El Concello de Lugo estudiará la responsabilidad del exconcejal Piñeiro y de un funcionario en el caso de la Fábrica da Luz
LUGO CIUDAD
El gobierno explica que lo hace para cumplir con la legalidad. El PP considera que debería investigarse también a la alcaldesa como «máxima responsable»
21 may 2022 . Actualizado a las 14:15 h.El Concello de Lugo investigará la posible responsabilidad que tuvieron el concejal Daniel Piñeiro y un funcionario municipal en la no renovación de la concesión para la explotación de la Fábrica da Luz, una gestión que ha acarreado que el Ayuntamiento tenga que pagar más de 2,4 millones de euros en indemnizaciones.
Este jueves, la alcaldesa, Lara Méndez, firmó el decreto que iniciará la investigación que dirimirá responsabilidades, que se limitará, en base a un informe de la asesoría jurídica, al responsable de la redacción del proyecto, un ingeniero del servicio de Medio Ambiente, y a la persona que tenía la responsabilidad de ejecutarlo y que debía solicitar en tiempo y forma la prórroga de la concesión, el entonces edil de Desenvolvemento Sostible, Daniel Piñeiro. No se incluye a la alcaldesa, tal y como demandaba el Partido Popular, que considera que la alcaldesa está intentando «quedar libre de toda culpa». De ahí que el viceportavoz popular, Antonio Ameijide, le pida que se inhiba, «que non sexa xuíz e parte do procedemento que dirimirá responsabilidades pola perda da concesión».
El embrollo de la Fábrica da Luz arrancó hace más de medio lustro. El Concello de Lugo debía solicitar a la Confederación Hidrográfica Miño Sil la renovación de la explotación de la central, que iba a gestionar la empresa INCA. Sin embargo, el área de Desenvolvemento Sostible tramitó la petición fuera de plazo y por lo tanto se perdió la explotación, por lo que la inversión de la empresa y sus planes fueron insalvables.
Tras las sentencias judiciales condenatorias, el Concello e INCA llegaron a un acuerdo por el que el Ayuntamiento debía abonar a la compañía algo más de 2,4 millones de euros de los que solo falta un pago de menos de 100.000 euros.
En el año 2020, a instancias del PP, el pleno del Concello acordó poner en marcha los trámites contemplados en la ley para ver si correspondía exigir que alguna de las personas que intervinieron en el procedimiento respondiese con su patrimonio por la mala gestión. Ahora, con todo el periplo judicial y los pagos resueltos, se han activado los resortes municipales que depurarán responsabilidades.
De acuerdo con el decreto de la alcaldesa, será el secretario del pleno, Rafael del Barrio, el que instruirá el procedimiento, que consistirá en elaborar un informe estudiando el caso en profundidad. En función de sus conclusiones, se seguirá adelante, se frenará o se adoptarán otras medidas. Además, podrán presentarse alegaciones.
Lo que sostiene el PP
Para el Partido Popular, que no se investigue la posible responsabilidad de la alcaldesa en el tema es incomprensible. «Tenta manipular o procedemento», sostiene Antonio Ameijide, que insiste en que «é a máxima responsable do que sucede no Concello», por lo que no puede «escorrer o vulto e tentar culpar a un concelleiro e a un técnico e desoír os resquerimentos que lle enviaba a ela persoalmente o presidente da Confederación, o que provocou a indemnizacióin».
En ese sentido, los populares apuntan que el técnico municipal advirtió tanto a la regidora como a Piñeiro de la necesidad de firmar una solicitud que estaba en la mesa del concejal el 30 de septiembre del 2019 y que no se envió hasta el 11 de noviembre, mes y medio más tarde y cuando ya estaba fuera de plazo.
Los populares insistieron en que agotarán todas las vías legales para conseguir que se depuren responsabilidades y que los políticos responsables asuman los costes de las decisiones.
La postura del gobierno
Por su parte, el gobierno recuerda que lo que está haciendo es cumplir con la legalidad, mediante un acto reglado que será el que determine si hay responsabilidad patrimonial. «No es un juicio público como el que está promoviendo el PP antes de esperar la resolución, porque ellos solo piensan en sacar rédito político, y por eso centran su caza en ir contra la alcaldesa, que es a quien tienen que ganarle las elecciones». El gobierno de Lara Méndez insiste en que no se activa este procedimiento reglado porque lo pida el PP, sino porque lo marca la ley y «la responsabilidad patrimonial, en el caso de que la hubiera, hace alusión a las personas que tuvieron una intervención directa, que es lo que marca la ley, la cual también indica que son los técnicos los que deben dirimir, no los políticos». Por último, el gobierno lucense entiende que «el PP solo respeta lo técnico o jurídico si va en función de sus intereses; en el mandato pasado ya llevaron a la alcaldesa ante la Justicia y les salió mal la jugada. No son capaces ni de ponerse de acuerdo en elegir un candidato, y en este caso tampoco deben tener muy claro lo que hacer, e intentan un juicio mediático».
