El Concello de Lugo acató la sentencia que le obligaba a incorporar a cuatro teleoperadoras del 010, pero prescindió de ellas en el mismo día alegando que mantenerlas dispararía los costes
30 mar 2022 . Actualizado a las 19:03 h.Hace unos días, la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obligaba al Concello de Lugo a convertir en personal laboral indefinido a cuatro trabajadoras del servicio de atención del 010 se convirtió en firme. Para acatarla, el Concello de Lugo debía incorporar a las cuatro empleadas, cosa que hizo este miércoles en una junta de gobierno local extraordinaria, aunque a renglón seguido acordaron su despido, con las consiguientes indemnizaciones.
El motivo de los despidos es, según el Concello, que incorporarlas elevaría mucho el coste del servicio del 010, que sale mucho más barato externalizado, generaría tensiones en las convocatorias de oposiciones previstas para este año, y a mayores supondría no lograr dar un servicio adecuado de la atención telefónica hasta dentro de más de un año. «Incorporar nestes momentos a estas catro persoas, sen praza contemplada na Relación de Postos de Traballo, manteríaas sen funcións, xa que non é posible adscribilas a postos vacantes porque non existen postos de teleoperadoras semellantes que estean baleiros», explicó la concejala de Gobernanza, Paula Alvarellos.
Los razonamientos del Concello son los siguientes: los informes técnicos reflejaron que si se incorporasen las cuatro trabajadoras, habría que modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear cuatro puestos de teleoperadora, ya que la normativa obliga a fundamentar cada contratación y «non podemos engadir unhas a outras, senón que temos que substituílas», explicó Alvarellos. Atendiendo a su especialización, lo lógico sería pasar a desempeñar con medios propios el servicio de atención telefónica 010, que está actualmente externalizado, y esto, supondría un sobrecoste para las arcas públicas.
Siempre según la versión municipal, no es posible ofrecer el servicio con solo cuatro empleados, sino que es necesario tener a 10 personas en plantilla. Esto supone que el primer año de implantación del 010 con medios propios, el Concello tendría que adquirir los medios informáticos necesarios, que cifran en unos 320.000 euros, y a mayores calculan que cubrir los salarios de los trabajadores. Los de las cuatro teleoperadoras en cuestión suponen unos 85.000 euros, pero como ellas no son suficientes para cubrir todos los turnos como hasta ahora, contratar a otros seis empleados implicaría nóminas anuales de 215.000 euros. En total, serían 550.000 euros el primer año.
A partir del segundo, ya sin la inversión tecnológica inicial, entre el mantenimiento de la plataforma y las nóminas de los diez trabajadores, el coste anual se iría a los 250.000 euros, lo que supone un encarecimiento del 166 % respecto al coste del servicio externalizado. Y es que actualmente el Concello de Lugo pagaba al año 94.000 euros.
Además de los cálculos económicos, el Concello de Lugo echa mano de otro argumento para el despido de las cuatro teleoperadoras. Habría que incorporar sus puestos, más los otros seis, a la oferta pública de empleo del Concello de este año (22 plazas), por lo que habría que acordarlo de nuevo con la mesa de negociación, pero para que se ejecutase pasaría como mínimo un año y medio, por lo que el servicio no estaría en funcionamiento con medios propios hasta entonces.
Además, incluir todas estas plazas en la oferta de empleo de este año implicaría tener que modificar las plazas programadas, que este año se han enfocado en puestos que permitan impulsar la recuperación económica, tales como departamentos que ayuden con los fondos Next Generation, servicios sociales e impulso económico.
«Queremos agradecer e enxalzar o labor desenvolvido por estas catro empregadas, comprometidas co seu cometido e o valor da excelente función que viñan desempeñando como interlocutoras da Institución coa cidadanía de Lugo», dijo Alvarellos, pero «na decisión entre o que se quere facer, a continuidade destas traballadores, e o que podemos facer como Administración debe imperar sempre a garantía xurídica, os valores da función pública e o interese xeral».