Operación Carioca: la Audiencia señala al policía fallecido y absuelve al exinspector de la Brigada de Extranjería de Lugo

André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD

El exinspector jefe de la Brigada de Extanjería de Lugo, Evaristo Rodríguez, entrando en la Audiencia Provincial ALBERTO LÓPEZ

El único condenado ha sido el abogado que captaba clientes para su despacho privado durante sus horas de trabajo como funcionario en comisaría

28 jul 2021 . Actualizado a las 20:42 h.

El 8 de noviembre del año 2009, la sección de Asuntos Internos de la Guardia Civil entró en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo para llevar a cabo una de las redadas más importantes que se recuerda en España en el ámbito de la falsedad documental. Este registro fue uno de los momentos clave de la instrucción de la que terminó siendo una de las piezas principales de la llamada Operación Carioca, dirigida por la jueza Pilar de Lara. En esta ocasión, los investigados eran varios agentes de la Brigada de Extranjería, sección en la que, según las investigaciones, se falsificaban informes policiales para conseguir prórrogas en permisos de residencia de prostitutas y personas cercanas a ese negocio. Doce años después, solo dos personas llegaron al juicio, el por aquel entonces inspector jefe de la brigada, Evaristo Rodríguez, y un abogado funcionario de la unidad, Germán Pumares.

La Audiencia Provincial de Lugo anunció este miércoles la condena por un delito de negociaciones prohibidas contra el abogado que ejercía como funcionario en la Brigada de Extranjería de Lugo durante los años 2006 y 2007. Sin embargo, la decisión más notable de esta sentencia es la de absolver al otro imputado del proceso, Evaristo Rodríguez, exinspector jefe de la sección, y a quien le pedían hasta nueve años de prisión. Para librarle de esa pena, la Audiencia se justificó señalando a Eduardo Castro, su inmediato inferior en la cadena de poder y también investigado hasta su fallecimiento, como principal responsable de la falsificación de prórrogas de permisos de residencia para dos prostitutas brasileñas.

La Sección Segunda de la Audiencia condena, por lo tanto, a 18 meses de suspensión de empleo o cargo público a Germán Pumares, exfuncionario de la Brigada de Extranjería de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Además, el tribunal, que ha tenido en cuenta la «atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas», le ha impuesto el pago de una multa de 1.620 euros y lo ha absuelto de un delito de uso de secreto o información privilegiada.

El condenado, según consta en la sentencia de la Audiencia, además de desempeñar su puesto como funcionario, ejercía, al menos entre los años 2000 y 2009, como abogado particular. El tribunal entiende que, de las grabaciones de las conversaciones mantenidas por el acusado, «se deriva la consecuencia obvia de que venía realizando, de manera habitual o, cuando menos, frecuente, actuaciones en su despacho profesional que se correspondían con las competencias que desempeñaba en la administración pública». Esa actividad profesional como abogado, se indica en el fallo judicial, era ejercitada por el acusado «frecuentemente durante el horario del puesto de trabajo público como funcionario de la referida brigada».

Los magistrados aseguran que el condenado, con ánimo de lucro, «se aprovechó de sus conocimientos en materia de extranjería para desempeñar funciones de asesoramiento o escritos en su condición de abogado particular en la materia que trataba como funcionario». Según se recoge en la sentencia, el funcionario deberá abonar un tercio de las costas de este procedimiento, mientras que se han declarado de oficio los otros dos tercios restantes.

Una absolución clave

Por otra parte, la Audiencia absolvió al que ejercía como inspector jefe de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo de un delito de falsedad en documento público u oficial por supuestamente tramitar con información falsa prórrogas de estancia en España. Los jueces consideran que los hechos que le imputan «no pueden ser reprochados penalmente», pues la prueba pericial caligráfica permite concluir «que no realizó actuación material ninguna en los dos expedientes de prórroga de estancia que se le imputan».

En concreto, el tribunal indica que, si bien es cierto que firmó los informes en los que se hacía constar que los datos que figuraban en las solicitudes que presentaban dos mujeres estaban contrastados, algo que no era cierto, entienden que se justificó que era un tercer policía, hoy fallecido, el que asumía los compromisos sobre las actuaciones a realizar en el ámbito de extranjería.

De esta manera, señalan a Eduardo Castro, el subinspector de esa unidad y fallecido cuando ya había sido imputado, como el principal responsable de la creación de estos informes positivos. Apoyan así la versión de la defensa de Rodríguez y Pumares, que quisieron centrar los focos en él desde el principio del juicio.

El entonces inspector jefe, que ya lleva once años jubilado, declaró durante el juicio que la firma de esos dos informes era la suya, pero él no tenía nada que ver con su elaboración. «Yo tan solo firmaba. A las dos de la tarde tenía la mesa llena de papeles y no tenía tiempo de comprobar todo. Confiaba en mis funcionarios y en que los informes estaban correctos», defendió.

El Fiscal recordó a Rodríguez en su declaración que una de las mujeres que recibió la prórroga «era la prima de una mujer que tenía una relación con el subinspector jefe», por lo que podría haber influenciado a este para que agilizase su regularización en España. «De eso tuve conocimiento posteriormente», reiteró. En la resolución, también aparece una firma del comisario jefe presuntamente falseada por Evaristo Rodríguez. A lo que el inspector negó que él hubiese imitado su firma, sino que fue una «maniobra de Eduardo Castro para hacerme daño, que seguramente escaneó la firma».

Se vislumbra el fin de un larguísimo proceso

En esta pieza, una de las centrales de la Carioca, llegaron a estar imputados hasta quince agentes. Sin embargo, la falta de pruebas hizo que la mayoría de estas citaciones fuesen decayendo, incluyendo la de Eduardo Castro, a quien señalan la sentencia y los acusados, que falleció hace algo más de dos años tras una larga enfermedad.

Evaristo Rodríguez, uno de los acusados en la Operación Carioca en su rama policial, entrando a la Audiencia de Lugo

Los miembros de la Brigada de Extranjería acusados en la Operación Carioca apuntan a un agente fallecido por la falsificación de permisos de residencia

UXÍA CARRERA / ANDRÉ S. ZAPATA

Los últimos restos de la Operación Carioca se juzgaron ayer en la Audiencia Provincial de Lugo. Esta vez le tocó a los imputados del cuerpo de policía en una de las principales piezas de la causa, en la que se habrían falsificado las prórrogas de residencia de dos extranjeras empleadas de burdeles.

Los acusados son el inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaria de Lugo, Evaristo Rodríguez, y un funcionario administrativo Germán Pumares. El subinspector jefe, Eduardo Castro, también estaba imputado en este caso como principal sospechoso, pero falleció. Al primero se le acusa de dos delitos de falsedad en documento público, por lo que la Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión. A Germán Pumares se le imputa dos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y en su modalidad de uso de secreto o información privilegiada, ya que también ejercía de abogado en su despacho personal. El juicio durará dos días más aunque la defensa de Germán Pumares solicitó la nulidad de las escuchas de su teléfono por falta de motivos contundentes para realizarlas, lo que será considerado.

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