El Concello de Lugo estudiará si los políticos deben responder con su patrimonio por la Fábrica da Luz

Lorena García Calvo
Lorena García Calvo LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD

Varios concejales del PP de Lugo, delante de la Fábrica da Luz
Varios concejales del PP de Lugo, delante de la Fábrica da Luz L.G.C.

El PP presentó un requerimiento para que la alcaldesa exija de inmediato la responsabilidad derivada del caso

06 may 2022 . Actualizado a las 16:52 h.

El Concello de Lugo estudiará si «ten cabida a esixencia dalgún tipo de responsabilidade patrimonial» de los políticos en el caso de la Fábrica da Luz. Así ha respondido el gobierno de Lara Méndez a los movimientos del Partido Popular, que este mismo viernes anunciaba que va a por todas en el caso y «llegará hasta el final».

Según explicó el portavoz municipal, Miguel Fernández, el Concello, tras finalizarse la semana pasada el procedimiento judicial, solicitará un informe jurídico para iniciar el procedimiento de reclamación patrimonial por los casi 2,5 millones de euros perdidos en indemnizaciones. Un paso que, aducen, estaba supeditado a que se formalizase el pago íntegro de la indemnización a Inca, una vez esta diese garantías de entregar todo el material y la documentación. 

Los socialistas subrayan que este movimiento estaba previsto para cuando se finalizase la fase judicial, pero se ha anunciado justo después de que el grupo municipal del PP, tras consultar con su gabinete jurídico, haya decidido tomar dos medidas para intentar que se depuren responsabilidades y que «los políticos responsables» asuman el abono de los 2,4 millones de euros.

Por un lado, pedirá al pleno del Concello el apoyo para que se cumpla el acuerdo plenario del 2020 y se impulse el procedimiento para que los políticos responsables de perder a concesión devuelvan el dinero. Y por el otro, han tramitado un requerimiento a la alcaldesa para que active sin demora el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Apuntan que de no hacerse, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por omisión. Los populares aseguran además que no descartan acudir a la vía judicial.

El Partido Popular lo tiene claro: las sentencias judiciales determinan que fue el Ayuntamiento «el único culpable de la frustración» de la concesión para explotar la minicentral eléctrica de la Fábrica da Luz. Una gestión que ha derivado en indemnizaciones de casi 2,5 millones de euros que los populares consideran que han de abonar los políticos que actuaron con negligencia en el caso, el concejal Daniel Piñeiro y la alcaldesa, Lara Méndez, como máxima responsable de la corporación. 

Partiendo de estas premisas, los populares han remitido a la regidora un requerimiento para que active cuanto antes el procedimiento para reclamar la responsabilidad patrimonial alertando de que «de bloquear la tramitación del acuerdo plenario de hace dos años, podría ser constitutivo de un delito de prevaricación en la modalidad de omisión», describe el viceportavoz, Antonio Ameijide. 

El acuerdo plenario del que hablan los populares data del 2020, y rezaba, según recuerdan, que los políticos responsables de perder la concesión de la Fábrica asumiesen de su bolsillo las indemnizaciones. 

En esa línea, el PP volverá a dirigirse al pleno y pedirá de nuevo a la corporación que apoyo «dar cumplimento inmediato al acuerdo plenario de junio de 2020, nombrando instructor y secretario, impulsando el procedimiento» porque, añaden, «tienen la obligación de dar resolución al acuerdo plenario». Aquí, apunta el grupo de Ramón Carballo, será clave que el BNG se pronuncie. Considera Ameijide que «solo hay dos opciones: ayudar a los lucenses a conseguir que se les devuelva el dinero o proteger a los culpables y responsables de este despropósito de sentencia judicial».

En su argumentario, el Partido Popular reitera la idea de que debe «hacerse justicia para evitar que los lucenses vuelvan a ser los que paguen las malas decisiones, las negligencias y las chapuzas de la alcaldesa de Lugo y su equipo en la caducidad de la concesión». Para Ameijide, el gobierno de Méndez está intentando alargar el procedimiento y no pagar, pero advierten que no lo consentirán y no descartan poner el tema en manos de la justicia. 

El gobierno local, por su parte, niega que haya demora, puesto que el último fallo judicial es de hace una semana, por lo que sostienen que no cabría asociar la tardanza con caso alguno de prevaricación. 

En cuanto al uso del edificio, el PP considera que lo idóneo sería recuperar la concesión para poder explotar la central hidroeléctrica y habilitar el resto del edificio para uso museístico, turístico o hostelero.