En el año 2021 se licitaron en la provincia lucense 300 millones de euros, la mayor cifra desde el 2009
24 feb 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El 2021 ha terminado como el año de más licitación de obra pública en la provincia de Lugo desde la expansiva primera década del siglo XXI, cuando coincidieron en el tiempo obras civiles y edificios como la A-8, el HULA, la variante del tren de A Pobra, los primeros tramos de la A-54, el corredor Nadela-Monforte, la autovía Vilalba-Ferrol, el saneamiento del Miño, edificios públicos de la capital o la potabilizadora y depuradora del agua de Lugo, entre otras grandes inversiones.
El pasado año, entre Gobierno, Xunta y entidades locales se licitaron 300,24 millones (casi 105 más que el anterior). La última anualidad que superó esa cifra fue la del 2009, con 403,52 millones. A partir del estallido de la crisis financiera, todas las Administraciones contrajeron el gasto inversor, llegando en el 2012 a registrase la cifra más baja desde la entrada del euro, con apenas 39,49 millones de euros.
Las inversiones generan un incremento de la deuda de las administraciones, pero este efecto se puede contrarrestar ya que suponen una inyección económica en la sociedad capaz de generar empleo estable durante cierto tiempo y fomentar la creación de empresas entorno a las obras.
El Estado ha vuelto a ser el motor inversor en la provincia gracias a las licitaciones de la reforma del ferrocarril entre Lugo y Ourense. El pasado año, el Gobierno sacó a concurso 160,5 millones, cuando en el 2020 habían sido 105,5, y en el 2019, solo 37,7 millones. A modo de comparación, en el 2012 fueron 18,72 millones, mientras que en el 2006 el Gobierno licitó hasta 382.
Los 67 concellos y la Diputación licitaron obras públicas en el 2021 por 75,7 millones, después de un 2020 más flojo debido a la pandemia, cuando invirtieron 40,6 millones. La Xunta sacó a concurso 63,93 millones, casi 14 más que el anterior ejercicio.
La tendencia para esta década es que las licitaciones en obras públicas en la provincia sigan creciendo en la medida en que se transfieran los fondos europeos de recuperación y, además, se comiencen proyectos pendientes, como la reforma ferroviaria Lugo-A Coruña, las autovías de Ourense, A Mariña y Nadela-Monforte, o la Ronda Leste. De ser así, se podría mantener gran parte del empleo y de las empresas vinculadas a las obras que actualmente se ejecutan y que finalizarán en los próximos años.
Encontrar personal y el coste de materiales, posibles frenos al desarrollo
La provincia de Lugo llevaba más de una década sin que le cayese una lluvia de millones en materia de obras públicas. ADIF ejecutará hasta el 2024 inversiones en el trazado Lugo-Ourense que superan los 500 millones de euros, lo que según sus previsiones supone que alrededor de 800 personas estarán trabajando de manera directa en los 71 contratos en que fue dividida la reforma ferroviaria.
Los datos que aporta la patronal de la construcción, Seopan, sobre licitaciones de inversiones públicas muestran que en el 2021 la provincia de Lugo es la octava de toda España en concursos de obras, solo superada por Sevilla, Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, A Coruña y Ourense.
Fuentes empresariales lucenses esperan que este escenario se siga manteniendo en el tiempo gracias a la llegada de los fondos europeos, lo que supone una oportunidad laboral y favorecerá la creación o consolidación de empresas. Si hay inversión, hay dinero que fluye por los concellos lucenses, con lo cual hay gasto de consumo, y por lo tanto, más opciones de asentar empresas, principalmente de servicios.
Lugo, a pesar de la pandemia, finalizó el 2021 con una tasa de paro, según la Encuesta de Población Activa, del 8,93, siendo una de las más bajas de España. Cerró el pasado año con 1.652 desempleados menos que antes de la pandemia. En cuanto a las cifras del paro registradas por las oficinas de empleo en enero, en Lugo ciudad estaba en el 11,68 %, cuando por ejemplo en el 2013 era el doble, 22,37 %.
Pero sobre este escenario inversor existen algunos problemas para las constructoras. El primero es el incremento del coste de los materiales y de los combustibles, lo que está obligando a algunas empresas a paralizar o reducir la ejecución de las obras, o incluso a renunciar a las licitaciones. Hay proyectos hechos en el 2018 o 2019 cuya estimación de costes nada tiene que ver con los actuales, con lo que los pliegos administrativos han quedado desfasados. Las constructoras lucenses están a la espera del decreto que prepara el Gobierno para compensar la subida de precios y la carencia de los materiales. Según algunas informaciones, el Gobierno prevé que la revisión limite su alcance a las certificaciones a partir del 1 de enero de 2021.
Y el otro gran hándicap con el que se encuentran las constructoras lucenses es la ausencia de mano de obra cualificada. «Durante la crisis del 2008, las empresas se quedaron con los trabajadores más preparados, que eran los que tenían más experiencia, pero ahora muchos se tienen que jubilar y falta personal de relevo», explican fuentes de la construcción.
