El PP pregunta si pagará el Concello los 2,4 millones de la sentencia por perder la concesión del agua o los cargará a los responsables en su día de la mala gestión

LA VOZ

El PP en el Concello de Lugo informó ayer, por boca de Antonio Ameijide, que preguntará en el pleno de la corporación quién va a pagar la condena de 2,4 millones de indemnización a la empresa Inca por dejar perder la concesión de la Fábrica da Luz. Desde el PP entienden que no deben ser todos los lucenses quien sufraguen esa gran pérdida de dinero, sino los responsables: «Que se aclare que medidas legais vai adoptar o Concello de Lugo e se teñen pensado que os verdadeiros responsables desta situación sexan os que asuman os custes, en lugar de permitir que sexamos todos os lucenses os que paguemos polos intereses persoais dos cargos socialistas», dijo Ameijide. El edil popular recordó que su partido ya había advertido que «non podía ter poder decisorio neste asunto un concelleiro, Daniel Piñeiro, vinculado á asociación que boicoteaba o proxecto».

Remontándose al pasado, Ameijide recuerda que «a obra da Fábrica da Luz naceu condenada a fracasar xa que se iniciou no ano 2008 cunha concesión que estivo baixo investigación xudicial, na que participaron o ex alcalde López Orozco e o que despois se autodenominaría como cacique moderno, o ex concelleiro socialista Liñares. E se xa comezou viciada esta obra, despois foi “boicoteada desde dentro”. A realidade é que o concelleiro do PSOE con responsabilidades directas e exclusivas na xestión do medio ambiente na cidade e da Fábrica da Luz, Daniel Piñeiro, está vinculado a asociación que denunciou esta obra. Pero a hemeroteca e as redes sociais amosan como este complot político aos intereses dos lucenses estaba tamén integrado polo vicealcalde, a concelleira de Cultura e un asesor político do BNG no Concello de Lugo, que estiveron nas protestas contra a Fábrica da Luz», concluye.

El edil popular dijo ayer que varias veces habían pedido al Ayuntamiento entrar a la fábrica para ver su estado pero que por ahora no se les había permitido.

El interior de la fábrica está en buen estado a pesar de llevar mucho tiempo cerrada, ya que las obras de remodelación dejaron el edificio sin goteras y limpio y ordenado. Sin embargo, los exteriores presentan un estado calamitoso debido a la maleza que lo invado todo, y la pasarela peatonal sobre las compuertas que permite el acceso a la finca también presenta un estado de absoluto abandono y peligro para quien se acerque. A partir de esta sentencia, en la que el juzgado da por concluida la concesión, se supone que el ayuntamiento se hará cargo de la planta y de la parcela porque hasta ahora estaba en discusión el dominio real de las instalaciones.

Por su parte la alcaldesa, Lara Méndez, no dijo ayer si la sentencia iba a ser recurrida. Explicó únicamente que la estaban estudiando los servicios jurídicos y más tarde se tomaría la decisión.

La empresa ya prepara la entrega de las turbinas para cobrar toda la indemnización

El gerente de Inca, Miguel García-Gesto, avanzó ayer que ya dieron orden a los abogados para que preparen la entrega de las turbinas y los generadores de corriente al Ayuntamiento. Explicó que legalmente esas piezas son propiedad del Concello y ellos harán la entrega para cumplir la sentencia y cobrar los 724.000 euros invertidos. Explicó que se trata de turbinas y generadores de última tecnología y que sería una pena que se queden abandonados en la Fábrica da Luz para que las expolien los ladrones de chatarra, pero aseguró que eso será un problema del Ayuntamiento.

También precisó el gerente de Inca que el exconcejal Francisco Fernández Liñares nunca puso dinero ni tuvo participación alguna en esta empresa.

Varios responsables

Por otra parte, recordó que el 13 de octubre de 2016, el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica, Francisco Marín, envió una carta a la alcaldesa, Lara Méndez, recordándole que el Ayuntamiento había dejado de contestar y de pedir en tiempo la solicitud de prórroga de la concesión. Por tanto, le anunciaba a la propia alcaldesa que en caso de que no atender a sus escritos, el procedimiento no podía seguir adelante y caducaría la concesión.

El gerente de Inca asegura que tiene claro cuál fue el proceder del entonces concejal de Medio Ambiente, Daniel Piñeiro, pero asegura que la alcaldesa también estaba al tanto de lo que estaba pasando, al menos desde que recibió la comunicación del presiente de la Hidrográfica.