Las «precauciones» de la Xunta en el 2019 para autorizar la playa fluvial de Lugo
LUGO CIUDAD
El informe de Medio Ambiente no veía el emplazamiento como «el más axeitado»
22 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El pulso entra administraciones y políticos en que se ha convertido la playa fluvial de Lugo hunde sus raíces en diversos informes emitidos en los últimos tres años. El Concello de Lugo defiende con vehemencia que disponía de todas las autorizaciones necesarias para instalar el pantalán que ahora prohíbe la Xunta, y la Consellería de Medio Ambiente sostiene que ya el propio permiso de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) advertía que su autorización era independiente de otros beneplácitos que fuesen necesarios, caso del informe medioambiental. Un informe que cada administración lee en función de sus intereses.
En enero del 2019, Medio Ambiente remitió a la CHMS el informe ambiental sobre la solicitud para la instalación de las piscinas. En él, la Xunta advertía que la plataforma ocuparía 1.024 metros cuadrados, lo que supondría un 40 % de la superficie de paso de agua, y que en el proyecto presentado no se evaluaba qué efectos podría tener una crecida repentina de las aguas.
En ese momento, Medio Ambiente reseñaba que tampoco tenía en cuenta suficientemente el hecho de encuadrarse en una Reserva da Biosfera y que no evaluaba correctamente el efecto sobre el paisaje de la zona. Por contra, la batimetría y el estudio de caudales presentado sí eran suficientes ya que todas las mediciones superaban el 1,33 de calado mínimo. El informe exponía también que no se detallaban las medidas para proteger la calidad de las aguas del río, salvo por lo referido a los sanitarios y la gestión de los residuos en general.
Sobre la presencia de especies, el documento recogía que el «estudo presentado fai unha avaliación completa e extensa do medio natural da zona, aportando unha lista ampla de especies e hábitats posibles», como defiende el Concello, y añadía que en el momento de los trabajos «non se observan indicios da presenza dalgún dos hábitats detallados así como das especies citadas». Siguiendo esto, el informe de la Xunta reseñaba que «os impactos sobre o medio ambiente e as especies valóranse de xeito atinado, coa prevención de que esta avaliación é potencial e non sobre o que en realidade temos no medio. Como xa vimos no informe anterior, non hai mostraxe efectiva e directa sobre o medio».
Las conclusiones
Tras esta parte expositiva, Medio Ambiente emitía una serie de conclusiones. El biólogo encargado del informe señalaba que el emplazamiento «non parece o máis axeitado para a seguridade do medio natural, dos bens, as persoas e do río en xeral». También añadía que la tipología de las piscinas eran más adecuadas para una zona de agua estancada, y que en el tramo no había barreras que minimizasen el efecto de una potencial crecida. A nivel de paisaje, y aunque estaría fuera del ámbito del informe, la Xunta consideraba que el proyecto tampoco se ajustaría a los valores naturales y de conservación. Sí se veía bien la elección de los vestuarios y servicios públicos.
A la vista de todo esto, el informe establecía que «atendendo ao exposto, co fin de protexer o ecosistema acuático e tomando algunhas precaucións que se expoñen de seguido, ponderaríase autorizar a instalación destas piscinas se así o entenden dende a CHSM», siguiendo a una serie de condiciones.
Entre estas condiciones estaba evaluar el período de instalación de las piscinas, ya que con velocidades altas de corrientes y caudales elevados la instalación podría ser arrancada y provocar daños en el medio natural, aunque matizaba que en período de estiaje sería más improbable.
También reclamaba que se respetase la flora y la fauna y que los módulos de la piscina no tocasen el lecho del río. En caso de que esto sucediese y no hubiese espacio entre el fondo y las piscinas que permitiese la vida piscícola, debería retirarse la instalación. Añadía que los muertos de hormigón unidos por una cadena fija no conceden elasticidad en caso de una eventual crecida, algo que se minimizaría con elementos que permitiesen dar mayor flotabilidad. Para emplazar los muertos de hormigón, además, debía comprobarse si hay flora o fauna amenazada en ese punto para proceder a su retirada o traslocación, si procede. Esto requeriría un permiso específico de Patrimonio Natural. situacións que puideran ocorrer mentres se empregaba a instalación», describió el edil de Medio Ambiente, Miguel Fernández.
El gobierno de Lara Méndez insiste en que la Xunta está contradiciéndose a sí misma al negar ahora una instalación que permitía en el 2019, en relación al informe medioambiental.
