Una sentencia fija que deben situarse a 1,80 metros de la línea de fachadas
31 ene 2020 . Actualizado a las 20:00 h.La asociación de empresarios Lugo Monumental advierte que una sentencia del Tribunal Supremo puede convertir en ilegales muchísimas de las terrazas que pueblan las calles de Lugo para cumplir así con una ley del año 2010 sobre accesibilidad universal.
La situación es la siguiente: en el año 2010 se aprobó una ley sobre accesibilidad que desarrollaba las condiciones que debían cumplir los itinerarios peatonales accesibles. Entre las cuestiones que legislaba se incluía que debía dejarse libre un mínimo de 1,80 metros de ancho respecto a la línea de fachada para garantizar que las personas con discapacidad pudiesen discurrir sin problemas. Este punto estaba redactado pensando especialmente en los invidentes. En la misma ley se matizaba que, excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas, y siempre que estuviese previsto en la normativa autonómica, se podrían permitir estrechamientos puntuales, pero la zona mínima libre de paso debía alcanzar el 1,50 metros.
Durante años, la ley estuvo en «stand by» sin que los concellos la aplicasen, pero a principios del año pasado el Tribunal Supremo se pronunció y dijo que la norma estaba para cumplirla.
Es decir, todos los concellos, el de Lugo incluido, deberán acatar lo ratificado por una sentencia del Supremo y no se podrán ubicar terrazas a menos de 1,80 metros de las fachadas de los edificios. Esto supone dejar a la ciudad sin muchísimas, puesto que en pocas hay opciones reales de acatar la normativa.
En el caso del Concello de Lugo, existen tres tipos de solicitudes para instalar terrazas en calles y plazas. Unas son trimestrales, otras semestrales y otras anuales. Es la Policía Local y sus técnicos el departamento encargado de informar sobre si se puede o no conceder la licencia, y han de hacerlo de acuerdo con la norma estatal que rige. De ahí que Lugo Monumental advierta de que muchas de esas mesas exteriores corran peligro.
La aplicación de la ley estatal y de la sentencia puede suponer un grave problema para los negocios pero sí atenderá a una realidad muchas veces demandada por colectivos de personas discapacitadas e invidentes, que se encuentran todos los días con dificultades para avanzar por los entornos urbanos.