Operación Pokémon: Los agentes de Vigilancia Aduanera también implican a Liñares en los sobornos

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD

Óscar Cela

Además, los testimonios coinciden en que siempre se respetaron los derechos del detenido, algo que Liñares y su abogado negaban

25 feb 2021 . Actualizado a las 10:17 h.

Este miércoles se celebró en la Audiencia Provincial la segunda vista del juicio contra Francisco Liñares, exconcejal de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, y otros nueve acusados, todos imputados por presuntos delitos de cohecho y malversación al manipular las adjudicaciones públicas de las obras y entregar al político sobornos a cambio de estas concesiones, por lo que se les piden más de cinco años de prisión.

Este segundo día estuvo protagonizado por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, encargados de la investigación previa a la detención de Liñares y al análisis de todas las posibles pruebas, así como de los informes que las relatan. Todos los testimonios giraron en torno a dos temas. El primero, la detención de Liñares y sus denuncias de «falta de respeto» a sus derechos. La segunda, las vigilancias y escuchas que pudiesen probar su relación con la concesión de obras públicas a los empresarios también acusados mientras estaba al frente de la Hidrográfica.

Uno de los agentes, sin embargo, quiso hacer hincapié en una circunstancia curiosa, la importancia que tanto Liñares como Pachi Vázquez, exsecretario general del PSdeG, le daban a la presencia de una mujer, empleada de Tragsa, al frente de la jefatura de prensa de la Hidrográfica. A pesar de que, según su testimonio, no era la organización quien le pagaba el salario, destacó las conversaciones entre los dos dirigentes para traer a esa persona a la dirección de comunicación de la CHMS. 

Liñares, relacionado de forma directa

En lo que sí coincidía con sus compañeros era en la seguridad con la que afirmaba que Liñares estaba estrechamente vinculado con las empresas de los acusados y con la concesión de obras públicas a estas compañías. «La conclusión que sacamos está clara, que Liñares tenía un interés personal en todo el proceso, en que una empresa en concreto en cada ocasión se llevase la adjudicación», llegó a decir uno de ellos. Cada uno, durante la investigación, tenía una misión asignada. Unos recababan pruebas, otros hacían vigilancias camufladas a Liñares, otros pinchaban teléfonos y mantenían localizados a los empresarios... Todo esto sirvió, según sus testimonios y los de los acusados en la vista del martes, para certificar que el expresidente de la CHMS se reunía habitualmente con ellos, «quienes le invitaban a comidas» o «le hacían favores, ya fuese entregándole cantidades de dinero o haciéndole trabajos sin cobrarle», según las palabras de dos de los miembros del SVA. 

En una de las intervenciones, un agente explicó a dónde le había llevado su investigación, centrada en la relación de la Hidrográfica -y por ende de Liñares- con Daniel Blanco y su empresa Forestaciones Curro. En su declaración, contó que habían podido averiguar que se le adjudicaron seis concesiones, valoradas en 430.000 euros, cinco de ellas a la empresa y una a Blanco propiamente, como persona física. En varios documentos, se podían observar transacciones monetarias y cuentas con notas escritas a mano, presuntamente, por Liñares, en las que se podía leer el nombre de Daniel Blanco junto a cantidades de dinero pendientes. 

Contó también que el propio empresario conocía de antemano los precios por los que iban a apostar sus competidores, de forma artificial, «para llenar el cupo legal», antes del comienzo del concurso. En una ocasión, Blanco llegó a conseguir una adjudicación, pero fue excluido por un fallo de forma en los documentos presentados. La obra pasó a manos de Portosar, la empresa de otro de los acusados, quien «renunció inexplicablemente a la adjudicación, a pesar de que estábamos en los peores años de la crisis y que apenas unos días antes se mostraba abierto a realizar la obra», según el agente.

Volviendo a Forestaciones Curro, comentó que Blanco le hizo un trabajo de limpieza y reforestación de un monte a Liñares «de forma gratuita, como favor tras una concesión». Cuando el abogado del exconcejal le preguntó cómo podía saber que no se había pagado por ese trabajo, el agente respondió que Liñares, una persona que guardaba absolutamente todos los documentos de forma escrupulosa, no contaba con ni un solo papel en el que se hablase de ese trabajo, algo que «da a entender claramente que no hubo ninguna retribución por ello». En total, más de 10.000 plantas formaron parte de esta reforestación, calculada en más de 167.000 metros cuadrados divididos en dos fincas, en Castroverde y Lugo.  El testimonio de este hombre, seguramente el más denso del día, finalizó con la certificación de que Liñares había recibido estos favores, dado que «de forma velada quedó acreditado que estos pagos y trabajos se debían a una contraprestación por las concesiones»

Algunas reuniones «de forma clandestina y a altas horas de la noche»

Varios de sus compañeros certificaron la implicación de Liñares en el caso. Uno de ellos contó como el exconcejal «daba instrucciones precisas de lo que tenía que pasar, por lo que se da a entender que se concertaban acuerdos con las empresas previamente». Incluso en algunas escuchas se puede oír claramente como alguno de los empresarios le comentaba a Liñares que «tenía que llevarle a su casa lo del mes», según uno de los agentes, en una referencia velada a los pagos que se hacían, incluso de forma mensual, a cambio de las concesiones.

Otros agentes coincidieron con él en los resultados de las investigaciones de sus compañeros, que intervinieron de forma telemática en el juicio, algunas reuniones «tenían lugar de forma clandestina, en la parte trasera del chalé del señor Liñares, incluso a altas horas de la noche en alguna ocasión». Ante las preguntas del abogado del exconcejal, Evaristo Nogueira, quien les pedía especificar si habían llegado a conocer el contenido de estas presuntas reuniones, todos los agentes explicaron que no, que solo habían podido seguir a los investigados hasta el lugar de la reunión, pero nunca pudieron infiltrarse en ellas. 

Otro de los puntos de defensa de Nogueira residía en los documentos requisados en las viviendas de Liñares. Se mostró muy insistente, preguntándole a casi todos los agentes si se había podido certificar que la letra de los manuscritos era de su cliente. La respuesta de los agentes fue casi unánime, explicando que ese trabajo de investigación era de la policía judicial y de la Guardia Civil, no suyo. 

Otro de los funcionarios indicó que en un documento hallado en el domicilio habitual del expresidente de la CHMS se pudo observar una anotación que empezaba el 1 de mayo de 2012 con 424 escrito, seguramente referido a 424.000 euros, a lo que se añadían unas aportaciones de 20.000 o 15.000 euros y que después de unas operaciones subirían hasta los 215.000 euros. «Era un manuscrito en casa del señor Liñares», reseñó.

Solo la defensa de dos acusados, Liñares y el empresario Julio Franco, quisieron hacer preguntas a los agentes. El resto se mantuvo en silencio, reforzando la idea de que han llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para ver reducida su pena tras confesar sus actividades, tal y como hicieron en la primera jornada durante sus testimonios. 

La detención de Liñares, asunto central

Contradiciendo al testimonio del expresidente de la Hidrográfica y al de su abogado, que lo definió como «algo impropio de un Estado de Derecho», los agentes defendieron de forma unánime su actuación durante la detención y traslado a dependencias policiales del político. Aquel 20 de septiembre del 2012, Liñares fue requerido por las fuerzas del orden muy temprano, cuando se dirigía a trabajar, en plena calle. Tras un día de registros y, definida por uno de los agentes que le custodiaba como «una jornada muy intensa», la noche cayó sobre los agentes y el detenido todavía con el trayecto de Santa Comba a Lugo por hacer. Alrededor de las 22.00 horas, según sus testimonios, los funcionarios fueron advertidos de que a su llegada a Lugo -prevista para más allá de las 23.00 horas- el detenido no podría tener una cena en comisaría. De esta manera, los agentes decidieron parar en una cafetería cercana a la localidad coruñesa para que Liñares pudiese, al menos, comer algo antes de entrar al calabozo. 

Fue entonces cuando se produjo uno de los episodios más controvertidos de todo el proceso. En medio de aquella cena, Liñares, según los agentes, les comunicó que quería «hacer una manifestación». Ambos agentes se miraron, sorprendidos, y decidieron llamar a la jueza que lideraba el caso, Pilar de Lara, para consultar la posibilidad de proceder. Tras el OK de la magistrada, los agentes escucharon atentamente a lo que tenía que decir Liñares, tomando nota de todo. «No fue una toma de declaración, ni un interrogatorio. Simplemente quería que se tomase nota de unos nombres y de unas cantidades, según dijo, para no olvidarse», comentó uno de los funcionarios implicados. Explica que no hubo ningún tipo de «coacción, presión o incentivación por nuestra parte para que hablase», y que no necesitaba la presencia de un abogado «porque no era una toma de declaración oficial, al uso», repitió. «Él no estaba atemorizado, sino todo lo contrario. La propuesta nació de él», concluyó. 

 

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