En esa línea, el PP volverá a dirigirse al pleno y pedirá de nuevo a la corporación que apoyo «dar cumplimento inmediato al acuerdo plenario de junio de 2020, nombrando instructor y secretario, impulsando el procedimiento» porque, añaden, «tienen la obligación de dar resolución al acuerdo plenario». Aquí, apunta el grupo de Ramón Carballo, será clave que el BNG se pronuncie. Considera Ameijide que «solo hay dos opciones: ayudar a los lucenses a conseguir que se les devuelva el dinero o proteger a los culpables y responsables de este despropósito de sentencia judicial».
En su argumentario, el Partido Popular reitera la idea de que debe «hacerse justicia para evitar que los lucenses vuelvan a ser los que paguen las malas decisiones, las negligencias y las chapuzas de la alcaldesa de Lugo y su equipo en la caducidad de la concesión». Para Ameijide, el gobierno de Méndez está intentando alargar el procedimiento y no pagar, pero advierten que no lo consentirán y no descartan poner el tema en manos de la justicia.
