Operación Pokémon: El juez exculpa al exalcalde López Orozco en el caso de la ORA en Lugo y define como «grupo criminal» a Vendex
LUGO CIUDAD
Es la última causa pendiente del político lucense. Descarta la existencia de un delito de tráfico de influencias y cifra el fraude en más de 13 millones de euros. También señala directamente a Francisco Fernández Liñares, exconcejal
17 mar 2022 . Actualizado a las 17:25 h.El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo anunció este jueves que el magistrado acaba de dar por terminada la fase de investigación relativa a la presunta adjudicación fraudulenta, en el 2009, del contrato de gestión del servicio de la ORA en el Concello de Lugo. Esta trama constituye una de las piezas separadas de la macrocausa conocida como operación Pokémon, iniciada por la jueza Pilar de Lara Cifuentes a principios de la década pasada.
El magistrado Joaquín Brage Camanzano, encargado del caso, ordena continuar la tramitación de las diligencias contra Francisco Fernández Liñares, concejal entre 1999 y el 2008; contra Javier Manuel Reguera Pérez, delegado de la empresa Setex Aparki; contra Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, presidente y fundador del grupo Vendex; y contra José María Tutor, quien era responsable de Vendex en Galicia. El juez ve a estos hombres como presuntos autores de unos hechos potencialmente constitutivos de delitos de cohecho e integración en grupo criminal, haciendo referencia a su pertenencia al grupo Vendex.
El juez, eso sí, descarta la posible existencia de un delito de tráfico de influencias, porque entiende que «no consta acreditado suficientemente la influencia concreta ejercida por ninguno de los investigados para obtener la adjudicación».
López Orozco, exculpado, como había pedido el fiscal
Exime de toda culpa al exalcalde de Lugo, José López Orozco, tal y como había solicitado el fiscal en un escrito meses atrás. En cuanto a la colaboración del entonces regidor del municipio en la adjudicación a Doal y su posterior ampliación, a cambio de dinero, «ni hay indicios de que ello fuera así, más allá de la interpretación de los agentes intervinientes en las escuchas de ciertas referencias», ni, pese a la «amplísima investigación patrimonial llevada a cabo respecto del mismo y su entorno familiar más próximo (esposa e hijas), se detectaron incrementos de patrimonio que pudieran reflejar el cobro de algún tipo de comisión, mordida o soborno», según el juez.
Esta es la última causa que tenía pendiente López Orozco, que llegó a estar imputado en una decena de procesos judiciales. Si se confirma este auto, habrá salido exculpado de todas ellas.
Los hechos con apariencia delictiva versarían, según el auto, sobre la actuación concertada de los cuatro investigados con el objetivo de amañar el concurso de la ORA en el año 2008 y adjudicarlo de forma «fraudulenta, contraria a la legalidad y al principio de libre competencia, prescindiendo del mejor postor para la Administración, a Vendex y, más concretamente, a su filial, Doal», así como sobre «el soborno pagado como contraprestación por lo anterior».
«Así lo pactaron, según resulta indiciariamente de lo actuado, los cuatro investigados en el año 2008», indica el instructor en la resolución, en la que señala que hay indicios de que el concejal investigado actuase «como interlocutor político del Ayuntamiento de Lugo» para lograr hacer efectiva esa adjudicación, «con la ilícita contraprestación de 3.500 euros a devengar cada mes, sumando 42.000 euros al año, que él percibiría en pago por sus gestiones». Sin embargo, señala que no consta que Liñares «hubiera realizado ningún tipo de presión o influencia en el Ayuntamiento de Lugo para lograr los objetivos pactados».
En el auto, explica que, al concurso público, presentaron ofertas económicas Doal y otras tres empresas de la competencia, siendo definitivamente adjudicado a la primera, en marzo de 2009, «tal y como habían acordado los investigados, en perjuicio de las demás empresas concurrentes, de la libre competencia, y de la eficacia y economía de la actuación administrativa».
Aunque ese concurso fue posteriormente anulado, en mayo de 2011, por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Lugo, «la ilícita adjudicataria, Doal, siguió prestando los servicios de la ORA hasta que, en julio de 2015, la entonces alcaldesa resolvió suspender la operatividad de la ORA hasta que se realizara una nueva adjudicación».
Doal mantuvo los servicios y cobró por ellos tras la anulación del concurso
«De este modo, resulta haber indicios de que, incluso pese a la anulación judicial por sentencia definitiva, la fraudulenta adjudicataria mantuvo la prestación de sus servicios y también perduraron las consiguientes contraprestaciones a su favor», subraya el magistrado, quien asegura que también existen indicios de que «se abonaron las cantidades pactadas antes mencionadas desde el inicio de la prestación del servicio, en 2009 hasta, al menos, septiembre de 2012, mediante reintegro en efectivo en entidades bancarias de Madrid, previa entrega de cheques bancarios expedidos por el presidente del grupo Vendex, y de importe inferior a 3.000 euros».
En el auto, relata que se enviaba el efectivo a la sede del grupo empresarial en Madrid, desde donde, a su vez, se remitía por una empresa de transporte a A Coruña, a la atención del responsable del grupo Vendex en Galicia, «en un sobre blanco, oculto el dinero dentro de hojas del periódico deportivo Marca». Los envíos, según la resolución, se realizaban trimestralmente, «habiéndose detectado un total de 12 envíos desde abril de 2011 a enero de 2012 a Galicia».
Empleaban lenguaje en clave para hablar de los sobres con dinero
El juez señala que esos envíos estaban «minuciosamente organizados y controlados por la organización». Cuando el responsable del grupo en Galicia los recibía, según el auto, contactaba con el que en ese momento era ordenanza del Ayuntamiento de Lugo y delegado de la empresa Setex Aparki, «empleando para ello lenguaje en clave (se refieren al dinero como 'la pintura', o 'los botes de pintura', 'el convenio' o, metonímicamente, 'la prensa deportiva', etc.) e indicaciones falsas, como es propio de las organizaciones y grupos criminales, y acuerdan el punto de entrega, que son los domicilios de concejal investigado en Lugo, donde se procedía a la entrega pactada».
El presunto fraude habría podido permitir un beneficio ilícito estimado de 13.600.000 euros, según el instructor.
El magistrado dio recientemente traslado del auto al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que formulen escrito de acusación en el que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación. Además, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto al resto de los investigados. Contra el auto cabe presentar recurso.