Las únicas tres cámaras que vigilan el casco histórico enfocan a los mosaicos
LUGO CIUDAD
A mayores, en Lugo hay 18 aparatos que se encargan de controlar el tráfico
10 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.En el casco histórico de Lugo el Concello tiene instaladas tres cámaras de videovigilancia con las que la Policía Local supervisa que no se dañe el patrimonio histórico. Una enfoca la ventana arqueológica de la Rúa Nova, otra la de la calle Doutor Castro y la tercera mira hacia la piscina romana de la Praza de Santa María. Las tres cámaras se instalaron cuando se habilitaron las ventanas para vigilar los bienes patrimoniales, pero también captan imágenes de su entorno.
Estas tres cámaras de videovigilancia, las únicas que el Concello de Lugo tiene en todo el casco histórico, envían las imágenes al servidor que se aloja en la sede de la Policía Local, que las graba y las conserva durante 29 días, el plazo que marca la ley. En caso de que tras eses tiempo las imágenes no sean reclamadas para dilucidar ningún delito o incidente, las grabaciones se borran. Hace un par de meses se registró una avería que obligó a cambiar el servidor y en las últimas fechas el servicio de grabación no estuvo operativo. Ahora, según el Concello, ya se ha solucionado el problema tras realizar los ajustes pertinentes.
Aunque las tres cámaras enfocan principalmente los restos arqueológicos, la imagen que recogen es más amplia y desde su instalación ya han permitido identificar a los autores de algunos daños contra el patrimonio, y de ciertos actos vandálicos.
A las cámaras de videovigilancia de la Rúa Nova, la Praza de Santa María y Doutor Castro se suman en la ciudad otras 18 cámaras de vigilancia del tráfico de la Policía Local que se reparten por los distintos barrios de Lugo. Están instaladas en vías de circulación e intersecciones y permiten comprobar cómo discurre el tráfico en la ciudad. De ese modo, si en un momento dado hay un accidente o algún incidente que cause problemas en la circulación, se activan los protocolos para solventar el problema. Al igual que las del casco histórico, esas 18 cámaras están operativas. La que no está funcionando en este momento es el fotorrojo de la Ronda da Muralla.
Legislación muy concreta
Esta semana el Partido Popular, a la vista de los altercados vividos en el centro en las últimas semanas, propuso al gobierno local que instale cámaras de videovigilancia en el casco histórico, sobre todo en las proximidades de monumentos como pueden ser la Catedral, para generar un efecto disuasorio que prevenga actos vandálicos.
En el Concello de Lugo, sin embargo, no hay plan alguno para incrementar la videovigilancia del casco histórico dado que aseguran que la ciudad amurallada es la capital gallega más segura y porque la instalación de cámaras está regida por una normativa que exige unos altísimos criterios de justificación.
Básicamente, para instalar cámaras debe autorizarlo la Comisión galega de videovixilancia, que está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Cada cámara ha de solicitarse de forma independiente justificando su necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Es decir, se rige por criterios jurídicos, más allá de que la iniciativa parta de las administraciones locales.
A mayores de conseguir la autorización para instalar las cámaras, estas deben ser renovada anualmente, revisando así cada doce meses la justificación de su instalación. Lugo no contempla ahora mismo incrementar su número de cámaras.
En Santiago hay diez dispositivos en la zona monumental y 29 para la circulación
En la ciudad de Lugo, entre las cámaras municipales que vigilan el patrimonio y las que supervisan el tráfico, hay 22 dispositivos, de los que 21 están en funcionamiento. La cifra es menor que la que se registra por ejemplo en la capital gallega. En Santiago la Policía Local cuenta con diez videocámaras instaladas en la zona monumental y a ellas suma otras 29 con las que controla el tráfico y que están desplegadas por toda la ciudad.
En el casco histórico compostelano los aparatos vigilan el entorno de la Catedral desde las plazas del Obradoiro, A Quintana y Praterías, y las otras están situadas en San Francisco, Trinade y Costa do Cristo, además de en las plazas de O Toural y Cervantes. A mayores está la de los soportales de Raxoi, donde están las dependencias del Concello.
En el caso de las cámaras de videovigilancia compostelanas, aunque tienen la opción para grabar, esta función no está operativa y solo emplean los dispositivos para controlar accesos.
La ley de videovigilancia pública garantiza la privacidad
Los sistemas de videovigilancia se rigen por tres normativas. La más habitual es la de las cámaras privadas, en negocios, empresas o casas, que tienen requisitos como no grabar directamente a la calle, y se conceden con relativa facilidad. En Lugo son cada vez más los edificios con ellas.
Las otras cámaras que el ciudadano puede ver en la calle son las de tráfico, que regula la Policía Local y que sirven únicamente para vigilar la circulación y que los agentes puedan acudir a aligerar la circulación si se produce un atasco, un accidente o cualquier otra anomalía. Por ejemplo, sería el método ideal para comprobar estos días el atasco que se produce en el tramo de la Ronda a la altura de Recatelo, donde aún se mantiene un tramo de carril peatonal y a la hora de entrada a los colegios se produce un embotellamiento grave.
De vigilancia pública
El otro modelo que permite la ley son las cámaras de vigilancia pública, colocadas en la calle y dedicadas a vigilar preferentemente la seguridad. Están grabando en continuo y cuando se produce algún suceso grave contra las personas, como un robo o una agresión, los agentes pueden revisar la grabación de las últimas horas y comprobar lo ocurrido. De esas imágenes pueden extraer detalles del ladrón o del agresor, o del vehículo utilizado, además de todas las pruebas válidas en un juicio. Porque esas imágenes están legalizadas para ser usadas como prueba legal. También pueden ser usadas para ello las de las cámaras de tráfico, pero depende del criterio del juez, que al estar colocadas para vigilar el tráfico, puede decidir no aceptarlas como prueba para un delito.
Para instalar un sistema de videovigilancia público es necesario que el ayuntamiento o el peticionario justifique que se necesita por algún motivo, por ejemplo, la violencia que se está produciendo en un lugar como el casco histórico. La petición debe ser tramitada por la Subdelegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que puede autorizarlo o denegarlo, y siempre por un plazo determinado de tiempo. Una vez transcurrido, la empresa instaladora debe apagar las cámaras si no se argumenta de nuevo su necesidad.
Eso fue lo que ocurrió por ejemplo en O Ceao, donde se montó un sistema de vigilancia, pero que, una vez caducó el plazo autorizado, no se renovó por parte del ayuntamiento y siguen apagadas.
La instalación de estos sistemas implica un proyecto técnico complejo. Por ejemplo, para las de O Ceao lo había redactado la empresa lucense Protese; un documento de casi 400 páginas con sofisticados sistemas electrónicos que, por ejemplo, hacía que las cámaras quedasen en negro al grabar delante de un hotel.
