Fraude en el Hospital de Lugo: los tres acusados admiten haber estafado a 36 víctimas con puestos de trabajo ficticios
LUGO CIUDAD
Los lucenses fueron condenados a entre 12 y 15 meses de prisión y a devolver el dinero, algo que es probable que no puedan hacer de forma íntegra, ya que las cantidades reclamadas superan los 300.000 euros
25 abr 2022 . Actualizado a las 12:15 h.Una década después, la Audiencia Provincial pone el punto y final a la trama de la compra de puestos de trabajo fraudulentos en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo (HULA). Tres lucenses han sido condenados por varios delitos de estafa tras haber reconocido los hechos que les imputaba la fiscalía. De esta forma, admitieron haberles ofrecido a más de una treintena de personas varios puestos de trabajo en el centro sanitario lucense de forma ficticia, instándoles a pagarles entre 6.000 y 12.000 euros para obtener estos puestos de forma fraudulenta.
Un acuerdo de conformidad entre la fiscalía, las acusaciones y las defensas hace que hayan podido disfrutar de una rebaja de la pena con respecto a lo que se pedía en un primer momento. Tras la única sesión del juicio —se esperaban tres vistas esta semana—, los acusados han sido condenados a penas de prisión de entre doce y quince meses y una multa de algo más de 540 euros. Tendrán que hacer frente, además, a la devolución de la cantidad estafada a las más de treinta víctimas, un dinero que asciende hasta más de 300.000 euros y que, según fuentes del caso, jamás podrán devolver íntegramente.
La Fiscalía pedía seis años
En un primer momento, la Fiscalía pedía 6 años de prisión para los tres acusados, y una multa de más de 4.000 euros, además de la ya mencionada devolución de la cantidad estafada. Finalmente, tras el acuerdo de conformidad, las penas se han visto ampliamente rebajadas, ya que todas las partes asumen que ha habido unas dilaciones indebidas muy cualificadas y un atenuante del artículo 27.1 y 27. 5 del Código Penal, que hace referencia a la devolución de parte de la cantidad reclamada por parte de dos de los acusados, que son hermanos.
Muchos de los acusados decidieron no seguir adelante con el proceso
Fue el abogado de dos de los acusados el que ya adelantó antes de la vista del juicio que se llegaría a un acuerdo de conformidad. Miguel Fernández, que recibió el caso de oficio, afirmó que varias circunstancias legales permitieron llegar a este acuerdo de conformidad. Destacan la retirada de las peticiones penales por parte de una decena de los afectados, que decidieron no reclamar por esta vía a cambio de que se les devolviera una importante cantidad que les había sido estafada.
De esta manera, ninguno de los tres acusados pisará la prisión. Ninguno ha sido condenado a más de 15 meses de cárcel, por lo que solamente tendrán que hacer frente a las consecuencias de sus actos monetariamente. Sin embargo, fuentes del caso indican que la situación económica y personal de los acusados les impedirá devolver de forma íntegra el dinero estafado, por lo que muchos de los afectados jamás podrán recuperar su dinero completamente.
Dos de los ya condenados acudieron presencialmente a la Audiencia Provincial de Lugo este lunes, mientras que la tercera acusada intervino a través de una videollamada desde el juzgado de Pontevedra, de donde es nativa.
Según el escrito de acusación de la Fiscal, los hechos acontecieron entre los años 2008 y 2012, cuando los tres acusados ofrecieron puestos de trabajo a conocidos en el HULA, haciéndoles creer que tenían influencia en las altas esferas de la Xunta de Galicia, coordinadora de la construcción del centro, en marcha por aquel entonces. De esta forma, les hicieron pensar que, a cambio de una cantidad económica, tendrían acceso un puesto de trabajo en varios de los servicios que tendría subcontratados la Xunta en el HULA, como, por ejemplo, en el servicio de lavandería, la cafetería, el transporte de ambulancias o la limpieza.
Los afectados les entregaron el dinero, pero jamás consiguieron esos supuestos puestos de trabajo. Tardaron varios años en denunciar los hechos, porque las víctimas temían ser acusadas de un delito de cohecho por intentar comprar estos puestos de trabajo en la Administración Pública.
Según el escrito de la Fiscalía, y tal y cómo ha quedado acreditado en el juicio, los tres acusados defraudaron a estas víctimas más 300.000 euros. Ahora, ya condenados, tendrán que aportar el dinero de su propio bolsillo en la medida de lo posible.
