La Fábrica de la Luz de Lugo, un proyecto fallido que acabó costando caro y al que le buscan su enésimo uso
LUGO CIUDAD
El edificio, de más de cien años de historia, tuvo muchos destinos que fracasaron. Ahora, será un centro de enogastronomía
09 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.En sus más de 125 años de historia, la imagen pública de la Fábrica de la Luz de Lugo ha sufrido unos altibajos que han hecho cambiar la opinión de los ciudadanos con respecto a su gestión en innumerables ocasiones. Cuando el dinero de todos está en juego, es raro que las tensiones no estén a flor de piel, y que el más mínimo traspiés no se convierta en una bola de nieve que provoque las críticas del otro bando. Hasta hoy.
La historia del emblemático edificio lucense, que besa la orilla del Miño desde hace más de un siglo, arrancó en el año 1894. Entonces, la luz eléctrica llegó a Lugo el día 1 de diciembre, de la mano del alcalde Antonio Rodríguez Pérez. Desde aquel día hasta hoy, la Fábrica de la Luz ha sido protagonista en la calle, en los juzgados y en el consistorio lucense.
Empezó siendo una de las infraestructuras más importantes de la ciudad, pero el avance tecnológico y el crecimiento de Lugo hizo que fuese perdiendo notoriedad. Su utilidad llegó a un punto, casi ya en este siglo, en el que hubo que buscar alternativas para sacarle provecho a la edificación. En el año 1998, el entonces alcalde del PP, Joaquín García Díez, puso en marcha una escuela taller financiada por la Xunta con la que recuperó el edificio y una de las dos viejas turbinas de principios del siglo XX que producía corriente. Se pensó él, además, como un centro de interpretación del río Miño. Sin embargo, el plan no llegó lejos. El PP perdió las elecciones y entró López Orozco a la alcaldía. El mismo que, años después, emprendió otro proyecto bien distinto: producir energía con turbinas modernas; proyecto que acabó frustrado y judicializado.
Fin de la causa judicial
El pasado mes de octubre, el juzgado decidió archivar la causa, ya que no apreció indicios de delito en la gestión de la Fábrica de la Luz por parte de los responsables municipales, entre los que estaban los socialistas López Orozco y Fernández Liñares (concejal).
Aquella judicialización frustró la nueva función del edificio, que estaba abandonado desde el año 2016, cuando la jueza paralizó las obras de reforma. La oposición, desde entonces, criticó con asiduidad la manera en la que el Concello «desaprovechaba» el edificio, de titularidad pública.
Poco después, ya en el año 2020, se llegó a especular con que la Fábrica de la Luz sería el emplazamiento ideal para la nueva playa fluvial que el Ayuntamiento prometió a los lucenses. La alcaldesa, Lara Méndez, llegó a someter a una consulta popular si este debía ser el destino del antiquísimo edificio. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), originada tras una protesta de unos activistas en el año 2015, truncó todos esos planes.
Esta semana, no obstante, el Ayuntamiento presentó el enésimo proyecto destinado a revitalizar la Fábrica de la Luz. Según el consistorio, el edificio pasará a ser un centro de enogastronomía para que los visitantes valoren el «bo comer que nos caracteriza», a las orillas de un entorno natural como es el río Miño. Para llevar a cabo esta transformación, mucho más enfocada a la promoción de Lugo, se utilizarán fondos europeos «Next Generation».
El Concello todavía debe abonar unos 100.000 euros de los 2,4 millones a los que fue condenado
En febrero del 2021, el TSXG publicó una sentencia en la que condenaba al Concello de Lugo a pagarle una indemnización de 2,4 millones de euros a INCA, la empresa a la que le adjudicó el proyecto de la reforma y uso del edificio en el año 2008. El motivo fue, según el tribunal, una compensación por las pérdidas que le originó el Ayuntamiento a la empresa tras dejar pasar de forma deliberada el plazo de renovación de la concesión a pesar de las advertencias de INCA. El fallo señalaba directamente a Daniel Piñeiro, concejal de Medio Ambiente en aquel momento.
Cuando estaba ejecutando la primera represa para limpiar el canal de agua, una decena de activistas vinculados a Adega, que luego dieron en llamarse «Lugo Cara o Río», pararon las obras con una pancarta. Luego llegaron más denuncias, paralizaciones y renovación de permisos, hasta que la concejalía dirigida por Piñeiro optó por saltarse los plazos, según la sentencia, para renovar la concesión. En abril del 2017, la Confederación Hidrográfica la dio por finalizada por no renovación. El concello intentó pedir una prórroga, pero los tribunales fallaron en 2019 que ya no era legal y que la concesión de agua para la fábrica de la luz se extinguió por no renovarla en plazo.
Más de un año después de la sentencia, el juzgado ha tenido que recordarle al Ayuntamiento que todavía debe pagar casi 100.000 euros de los más de 2,4 millones que le debe entregar a INCA. El Concello alegó que aún no lo ha hecho porque «non tiña suficiente seguridade xurídica de que esa cantidade se correspondese» con materiales que ya habían sido recepcionados».