El Concello todavía debe abonar unos 100.000 euros de los 2,4 millones a los que fue condenado
En febrero del 2021, el TSXG publicó una sentencia en la que condenaba al Concello de Lugo a pagarle una indemnización de 2,4 millones de euros a INCA, la empresa a la que le adjudicó el proyecto de la reforma y uso del edificio en el año 2008. El motivo fue, según el tribunal, una compensación por las pérdidas que le originó el Ayuntamiento a la empresa tras dejar pasar de forma deliberada el plazo de renovación de la concesión a pesar de las advertencias de INCA. El fallo señalaba directamente a Daniel Piñeiro, concejal de Medio Ambiente en aquel momento.
Cuando estaba ejecutando la primera represa para limpiar el canal de agua, una decena de activistas vinculados a Adega, que luego dieron en llamarse «Lugo Cara o Río», pararon las obras con una pancarta. Luego llegaron más denuncias, paralizaciones y renovación de permisos, hasta que la concejalía dirigida por Piñeiro optó por saltarse los plazos, según la sentencia, para renovar la concesión. En abril del 2017, la Confederación Hidrográfica la dio por finalizada por no renovación. El concello intentó pedir una prórroga, pero los tribunales fallaron en 2019 que ya no era legal y que la concesión de agua para la fábrica de la luz se extinguió por no renovarla en plazo.
