Maltrato sin denuncia: reflexión urgente


Hablar de violencia de género implica hablar de cifras que, como un goteo desesperante, siguen creciendo prácticamente cada semana: ya son 13 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. En menos de dos meses. Las últimas, en Lugo, Granada, Sevilla y Madrid, nos trasladan una reflexión aún más impactante que los números: en todos los casos no existió denuncia previa.

No son casos aislados. Tras una víctima de violencia de género existe una relación tóxica en la que confluyen diferentes variables: los afectos, la familia, la dependencia económica -incluso emocional- o los roles. También un sentimiento muy habitual de intentar justificar a su agresor y del temor a ser ella misma quien sea juzgada si denuncia. No es un reproche, sino una triste realidad: las mujeres sienten que el sistema actual no les protege ni empatiza con su situación.

Por eso es más necesario que nunca poner en valor las denuncias, el único medio para poner fin al maltrato. Pero en este camino, todos debemos estar implicados y es imprescindible formar a los profesionales para que adquieran la sensibilidad necesaria y comprendan el alcance de las distintas formas de maltrato. Que sean capaces de detectarlo, algo que a menudo es complicado.

Las víctimas deben ser conscientes de lo fundamental que es acreditar los malos tratos. Pueden grabar los hechos, pueden recurrir a testigos o utilizar cualquier otro medio de prueba, a pesar de las dificultades que conlleva el que estos delitos se cometan en la intimidad del hogar.

Pero, además, las víctimas deben saber que su versión puede ser prueba de cargo, aunque no existan otras pruebas, siempre que cumplan los requisitos. Por un lado, que la razón real de la denuncia sea la de poner en conocimiento de la autoridad judicial la comisión de un hecho delictivo y la de buscar protección. Por otro, que la declaración prestada por la víctima sea verosímil, persistente en la incriminación y sin contradicciones. Por último, cuando se acreditan corroboraciones periféricas de carácter objetivo.

La propia Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que la víctima debe estar asistida desde el inicio, y su protección debe extenderse mientras la persona lo necesite, ya sea con agentes de las fuerzas de seguridad, psicólogos y/o ayudas económicas o de cualquier otra índole. Esto, sobre el papel. Corresponde ahora llevarlo a la práctica sin fisuras y que las mujeres víctimas sepan -y sean conscientes- de que hay un sistema que vela por ellas.

Por Olatz Alberdi Socia de ABA Abogadas

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