Fábrica da Luz de Lugo: el instructor cree que ni Piñeiro ni el funcionario deben pagar los 2,4 millones de indemnización
LUGO CIUDAD
Ve falta de diligencia en el funcionario, que incurrió en una irregularidad administrativa no intencionada, y considera que a Piñeiro no se le tenían que exigir conocimientos técnicos
12 ene 2023 . Actualizado a las 20:38 h.Desde hace meses, en el Concello de Lugo hay abierta una investigación que pretende determinar si el exconcejal Daniel Piñeiro y un funcionario municipal (que no tramitaron a tiempo la renovación para el aprovechamiento eléctrico de la Fábrica da Luz) deben asumir con su propio patrimonio la indemnización de 2,4 millones de euros que el Concello tuvo que pagar a la empresa por la pérdida de ese aprovechamiento hidráulico.
La investigación, iniciada a instancias del Partido Popular, está tocando a su fin, puesto que aunque el expediente todavía no se ha resuelto, el instructor ya ha dado contestación a las alegaciones previas con respuestas que este jueves el Ayuntamiento ha dado a conocer. El instructor considera que no hubo negligencia grave por parte de los dos investigados, sino que todo se generó por la falta de diligencia del funcionario, una irregularidad no intencionada, por lo que no concurren los requisitos legales para que se les pueda reclamar patrimonialmente esa cantidad de 2,4 millones de euros. Antes de que el instructor proponga su resolución, se podrán presentar alegaciones. El plazo finalizará el lunes 16.
La solicitud de prórroga fuera de plazo
El hecho principal de todo el expediente gira sobre que el área de Medio Ambiente solicitó a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil fuera de plazo la prórroga para que se pudiese seguir generando energía en la Fábrica da Luz. Esta prórroga era imprescindible, puesto que el Concello había adjudicado a una empresa, Inca, la concesión de las instalaciones y esta había encargado unas turbinas por más de 700.000 euros.
De acuerdo con la investigación del instructor, la solicitud fuera de plazo «tivo o seu orixe na equivocación do responsable do contrato sobre o prazo no que esta se podía solicitar», por lo que estima así la alegaciones presentadas por los afectados. En dichas alegaciones queda constancia de que «nin a empresa concesionaria, nin a propia Confederación Hidrográfica parecían ser coñecedoras desa limitación temporal ao non telo advertido en ningún momento». Para respaldar esta cuestión, abunda el comunicado del Concello, «se ten en conta que a propia CHMS non denegou a prórroga e os requirimentos que fixo ao Concello para que se instara á mesma ían tamén fóra do prazo establecido en dous meses de antelación ao remate das obras».
En lo que afecta al funcionario municipal, el instructor de la investigación considera que actuó con una falta de diligencia «que non reviste gravidade» o, al menos, la notoriedad que sería necesaria para que se le considerase responsable de los hechos y que, por lo tanto, se le pudiese exigir que pagase la indemnización abonada por el Concello. Apunta el informe del instructor que no se está ante una «ilegalidade manifesta, cualificada e intencionada, senón máis ben atne unha irregularidade administrativa non intencionada» y excusable por no advertir de que se iba a incumplir un plazo.
En lo que respecta al edil Piñeiro, el instructor lo exime de responsabilidad al considerar que su condición de cargo político no tiene que llevar aparejada conocimientos técnicos o jurídicos tan específicos. Además, «polo xa relatado, queda acreditado que non era coñecedor da obriga de solicitar a prórroga con dous meses de antelación nin tivera recibido ningún aviso ou advertencia ao respecto».
Reclamación de daños y perjuicios por parte de la concesionaria
Si la solicitud de prórroga fuera de plazo es el hecho principal, la reclamación de daños y perjuicios por parte de Inca es la derivada. Y sobre este respecto también se pronuncia el instructor del expediente municipal. Este acepta los atenuantes que presentaron Piñeiro y el funcionario en relación a la complejidad que tenía el expediente. No ve dolo, culpa o negligencias graves por parte del funcionario, sino un imprudencia leve por omisión de su función a la hora de elaborar los informes por escrito que le habían pedido desde Contratación.
Y lo mismo sucede con Piñeiro, a ojos del instructor, al que le achaca una falta leve de diligencia para darle impulso al expediente, teniendo en cuenta que «non era coñecedor do feito principal, a equivocación no prazo legal de solicitude de prórroga».
Las alegaciones del Partido Popular
Desde el minuto 1 el Partido Popular de Lugo ha pugnado para que se esclarezca el caso y las responsabilidades de la Fábrica da Luz, y hace semanas presentó siete alegaciones. El instructor aceptó que se trata de parte interesada, pero rechazó ampliar sin límite la investigación tanto a otras personas (funcionarias, personal eventual y la propia alcaldesa) como a otros hechos que no se consideran objeto de la misma. El instructor rechaza sus argumentos sobre una posible intencionalidad o demora injustificada de la resolución por parte del funcionario y del concejal.
Sí acepta el instructor, parcialmente, que se incorpore una prueba documental presentada por los populares y su petición para que se identifique al personal eventual y a los miembros de secretaría de Alcaldía y de Rexistro encargados de recibir y gestionar la documentación, y las comunicaciones que se dirigen a la alcaldía pero que no llegan a esta área, sino que se distribuyen directamente a los servicios correspondientes. El instructor rechaza tomarles declaración, al considerar que es innecesario.
Además, el encargado de la investigación considera que no es necesario practicar más pruebas adicionales, dando así diez días hábiles para presentar alegaciones.
Mejorar la tramitación municipal
A modo de conclusión, el instructor municipal apunta en su informe que pese a considerar leve la culpa o negligencia y a determinar que no existe un comportamiento grave que ampare que se les pueda reclamar sobre su patrimonio, sí se detectaron «defectos e falta de dilixencia», por lo que se advierte al gobierno local que es necesario adoptar medidas de tipo organizativo y formativo para mejorar la tramitación de los expedientes y la coordinación interna entre los diferentes servicios.
El PP estudia con su gabinete jurídico qué pasos dar
El PP de Lugo considera que la negativa del instructor a tomar declaración y a practicar más pruebas en el expediente de la Fábrica da Luz responde a un intento de «pechar rápido» la cuestión, acusa a Lara Méndez de teledirigir todo el procedimiento y avanza que está estudiando con el gabinete jurídico del partido qué pasos dar.
El PP critica que el instructor desestime sus alegaciones para practicar nuevas pruebas y tomar declaración a los implicados, considera que es imprescindible esclarecer los hechos por completo y mantiene que «se acredita en base ás nosas alegacións, a desidia e o pasotismo por parte de distintos membros do equipo de goberno socialista e a falta de informes xurídicos especializados na materia».
Los populares apuntan que el expediente referencia unas reuniones de trabajo en las que se abordaba la solicitud de prórroga y otras cuestiones jurídicas «das cales non hai actas, nin datas de celebración nin nada que faga referencia ás mesmas, como recoñece o propio instructor do expediente. Polo que desde o PP enténdese que habería que tomar declaración ás persoas que participaron destas reunións para que poidan explicar que se falaba nesas reunións, que orde políticas se recibiron e que instrucións se acordaron».
Critican que no se tenga en cuenta el documento aportado por el PP, y que según ellos faltaba del expediente, que certifica que se puso a disposición de Piñeiro, con mes y medio de antelación, el documento y que se «estivo a dilatar esa sinatura durante un mes e medio sen ningún tipo de causa aparente».
El PP no entiende por qué Méndez no le da la gravedad a la cuestión que sí se da en el informe y critican que se valore antes de concluir la tramitación.
