Condena de 2,4 millones al Concello por dejar perder la Fábrica da Luz en la época de Piñeiro

Una protesta de Adega paralizó las obras al poco de empezar. Después, el concejal dejó caducar la concesión. Ahora, perdido el proyecto y tras un largo conflicto judicial, hay que indemnizar a la empresa. El PP pregunta quién va a pagar


Lugo

Por dejar caducar a propósito la concesión de la Fábrica da Luz, el Concello de Lugo tendrá que indemnizar con 2,43 millones de euros a la empresa Inca, gestionada por el lucense Miguel García-Gesto. Eso es lo que ha dictado el Juzgado de lo contencioso Número Uno de Lugo, por la negligente gestión del Concello de Lugo durante el pasado mandato, siendo concejal de medio ambiente, Piñeiro. En una larga y detallada sentencia de 40 folios en la que la jueza estudia con precisión cada uno de los gastos y gestiones realizadas por la empresa, concluye que el concello tiene que indemnizarla porque dejó caducar la concesión del agua a propósito, saltándose los plazos en varias ocasiones a pesar de que hubo muchas advertencias.

La suma de las pérdidas

Por un lado, la sentencia cifra en 724.000 euros las pérdidas de la empresa por las obras y servicios ejecutados, y considera que el concello tienen que devolvérselos a Inca Servicios S.L, que deberá entregar previamente las dos turbinas que había comprado y todas las obras realizadas en las instalaciones, que revertirán al concello. La fábrica no se podrá utilizar nunca más como proyecto de generación de luz al haber caducado la concesión en la Hidrográfica, que databa de 1.894. Era una autorización para aprovechar 7.000 litros por segundo que el ayuntamiento había ampliado en este siglo a 11.000 y que ahora ha desaparecido por no renovar el concello la concesión en tiempo.

Otra parte de la indemnización es el lucro cesante, es decir, indemnizar a la empresa por lo que iba a ingresar durante la concesión, que era para 38 años. La sentencia lo cifra en 1,18 millones de euros. Otra parte de la indemnización son 457.000 euros por los daños causados a la empresa y, además, 68.000 euros de la garantía depositada en su día. Todo ello cifra la cuantía total de los 2,43 millones que suma la indemnización.

La empresa había reclamado inicialmente 2,8 millones, pero el juzgado rebajó la cifra de daños y gastos al no aceptar unos 400.000 como pérdidas, por considerar que en algunas también tuvo responsabilidad la propia sociedad. Así lo considera, por ejemplo, en cuanto a la construcción de la ataguía o represa para empezar las obras, en 2015. Se hizo a unos 100 metros de distancia del lugar contemplado en algunos proyectos y entiende la jueza que esa decisión o error fue tanto de la empresa como de los técnicos del ayuntamiento que lo permitieron mientras se ejecutaba. Por tanto, el coste de la retirada de la ataguía, algo más de cien mil euros, lo reparte el juzgado a partes iguales entre el concello y la empresa y no lo considera indemnizable.

Todas las demás partidas reclamadas por la empresa, presa lo ha gastado o perdido en gestiones y permisos y que es la responsabilidad del concello por haber permitido que caducada la concesión, ya que si la hubiese renovado, el proyecto hubiese salido adelante a pesar de todos los problemas iniciales.

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El tortuoso proceso

El proyecto empezó en 2008 cuando el concello aprobó la concesión para explotar la fábrica de la luz a Inca Proyectos e Ingeniería. Tras redactar proyectos y solicitar permisos, las obras empezaron casi siete años después, en noviembre del 2015. Cuando estaba ejecutando la primera represa para limpiar el canal de agua, una decena de activistas vinculados a Adega, que luego dieron en llamarse Lugo cara o río pararon las obras con una pancarta. Lugo llegaron más denuncias, paralizaciones, renovación de permisos, hasta que la concejalía dirigida por Piñeiro optó por saltarse los plazos para renovar la concesión y en abril del 2017 la Confederación Hidrográfica la dio por finalizada por no renovación. El concello intentó pedir una prórroga, pero los tribunales fallaron en 2019 que ya no era legal y que la concesión de agua para la fábrica de la luz se extinguió por no renovarla en plazo.

Todo empezó con esta protesta en 2015

Protesta en el año 2015 de un grupo vinculado a Adega
Protesta en el año 2015 de un grupo vinculado a Adega

Por dejar caducar a propósito la concesión de la Fábrica da Luz, el Concello de Lugo tendrá que indemnizar con 2,43 millones de euros a la empresa Inca, gestionada por el lucense Miguel García-Gesto. Eso es lo que ha dictado el Juzgado de lo contencioso Número Uno de Lugo, por la negligente gestión del Concello de Lugo durante el pasado mandato, siendo concejal de medio ambiente, Piñeiro. En una larga y detallada sentencia de 40 folios en la que la jueza estudia con precisión cada uno de los gastos y gestiones realizadas por la empresa, concluye que el concello tiene que indemnizarla porque dejó caducar la concesión del agua a propósito, saltándose los plazos en varias ocasiones a pesar de que hubo muchas advertencias.

 El PP pregunta si pagarán los responsables o todos los lucenses 

El portavoz del PP en el Concello de Lugo, Antonio Ameijide, advirtió que preguntará en pleno quién va a pagar esta indemnización tan cuentiosa, porque entiende que no deben ser todos los lucenses: "Que se aclare qué medidas legais vai adoptar o Concello de Lugo e se teñen pensado que os verdadeiros responsables desta situación sexan os que asuman os custes, en lugar de permitir que sexamos todos os lucenses os que paguemos polos intereses persoais dos cargos socialistas", dijo. El edil popular recordó que su partido ya había advertido que "non podía ter poder decisorio neste asunto un concelleiro, Daniel Piñeiro, vinculado á asociación que boicoteaba o proxecto". Remontándose al pasado, Ameijide recuerda que "a obra da Fábrica da Luz naceu condenada a fracasar xa que se iniciou no ano 2008 cunha concesión que estivo baixo investigación xudicial, na que participaron o ex alcalde López Orozco e o que despois se autodenominaría como cacique moderno, o ex concelleiro socialista Liñares. E se xa comezou viciada esta obra, despois foi “boicoteada desde dentro”. A realidade é que o concelleiro do PSOE con responsabilidades directas e exclusivas na xestión do medio ambiente na cidade e da Fábrica da Luz, Daniel Piñeiro, está vinculado a asociación que denunciou esta obra. Pero a hemeroteca e as redes sociais amosan como este complot político aos intereses dos lucenses estaba tamén integrado polo vicealcalde, a concelleira de Cultura e un asesor político do BNG no Concello de Lugo, que estiveron nas protestas contra a Fábrica da Luz", concluye.

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