El juzgado mantiene como procesado al sospechoso del crimen del Cash Récord porque «los indicios de criminalidad siguen intactos»

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD

El sospechoso del crimen del Cash Record, saliendo de los juzgados, acompañado de su abogada (de verde) y escoltado por la policía
El sospechoso del crimen del Cash Record, saliendo de los juzgados, acompañado de su abogada (de verde) y escoltado por la policía ALBERTO LÓPEZ

La jueza acusa al investigado de «negar incluso hechos objetivos» durante su declaración

15 sep 2021 . Actualizado a las 17:17 h.

El juzgado de instrucción número 1 de Lugo publicó este miércoles un auto en el que se decide mantener como procesado al único sospechoso de haber asesinado a dos personas en el año 1994 mientras trabajaban en el Cash Récord de O Ceao, en Lugo. Los fundamentos de la jueza para elegir esta opción se cimentan sobre un motivo claro, y es que, según el escrito, «los indicios racionales de criminalidad siguen intactos», y que «el procesado siguió la tónica de negar incluso hechos objetivos que constan en el sumario». Todavía hay cinco días para presentar un recurso contra este auto, que certifica el emitido el pasado día 30 de junio. 

Además, indica que los hechos no están prescritos, ya que en 2013 se emitió un auto en el que se acordó la intervención de las comunicaciones telefónicas del sospechoso. La jueza también señala que desde su primera declaración como investigado, en diciembre de 1996, hasta la actualidad «en ningún momento se pidió el sobreseimiento o archivo de las actuaciones respecto a su persona, ni se cuestionaron las diligencias practicadas en el sumario, por lo que no es incongruente mantener el procesamiento».

«No intervino en la instrucción ningún ánimo de persecución, sino que es el resultado de diligencias de investigación practicadas con todas las cautelas y garantías constitucionales, sin que conste rechazo alguno a su práctica o se haya combatido su resultado de algún modo», subraya. La jueza insiste en que «no se trata de conjeturas o simples sospechas», sino que existen indicios de criminalidad respecto al procesado. En cuanto a la quiebra del derecho a la presunción de inocencia que alega el recurrente, explica que «carece de fundamento» debido a que no ha sido declarado culpable de los delitos por los que está procesado.