La empresa viguesa Xestión Ambiental de Contratas tiene un mes de plazo para presentar el proyecto de demolición y cuatro para echar abajo el edificio, si no hay alegaciones
27 dic 2022 . Actualizado a las 19:15 h.Derribar el Garañón, símbolo de una época convulsa en Lugo, costará 578.035 euros. Esa es la cantidad por la que el Concello adjudicará este miércoles la demolición del edificio a la empresa viguesa Xestión Ambiental de Contratas, que presentó la mejor de las tres ofertas candidatas. El contrato contempla la redacción del proyecto, la dirección de obra y el derribo en sí, aunque todavía queda por definirse con qué método se hará.
Desgranó la alcaldesa, Lara Méndez, que ahora la empresa adjudicataria dispondrá de 30 días naturales para presentar el proyecto de demolición y, posteriormente, de otros 120, es decir, cuatro meses, para ejecutarlo y dejar la parcela sin rastro de las torres de hormigón y ladrillo que afean las Costas do Parque desde hace años.
Si nada se torciese a nivel de plazos, algo poco habitual cuando se trata de temas tan complejos y con tantas aristas, a finales del mes de mayo, coincidiendo con las elecciones municipales, el edificio debería ser ya historia. Sin embargo, es posible presentar recurso a la adjudicación, lo que puede dilatar los tiempos. El recurso puede ser contencioso-administrativo o potestativo de reposición, tal y como figura en el expediente. En el Concello de Lugo hay casos recientes de procesos que se prolongaron por las sucesivas alegaciones, como pudo ser el de la basura, que se demoró más de un año por los recursos ante el Tribunal Administrativo de Galicia.
Todo será zona verde
Una vez que se resuelva la burocracia y la empresa pueda ponerse manos a la obra, el contrato contempla realizar un seguimiento de obra cada quince días para controlar el progreso de los trabajos. Asimismo, deberá levantar una valla de dos metros de alto en todo el ámbito de la URPI-58, el sector urbanístico donde se asienta el edificio, para evitar que nadie acceda al lugar y garantizar la seguridad.
Una vez finalice la obra, ese cierre perimetral se retirará y cuando se entregue la parcela libre al Concello deberá estar perfectamente limpia y con el césped repuesto.
En junio del 2021 la alcaldesa anunció que el Concello había estudiado las alternativas que podían ponerse en marcha en la parcela de O Garañón en lo que a edificabilidad se refiere. Tras baremar diferentes criterios, consideraron que la opción que mejor se ajustaba a lo ordenado por el pleno en el 2018 era la edificabilidad cero, lo que supone que ese solar se convertirá en zona verde en la que será imposible construir.
«Estamos dando resposta a unha demanda social de crear un novo pulmón verde na cidade que lle dea continuidade ás Costas do Parque e ao parque de Rosalía de Castro, ampliando deste xeito o cinto natural de Lugo o que contribuirá a integrar o río Miño na cidade, sendo coherentes co modelo sostible que impulso dende o 2015 e que aposta pola recuperación, renaturalización e creación de novos espazos para o esparexemento e lecer da cidadanía», dijo ayer Lara Méndez.
En cuanto el Garañón se derribe y se cree la nueva zona verde, toda esa área abarcará los 16.000 metros cuadrados, una superficie muy importante pero lo que más cambiará será la imagen de las Costas, que quedarán despejadas una vez esté eliminado el edificio.
El Concello pasará la factura al promotor al finalizar los trabajos
El Concello pagará el medio millón de euros que costará tirar el edificio, cumpliendo así con lo que en su día dictó la justicia, pero más tarde pasará la factura al propietario del inmueble. Hay que recordar que el constructor que lo levantó entró en quiebra hace ya tiempo y sus bienes estaban en manos de un administrador concursal.
En el plano económico queda por resolverse también la cuestión de si los gestores del inmueble pedirán una indemnización por las pérdidas ocasionadas, lo que sería lógico, puesto que además de perder lo invertido en el edificio, la parcela, por la que también tuvieron que pagar un dinero, perderá todo su valor al convertirse en zona verde sin edificabilidad. En su día el promotor había señalado la cifra de 25 millones de euros, pero la cuestión está tan enmarañada que resulta difícil hacer aproximaciones. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento descubrió hace unos meses que el edificio no cumplía tan siquiera con las medidas que tenía contempladas en la licencia, lo que suponía una ilegalidad manifiesta y juega en contra del promotor.
Pendiente la modificación puntual del Plan Xeral en esa zona de la ciudad
Sobre la URPI-58, la unidad de intervención del Garañón, pesa desde el 2017 una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que deja sin efecto la ordenación urbanística del terreno. Esto obliga al Concello de Lugo a cambiar el Plan Xeral en ese punto, y para ello a principios del 2020 contrató una asistencia técnica para estudiar las distintas posibilidades que hay a la hora de cambiar el plan. El plazo que tenía el la consultora era de 25 meses para finalizar dicha asistencia.
Explican desde el Concello lucense que están avanzando para realizar esa modificación puntual y que, además, cumpliendo con la sentencia impuesta, cada tres meses remite al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia los pasos dados para reponer la legalidad en esa zona. Hay que recordar que el gobierno de Lara Méndez decidió apostar por convertir la parcela en zona verde y dejarla sin edificabilidad alguna.
Una cascada de sentencias judiciales que puso contra la lona el edificio
Fue en el año 2009 cuando comenzaron los reveses judiciales que acabarán convirtiendo en residuos O Garañón. Fue entonces cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 dio la razón a la Asociación Cultural en defensa do parque y anuló el proyecto de urbanización, volviendo así atrás el expediente. Esta decisión fue ratificada por el TSXG.
En abril del 2011 llegaría un nuevo revés legal. En esta ocasión el Contencioso anulaba la licencia de edificación al estimar un recurso de la Xunta. Consideraba muy grave que faltase un informe de Cultura. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se pronunció invalidando también la aprobación del proyecto de urbanización.
Llegado el año 2017 habría otro varapalo para el edificio. De nuevo el Tribunal Superior de Xustiza de la comunidad dejaba sin efecto la ordenación urbanística del terreno. Ahora el Concello está trabajando en la modificación puntual de la zona llamada URPI-58.
