Un juzgado de Lugo ordena seguir la causa judicial contra el dueño de Monbus y otros siete acusados de fraude fiscal
LUGO CIUDAD
El magistrado da por concluida la instrucción y señala a Raúl López como cabecilla. Desde Monbus mantienen su inocencia y afirman que «todo acabará archivado»
08 abr 2022 . Actualizado a las 19:13 h.El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Joaquín Brage, decidió cerrar la fase de diligencias del conocido como Caso Cóndor y continuar la causa judicial contra ocho acusados, entre los que se encuentra Raúl López, gerente de la empresa Monbus.
Así lo confirmó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a través de un comunicado, en el que se especifica que «o maxistrado asegura que hai indicios de que unha empresa vinculada a Monbús e Viajes Fisterra, dedicada a realizar circuítos turísticos, levaban unha contabilidade B procedente de pagos en efectivo de viaxeiros que contrataban excursións».
Se trata de una pieza separada de la Operación Pokémon, nacida en el año 2013, y que llegó a viajar a los juzgados de Ourense, que rechazaron la inhibición de sus homólogos lucenses al considerar que el traslado llegaba «tarde».
Las últimas noticias acerca del caso se remontan al año 2018, cuando la Audiencia ordenó a Pilar de Lara, la jueza encargada del caso por aquel entonces, que «centrase las diligencias» contra el empresario, ya que consideraba su investigación demasiado general y poco prospectiva.
La magistrada, posteriormente sancionada por el Consejo General del Poder Judicial debido a la gran extensión de sus procedimientos en tiempo y forma, fue la responsable de la mayoría de la investigación, entre ellas el registro a la sede de Monbus y a las oficinas del Obradoiro, club de baloncesto del que López es, aún hoy, presidente.
El magistrado Joaquín Brage, encargado de terminar la instrucción de las causas que dejó pendientes Pilar de Lara, decidió archivar la gran mayoría de procedimientos que llegaron a sus manos en los últimos tiempos. En este caso, no ha sido así.
En el auto, explica que, tras las diligencias practicadas, puede considerarse como indiciariamente acreditado que en el año 2009, Raúl López alcanzó un acuerdo con los que eran administradores de Viajes Fisterra por el que, además de vender circuitos turísticos organizados, ofrecía excursiones complementarias opcionales en destino.
El pacto especificaba que Viajes Fisterra contrataría a una empresa vinculada al grupo Monbus, Transportes La Unión, como proveedor principal de esas excursiones opcionales, según el escrito, y que solamente guardarían en sus cuentas parte de los negocios que tenían en común, con el objetivo de ocultar sus ingresos y crear una contabilidad en b.
Supuesto fraude en el IVA
El instructor relata en el auto que, una vez llevado a cabo el acuerdo, Viajes Fisterra formó «una caja b, absteniéndose ambas sociedades y sus gestores, de forma consciente y deliberada, de declarar parte sustancial de tales ingresos ante la Agencia Tributaria, ni por el Impuesto de Sociedades ni por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), como era obligado, así como de incluirlos en su contabilidad».
El magistrado asegura que hay indicios de que para ello elaboraron, tras haberse puesto de acuerdo en los servicios de autobús que habían de ser facturados y cuáles no (plaza a plaza), así como sobre sus cuantías, «facturas no acordes con la realidad de los servicios prestados». Además, contaron con la intervención de algunos empleados «en la gestión operativa, el registro contable y correspondiente abono irregular en efectivo».
«Todos los temas relacionados con los pagos en efectivo y la coordinación en cuanto a dichos cobros -pagos entre las dos empresas, por lo general, se trataban directamente entre dos de los investigados», explica el magistrado.
Los registros realizados durante la investigación tanto en la sede de Monbus como en las oficinas del Obradoiro, el club de baloncesto santiagués del que es todavía dueño, hicieron aflorar un patrimonio que el juez considera que «no se corresponde con la lógica».
En el escrito, textualmente, explica que, «pese a los importantes ingresos con los que contaba López, su patrimonio o el de sus familiares no se corresponde con tales ingresos y el elevado nivel de vida de que disfrutaba junto con su familia».
El texto afirma que los acusados traspasaron «importantes cantidades de dinero cobradas en efectivo a Viajes Fisterra, adquiriendo un importante patrimonio mobiliario e inmobiliario con un valor estimado en 2.384.809,65 euros, pese a carecer tal empresa de una actividad real en el tráfico mercantil y de personal suficiente real para ello, más allá de la apariencia de facturar a empresas vinculadas a Raúl López (de cuyos fondos se nutriría). Operaba como sociedad instrumental de inversión en sector inmobiliario (ganancias patrimoniales por venta y alquiler de inmuebles) y compra de embarcaciones de recreo, que en realidad, en algunos casos, utilizaba el investigado».
En un auto especialmente duro para los empresarios implicados, el juez señala a los responsables de Viajes Fisterra, Transportes La Unión y Monbus.
El Obradoiro sale indemne
Sin embargo, rechaza continuar la causa en lo que respecta a un supuesto delito fiscal en la suscripción de acciones del Obradoiro. El magistrado señala que no se aprecian indicios suficientes de delito en la concesión de préstamos por parte de Viajes Fisterra a los accionistas de Transportes Urbanos de Cuenca S.L. y al Obradoiro.
En cuanto a la posible defraudación tributaria por derechos de imagen percibidos por los jugadores y el entrenador pertenecientes a la plantilla deportiva de Obradoiro, no declarados —«incluso en la hipótesis de que dichos importes individuales hubiesen debido integrarse en sus respectivas declaraciones de IRPF», dice el auto—, «las cuotas defraudadas no superarían el umbral legal para el delito según el Art. 305 CP; y estando prescritos los ejercicios 2011 y 2012», afirma el juez.
Colaboración entre socios
Según la resolución, estas tres compañías llevaban «una contabilidad que, de forma consciente, no reflejaba parte de las operaciones comerciales, con constancia solo de una parte de los servicios efectivamente prestados y sus ingresos, omitiendo otros servicios y sus ingresos, los cuales Viajes Fisterra abonó a Transportes la Unión en efectivo, pero cuya contabilización formal no se registraba».
En cuanto a Transportes la Unión, las cantidades presuntamente defraudadas con respecto al IVA de entre los años 2008 y 2014, no superan el umbral delictivo de los 120.000 euros, por lo que no hay indicios suficientes de delito fiscal respecto de dichos fraudes en esos ejercicios e impuestos. Sin embargo, con respecto al Impuesto de Sociedades, la cuota defraudada ascendería 1.177.787 euros.
En Viajes Fisterra, las cuotas defraudadas por el Impuesto de Sociedades por los años 2012 y 2013, que son las únicas que superan los 120.000 euros, sería de 328.484.
En ejecución del plan, según el instructor, actuó el yerno de Raúl López, quien presuntamente gestionaba el dinero cobrado en efectivo y las entregas a Transportes la Unión. Además, asegura que el administrador del grupo operó con el conocimiento y auxilio de empleados investigados en la causa, entre ellos, el entonces director financiero de Monbus y la trabajadora que se encargaba del control de la facturación.
Por su parte, los dos administradores de Viajes Fisterra, actuaban, según la resolución, a través de otro de los investigados, quien tenía «las más amplias funciones de administración de la empresa».
Todo en metálico
«Disfrutaban así de grandes cantidades de dinero en efectivo, de las que disponían para pago en metálico a distintos proveedores, operaciones inmobiliarias, gestión de gastos de las empresas ligadas a la familia, sus propios gastos y ahorro en metálico», señala el instructor.
Especifica que fueron intervenidos en los registros realizados un total de 1.381.636 euros en hoteles pertenecientes y gestionados por el grupo empresarial al que pertenece Viajes Fisterra.
Tres delitos distintos
El juez dio esta semana traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación; el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Se acusa a estas nueve personas de delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y de un delito contable continuado. Contra este escrito cabe recurso.
La versión de Monbus
Desde una de las empresas directamente afectadas, Monbus, confirman que no harán declaraciones oficiales. Su gabinete de comunicación se ciñe a la versión que han mantenido durante los últimos años: su inocencia. «Ahora sale esto, años después de que ocurriera todo, y siguen insistiendo en una acusación que no se sostiene. Nosotros no hemos hecho nada ilegal, y este proceso acabará en un archivo, como acabó la de Orozco y todas las demás», sentenciaron desde la sección de comunicación de Monbus.