización ante Patrimonio
09 mar 2023 . Actualizado a las 12:52 h.Lara Méndez arrancó el mandato al frente del Concello de Lugo comprometiéndose a derribar las torres de O Garañón. Pero sus intenciones pueden quedar en papel mojado, a la vista de los últimos palos que han aparecido en las ruedas de un proceso tan largo como enrevesado.
La alcaldesa avanzaba a La Voz hace dos semanas que el Concello acababa de recibir el proyecto de demolición del edificio y que el siguiente paso era darle el visto bueno municipal y ordenar el inicio de los trabajos. «Pode ser cuestión de meses e pode chegar antes das eleccións», decía. Sin embargo, ese horizonte despejado ya no lo es tanto.
El Banco Santander, principal acreedor en el concurso que afecta a la empresa que levantó las torres, ha presentado dos recursos judiciales para frenar la demolición. Versan, por un lado, sobre la edificación, y por el otro sobre la urbanización. En cuanto a la primera, en abril del 2011 el Contencioso anuló la licencia de edificación concedida por el Ayuntamiento de Lugo en el año 2008 al considerar que faltaba un informe de Patrimonio y porque la urbanización ya no era válida. En el 2009 el mismo Juzgado había anulado dicho proyecto de urbanización, que en el 2017 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dejó definitivamente sin efecto.
Estas demandas pueden dilatar más en el tiempo un proceso al que le queda también otro trámite en la Xunta. Aunque en un primer momento se creía que los pasos administrativos pendientes se limitaban al Concello de Lugo, no es así. Según la Consellería de Cultura, será necesario que Patrimonio otorgue una nueva autorización para la demolición del edificio. Y, hasta la fecha, el Ayuntamiento no la ha presentado solicitud alguna.
El Consello de Patrimonio, que es quien debe aprobar ese permiso, se reúne el último viernes de cada mes, y para resolver un expediente dispone de un plazo de tres meses. Poniendo por caso que el Ayuntamiento agilizase la solicitud, y que Patrimonio le diese máxima prioridad, el tema podría abordarse en la reunión del 31 de marzo. Las siguiente fecha de reunión antes de las elecciones municipales sería el 28 de abril, aunque ahí los plazos ya irían más ajustados todavía. Hay que tener en cuenta que el servicio de Arquitectura municipal también debe visar el proyecto presentado por la empresa adjudicataria del derribo.
Seguridad jurídica
El Garañón lleva años siendo una incómoda piedra en el zapato del gobierno de Lugo, y a la vista de todo lo que hay en juego el Concello está priorizando que toda la operación tenga la máxima seguridad jurídica para evitar casos como el de la Fábrica da Luz, en la que acabó afrontando una indemnización de 2,4 millones de euros.
El capítulo de las indemnizaciones es la otra sombra que persigue las torres del parque de Rosalía. En su día, el promotor del edificio, un constructor ourensano que acabó en quiebra y que entró en concurso de acreedores, calculó en 26 millones de euros lo que le debían compensar por la operación.
Desde hace tiempo, y sin hacer ruido, el Concello ha estado negociando con los acreedores para reducir al mínimo las posibles pérdidas municipales y el año pasado se rearmó para la batalla al conocer que el edificio ni tan siquiera respetaba las medidas que le habían marcado en la licencia municipal, por lo que era ilegalizable a todas luces.
La foto de la piqueta
A nadie pasa desapercibido que, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y con las encuestas dibujando un escenario muy igualado, la foto de la piqueta iniciando la demolición del Garañón sería, cuando menos, efectista. Pero a la vista de los acontecimientos, es posible que esta imagen que Lara Méndez persigue desde hace varios años tenga que esperar.
Fue en el año 2017 cuando la regidora, que por entonces gobernaba en minoría, decidió no presentar recursos de casación ante las sentencias que pesaban contra el edificio, decantándose así por la demolición del inmueble. Desde entonces se han estado dando pasos para convertir el solar en una zona verde, pero los atrancos han sido continuos.
