Couto recordó que en noviembre se notificó al Ayuntamiento la firmeza de la sentencia
16 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El edil de Urbanismo Sostible del Concello de Lugo, Miguel Couto, se pronunció sobre la ejecución de la sentencia que pesa sobre la gasolinera del hipermercado Carrefour, y que la condena a cesar la actividad y derribarla para reponer la legalidad. «No mes de novembro foille notificado ao Concello de Lugo a firmeza da sentenza ditada polo Xulgado do Contencioso Administrativo número dous en data do 6 marzo do 2017 mediante a cal se anulaba e revocaba a licenza outorgada no seu día para construción dunha gasolineira de servizo vencellada a un hipermercado, de tal xeito que a xunta de goberno tomou razón da mesma», describe el edil.
«A partir de ese instante inícianse os trámites para os expedientes de reposición da legalidade e cese da actividade para dar cumprimento ao contido da sentenza. Este expediente foi asinado en data de 31 de decembro de 2020 e neste momento está en fase de notificación ás partes afectadas», abundó Couto. En los 15 días que han transcurrido hasta el momento, la parte demandante ya ha confirmado que recibió la notificación, mientras que desde el centro comercial declinaron manifestarse por el momento.
La sentencia, emitida por el Contencioso Administrativo de Lugo y más tarde ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y posteriormente por el Supremo, que no admitió el recurso de casación, obliga a la compañía a cerrar la estación de servicio y a reponer la legalidad. «Como ben se indica no mesmo, débese cesar a actividade que se vén desenrolando de venda de combustible, e de non facelo entrarán en actuación as medidas que a Lei do Solo de Galicia e o regulamento que a desenrola permiten para este tipo de situacións. Con estas actuacións o que está facendo o goberno de Lugo é dar cumprimento dunha sentenza firme, como non pode ser doutro xeito», subrayó el concejal de Urbanismo.
El camino que le queda a la gasolinera parece que está agotado, pero queda todavía por ver cuándo tendrá lugar su cierre efectivo, tal y como establece la sentencia firme.
Una estación de servicio con muchos clientes, pero que ya nació con polémica
En agosto del año 2014 el Concello de Lugo autorizó la construcción de la gasolinera del hipermercado de As Saamasas. Sin embargo, ya desde el principio la instalación estuvo marcada por la polémica. Por aquel entonces el BNG llegó a recoger firmas y a organizar una concentración en contra de la instalación de la estación de servicio en el lugar.
Entonces incluso se constituyó una plataforma llamada Miño si, gasolineira non, que recogió 1.400 firmas y organizó alguna concentración. «Resulta indignante que ningunha administración fixera absolutamente nada para tentar parar este despropósito», decían por entonces mirando a las administraciones local, autonómica y estatal. El hoy concejal Felipe Rivas ejercía entonces como portavoz.
La gasolinera, sin embargo, salió adelante y hoy en día tiene una considerable clientela. Muchos lucenses acuden a ella por sus precios y también por su ubicación.
El demandante del caso pedirá ya al juzgado que se ejecute la sentencia
El empresario que inició todo el proceso contra Carrefour, Raúl Ferreirós, pedirá la próxima semana al Juzgado de Lugo que inste ya la ejecución de la sentencia, puesto que considera que en estos momentos ya se estaría desacatando la orden judicial.
«Vamos a instar la ejecución de la sentencia porque en estos momentos la gasolinera estaría desacatando la orden judicial», señala el empresario, que repasa lo sucedido en los últimos meses para argumentar su decisión. «El 2 de noviembre fue cuando se le notificó oficialmente que su recurso no era admitido y que por lo tanto la sentencia es firme, por lo que desde ese momento tendría que cumplir ya con la sentencia obligatoriamente». La interpretación de la legislación que hacen sus asesores jurídicos pasa por la obligación de que se cierre ya, sin tener que aguardar al trámite administrativo que ya ha puesto en marcha el Concello de Lugo para que cese su actividad y reponga la legalidad.
«Es que ahora mismo la gasolinera está funcionando sin tener la documentación en regla y, por lo tanto, sin disponer de la licencia oportuna», apunta Ferreirós, «así que estamos ante un tema social. Es una irresponsabilidad», insiste.
Ferreirós lleva años defendiendo que la estación de servicio no cumple con la legislación vigente, y el último pronunciamiento del Tribunal Supremo, al no admitir el recurso, le dio la razón en su demanda de cierre.
