Las víctimas de la Operación Pollo recibirán indemnizaciones menores que lo que pagaron por entrar esclavizados en España
LUGO CIUDAD
Los inmigrantes magrebíes aportaban entre 8.000 y 14.000 euros para obtener un empleo y un permiso de residencia, pero solo recuperarán 3.100 como máximo. Un acuerdo entre la Fiscalía y las partes hizo que el proceso terminase con penas menores
04 may 2022 . Actualizado a las 21:31 h.A falta de la localización y procesamiento de Mohamed Chahidi, responsable máximo de la organización, la Operación Pollo tocó a su fin este miércoles. El proceso judicial que desmanteló la mayor red de explotación laboral de inmigrantes en Galicia cerró su larguísima causa tras la celebración del macrojuicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Lugo. Más de medio centenar de personas se agolparon en la sala segunda del juzgado, sabiendo que ya traían los deberes hechos tras haber alcanzado un acuerdo de conformidad entre las partes y la Fiscalía.
Los 17 acusados aceptaron condenas menores tras admitir los hechos que relató el fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, en su escrito de acusación. En él, los define como autores de varios delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Fueron las interrupciones continuadas del proceso desde el año 2015 las que contribuyeron a rebajar las penas, que acabaron siendo menores de dos años de cárcel en todos los casos salvo en el de Mohamed Chahidi, el cabecilla de la operación. El marroquí sigue fugado, en rebeldía fuera de España, por lo que el acuerdo no le afecta. Se piden 44 años de cárcel contra él, y podría ser juzgado en caso de ser localizado por las autoridades.
Unas indemnizaciones que se quedan cortas
Tanto la Fiscalía como las defensas estuvieron de acuerdo en la conformidad negociada. También firmaron los documentos los representantes legales de las víctimas. Esta fue la circunstancia que llamó la atención a muchos de los implicados, ya que la cuantía de las indemnizaciones que recibirán los trabajadores explotados queda muy lejos de lo que ellos mismos pagaron en su día por acceder a España en busca de un trabajo.
Según el escrito de la Fiscalía, se llegaron a ver afectados más de 500 magrebíes, que vivían al límite de la esclavitud, hacinados en pisos francos, y obligados a trabajar en unas situaciones deplorables y más de 12 horas al día. Estos inmigrantes recibirán entre 1.000 y 3.100 euros de indemnización por parte de sus explotadores.
Para entrar en España y obtener un permiso de residencia, para el que necesitaban un contrato de trabajo, los magrebíes pagaban entre 8.000 y 14.000 euros. De esta forma, las indemnizaciones que recibirán pueden no representar ni el 10 % de lo que gastaron ellos hace ya más de una década.
«Era lo mejor a lo que podíamos aspirar»
Los abogados de las víctimas aceptaron este acuerdo a pesar de la baja cuantía de las indemnizaciones. Alguno de ellos afirma, sin querer dar su nombre, que era «lo mejor a lo que podíamos aspirar».
El acuerdo se saldó con penas bajas, que para la Fiscalía son términos «razonables», teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la gravedad de sus respectivos comportamiento y el hecho de que han consignado cantidades económicas relevantes para reparar el daño causado.
La Fiscalía de Lugo valoró este acuerdo, al que llegaron tras varios meses de negociación, para evitar la celebración de una vista oral que podría durar semanas. Estaba prevista la declaración de más de un centenar de personas y había hasta 30 partes personadas.
La mayor red de explotación de inmigrantes de la historia de Galicia
La trama se dedicaba a traer ciudadanos de Marruecos y otros países del norte de África para emplearlos en empresas de la provincia de Lugo. Algunos eran enviados a trabajar en explotaciones de cría intensiva de aves (lo que le dio nombre a la operación), en «condiciones laborales pésimas», según el escrito de la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron entre los años 2006 y 2008, cuando el cabecilla de la trama, de nacionalidad marroquí, facilitó y organizó la entrada en Galicia de ciudadanos de su mismo origen, que le pagaban desde 8.000 a 14.000 euros para obtener la documentación. Una vez que empezaban a trabajar en las granjas, llegaban a hacer jornadas de 14 horas diarias y «les negaban los medios más básicos» para cumplir las condiciones de higiene y salubridad. «Solo se les permitía descansar un día a la semana y carecían de cualquier tipo de período vacacional», recoge la Fiscalía.
El cabecilla de la red, el marroquí fugado Mohamed Chahidi, era el encargado de captar a los trabajadores y de negociar con las autoridades para que los contratos falsos no fuesen investigados. Para ello, tenía un contacto en la Subdelegación del Gobierno, según el sumario judicial, a quien denominaban «El Pájaro», que se encargaba de conseguir los permisos de residencia para los magrebíes que llegaban a Lugo. La gravedad de los delitos que habría cometido Chahidi es de tal magnitud que el fiscal solicitó una pena de 44 años de prisión para él, que todavía se mantiene al no haberse beneficiado de la rebaja acordada en la conformidad.
15.000 folios y casi 15 años después del inicio del procedimiento, los tratantes de personas y los empresarios explotadores aceptaron todos penas menores de dos años, por lo que ninguno de ellos acabará en prisión.