La operación Pokémon se acerca a su fin, llena de sospechas y vacía de condenas
LUGO CIUDAD
Siete alcaldes de Galicia llegaron a estar imputados en la trama en algún momento, y ninguno de ellos terminó siendo culpable. Las únicas condenas se reparten entre cargos de segunda fila y empresarios
09 oct 2021 . Actualizado a las 13:33 h.La propuesta del juez Joaquín Brage Camanzano de archivar la gran mayoría de los procesos que conformaban la operación Pokémon puede haber significado el final definitivo de una trama que hizo temblar los cimientos de los principales partidos políticos gallegos a inicios de la década pasada. Nueve años y dieciocho días después de aquel 20 de septiembre del 2012, en el que las detenciones de los alcaldes de Ourense y Boqueixón, y del concejal de Urbanismo de Lugo —entre otros— saltaron a las portadas de todos los diarios de España, la operación más mediática de la historia de Galicia se acerca a su final. Un final lleno acusaciones y sospechas que no llegaron a traducirse en las condenas que se podrían esperar.
La conocida como Operación Pokémon fue una trama judicial en la que la jueza Pilar de Lara Cifuentes, titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, investigó a cargos políticos y a empresarios de toda Galicia por delitos relacionados con presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos, una supuesta falsedad documental y presuntos sobornos, entre muchas otras acusaciones.
La jueza decidió iniciar la causa hace una década tras vincular a Javier Reguera, a quien ya conocía por su implicación en la trama de prostitución de Lugo, la Operación Carioca, con Fernández Liñares, concejal en aquel momento. Esto se debió a que el primero, que alquilaba el burdel Queens, también era socio de Manuel Santiso, responsable de la empresa Sanle, que se estaría beneficiando de contratos públicos en los que mediaba Liñares.
En su momento, la jueza De Lara, consciente de las dificultades que ella misma había creado tras la apertura de macrocausas que llenaban cientos de miles de folios, dividió la Pokémon en nueve piezas. Unas se quedaron en Galicia (la ORA, la del PSOE de Santiago, la de Argimiro Marnotes en O Carballiño...), mientras que otras se repartieron por juzgados de Cataluña, Mallorca o Madrid. Hay quien especula con que la cantidad total de piezas separadas de la Pokémon superó la treintena.
Por esta acumulación de macrocausas y por el tiempo que tardó en instruirlas, Pilar de Lara fue penalizada por el Consejo General del Poder Judicial con siete meses y un día de sanción, lo que implicó automáticamente al pérdida de su puesto en los juzgados de Lugo, lo que la obligó a trasladarse. Desde el pasado 22 de diciembre del año 2020, es la responsable del juzgado de instrucción número 8 de Ponferrada.
Siete alcaldes imputados
En el plano político, la operación supuso un tremendo golpe para los principales partidos de Galicia, sobre todo para el PP y el PSdeG. En total, siete alcaldes llegaron a ser imputados por Pilar de Lara en algún momento de la operación. Dos de ellos eran socialistas: Xosé López Orozco (Lugo) y Francisco Rodríguez (Ourense); mientras que cinco eran del Partido Popular: Adolfo Gacio (Boqueixón), José Manuel Rey (Ferrol), Argimiro Marnotes (O Carballiño), Ángel Currás y Gerardo Conde Roa (ambos de Santiago).
Salvo López Orozco y Adolfo Gacio, el resto de regidores terminaron siendo exculpados, por unos motivos u otros, de las acusaciones que los implicaban en la trama. En el caso de los exalcaldes de Lugo y Boqueixón, algunos de los procesos en los que se vieron implicados todavía están abiertos, por lo que no están técnicamente libres de culpa.
En el caso del exregidor lucense, todavía tiene pendiente su posible exculpación en el caso de las adjudicaciones del servicio de la ORA a la empresa Vendex. «Xamais perdoarei a actitude da xuíza De Lara; acabou coa miña carreira política», llegó a decir López Orozco en una entrevista a La Voz, una opinión que comparten la mayoría de los políticos de primera línea imputados por Pilar de Lara y que terminaron saliendo indemnes.
Sin embargo, los investigados de la trama llegaron a alcanzar los 250, según personas cercanas a la operación. Muchos de ellos eran políticos de segunda fila, como concejales (Fernández Liñares en Lugo, Julio Flores en A Coruña) y empresarios relacionados con Vendex (por el caso de la ORA) y Cechalva (la grúa de Lugo), como Javier Reguera o Manuel Santiso.
Tras una década, lo que parece evidente es que Francisco Fernández Liñares, exconcejal de Urbanismo de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, es quien ha salido peor parado. Fue condenado el pasado mes de marzo por una trama de concesiones en la confederación, y el juez considera que debe ser imputado en el caso de la ORA y en el de la grúa, los dos únicos de la pieza principal de la Pokémon que quedan pendientes de resolución en los juzgados de Lugo.
La operación Pokémon se encamina hacia un final desinflado, con el cerco solamente estrechado sobre Fernández Liñares y varios empresarios, pero ninguno de los grandes nombres que se barajaban hace ya casi diez años.
