Condenan al Concello a pagar 2,5 millones por perder la Fábrica da Luz

LA VOZ LUGO

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Un grupo de miembros de Adega, de la Confederación Hidrográfica y del concello, entre ellos el edil Daniel Piñeiro, salen de visitar la Fábrica da Luz en noviembre de 2017.
Un grupo de miembros de Adega, de la Confederación Hidrográfica y del concello, entre ellos el edil Daniel Piñeiro, salen de visitar la Fábrica da Luz en noviembre de 2017. Carlos Castro

El TSXG confirma la sentencia del juzgado de Lugo a favor de la firma Inca

16 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la sentencia del juzgado de Lugo y considera al Concello de Lugo responsable de la caducidad del contrato para reconstruir la Fábrica da Luz y montar allí un generador musealizado. El proyecto había sido adjudicado a la empresa Inca, que tras caducar la licencia recurrió a los tribunales. El fallo en el juzgado de lo contencioso de Lugo consideró probado que el permiso caducó por culpa de la concejalía de Medio Ambiente del ayuntamiento, regida entonces por el edil socialista Daniel Piñeiro. El ayuntamiento recurrió al TSXG, que acaba de confirmar la sentencia en todos los puntos y dice que el concello debe pagar 457.061 euros por el daño emergente a Inca; más 724.000 euros de indemnización por el material ya adquirido y la obra realizada; además de 1.184.407 por el lucro cesante, es decir, por lo que dejó de ganar la empresa con la concesión. También tiene que devolver el concello a la empresa la garantía depositada de 68.773 euros. Y además, ahora, en concepto de intereses por la demora en aplicar la medida, el Concello también debe pagar a Inca otros 40.000 euros. En total 2.474.331 euros, según explicó ayer desde el gabinete jurídico de Inca la abogada Mónica Sastre.

La sentencia es contundente: «El recurso de apelación debe expresar la argumentación sobre el fondo del litigio y también sobre los eventuales errores de la sentencia o los defectos de procedimiento, sin que la mera repetición de los argumentos de la primera instancia, sin someter a la debida crítica la sentencia, resulte suficiente para que prospere el recurso». Precisamente por esta argumentación la sentencia le impone también los gastos judiciales al concello, aunque en este caso solo son mil euros, porque para la administración existen unas costas limitadas.

Contra la sentencia cabe solamente un recurso para casar doctrina ante el Tribunal Supremo en caso de que el Concello entienda que se está fallando diferente a otros casos similares. La empresa Inca hizo entrega en su momento al Concello de las turbinas compradas para el proyecto y por ello el tribunal le concede tanto los gastos en que incurrió como el lucro cesante y los intereses. Insisten los jueces en que toda la culpa de la caducidad fue del concello, por saltarse los plazos varias veces hasta dejar prescribir la concesión, como ya dejó probado el juzgado en primera instancia.