El banco pretende recuperar una parte de la cantidad que les debe el promotor, cuya empresa está en concurso de acreedores. Hay pocas esperanzas de que aparezca un nuevo comprador
04 ene 2022 . Actualizado a las 13:15 h.El año 2022 arranca con un nuevo capítulo del caso Garañón. Uno de los edificios más polémicos de la historia de Galicia, que continúa inmerso en un proceso penal y en uno administrativo, aparecía esta semana en el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE). Concretamente, lo que se publicaba en el portal de pujas estatal es la finca sobre la que se dejó a medio construir el inmueble, cuya obra está paralizada desde el mes de noviembre del año 2010.
Y es que en la oferta del BOE se especifica una gran cantidad de detalles sobre la finca sobre la que se elevan las torres de O Garañón, hoy totalmente abandonadas. El valor de la subasta, según el portal, asciende hasta los 10.665.000 euros. Todavía no existen pujas en firme para esta oferta, y todas las partes implicadas tienen poca fe en que vaya a existir alguna, ya que el Concello planea derribar las torres este año y cambiar la calificación del suelo a «no edificable», por lo que la finca pasaría a ser una zona verde y no se podría construir en ella.
Según el BOE, se trata de una parcela urbana, «resultante del proyecto de distribución de la unidad de actuación CS-5 (Cuestas del parque) del PXOM de Lugo», y cuenta con una superficie de 3.662 metros cuadrados.
La autoridad gestora que publicó la oferta es el Juzgado de Instrucción Número 4 de Ourense, encargado de la ley concursal en la que se vio inmersa la empresa promotora del edificio hace casi una década. En la actualidad, el control de la parcela está en manos del banco Santander, que le había concedido un préstamo de unos 15 millones de euros al promotor para levantar el edificio, y que ahora aspiran a recuperar —al menos parcialmente— poniendo la parcela a subasta. El solar cuenta con una carga, la hipoteca del edificio, todavía sin pagar totalmente, y que es objeto de la ejecución.
Trámite judicial
Se trata de un mero trámite judicial, enmarcado en el concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa de Ricardo Iglesias Paredes, el constructor. El hombre, que perdió gran parte de sus ahorros debido a la imposibilidad de ejecutar la obra poco después de que la jueza Pilar de Lara ordenase paralizarla, le llegó a reclamar al Concello unos casi 30 millones de euros en calidad de indemnización. Ahora, bajó su pretensión hasta los 15 millones, ya que considera que se le concedió permiso para construir el edificio en esa parcela de forma totalmente legal, y cree que él es una víctima del proceso judicial con el que nada tuvo que ver.
En su solicitud, reclamaba por los costes de demolición y la pérdida de valor patrimonial, entre otras cuestiones. El abogado de Iglesias afirma que esperaban que llegase esta subasta, pero que «no afecta demasiado» a su cliente, ya que su empresa se encuentra en concurso de acreedores y son el juzgado y el banco Santander quienes tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el inmueble, siempre supeditados a las órdenes municipales y judiciales.
Recientemente, sin embargo, el Concello, por boca de la alcaldesa, Lara Méndez, y la concejala, Paula Alvarellos, afirmaron que un informe técnico sugería que no se tendría que indemnizar de ninguna manera al promotor, ya que el constructor nunca llegó a presentar un nuevo proyecto tras haberle denegado el Concello su primer plan en el año 2011.
Pocas consecuencias reales
El Gobierno local continúa con su intención de derribar las torres en algún momento de este año, y cifra la ejecución de este derrumbe controlado en alrededor de 1 millón de euros.
Según el órgano municipal, esta subasta no afecta en absoluto a sus planes de derribar las torres, y tampoco al proceso judicial que rodea al edificio, en el que resultaron absueltos Gómez Besteiro, exsecretario general del PSdeG, y López Orozco, exalcalde de Lugo, tras haber sido imputados en un presunto caso de corrupción.
