«Debo 2.200 euros aos veciños, ¡pero non pago porque non podo!»

Una comunidad de propietaros de Lugo se concentra ante el negocio de un vecino que les adeuda las cuotas desde finales del 2017 y este se defiende señalando que tiene embargada su empresa y subastado el piso en el que vive con su madre de 91 años y su mujer e hijo en el paro


lugo / la voz

Los propietarios de una comunidad de vecinos de Lugo, el número 82 de la calle Santo Grial, se hartó de los impagos de uno de sus vecinos y tras demandarlo en el juzgado en el 2018 y conseguir una sentencia favorable, se concentraron en la tarde de este martes delante del negocio del moroso, un taller de motos en la avenida da Coruña, para presionar que les pague los 3.000 euros que les debe de cuotas y acciones judiciales desde finales del 2017.

«É unha situación desagradable e pésima porque fai dano, pero temos que facelo para evitar a quebra da comunidade», explica José Luis López Álvarez, portavoz vecinal. «Hai veciños que cobran subsidios de 430 euros nunha unidade familiar ou xente con pensións mínimas pero que fan o esforzo e teñen as cotas ao día. Non sei, este veciño podería aportar 20 euros cada trimestre ou dar a cara, pero nós vemos que fai vida normal. Todos temos unha situación complicada, pero ‘vida por vida primero la mía'. Para o ano que vén non quero estar eu no xulgado en concurso de acredores», se defendía  López Álvarez, que además es secretario general de la Federación de Industria del sindicato Comisiones Obreras.

Diecisiete personas acudieron  a la concentración delante del taller del moroso, soportando temperaturas gélidas. A través de un altavoz hicieron sonar sus reclamaciones ante la mirada de los sorprendidos transeúntes y conductores: «Aquí están, aquí se ven, os veciños de Santo Grial». También portaban letreros que señalaban: «Paga o que consumes. Aos teus veciños non os afogues».

Dentro del taller no había nadie. Horas antes, el vecino moroso, César Díaz, se mostraba incrédulo con la situación. «Eu a finais do 2017 xa lle dixen ao administrador que non podía pagar as cotas porque literalmente non teño cartos». Este empresario — muy conocido en el ámbito del motor lucense porque lleva toda la vida con un taller de motos de marca— explica que adeuda 2.274 euros «pero non os podo pagar, teño o local onde traballei embargado polos bancos, Facenda e a Seguridade Social». Además, señala que el piso en el que vive (junto a su mujer en el paro, su hijo en el paro y su madre de 91 años) ya está subastado. «Xa houbo unha poxa pero por un defecto de forma non se puido formalizar a adxudicación ao novo dono, pero en breve volverá a ser poxado. Entón, non entendo porque me veñen a facer un escrache cando ao final a comunidade vai a cobrar porque o novo propietario terá que asumir as débedas».

Este empresario lucense tiene abierto un taller, embargado por el banco, y realiza trabajos a clientes «porque son os únicos ingresos que podo ter para poder comer. Nunca pensei que ía chegar a isto, e pode pasarlle a calquera», en referencia a que en los tiempos de bonanza llegó a tener hasta siete empleados y tiendas abiertas en Lugo y A Coruña. «Non vin vir a crise a tempo e pensei que co meu traballo podería sacar adiante o negocio, pero vinme metido na roda dos préstamos, das refinanciacións, dos impagos a provedores, das débedas que non cobraba e agora, con 60 anos, só teño as ferramentas para polo menos ganar uns cartos para comer mentres teña o taller».

César Díaz explica que está teniendo el apoyo de Stop Desahucios ante la posibilidad de que pierda la vivienda que compró en 1992 y en la que dice que vive gracias al bono social, a la pensión de su madre y a los trabajo que realiza ocasionalmente en el taller: «No verán fixen horas e horas sen parar, pero agora no inverno non hai nada e non teño ingresos».

Por su parte, la comunidad de vecinos considera que los impagos de este propietario suponen un problema «para o mantemento dos servizos básicos, como gasóleo da calefacción do cal el está consumindo, (aunque este lo niega y recuerda que el contador es individual), alumeado, IBI e vado». Por este motivo, la reunión de propietarios del 27 de noviembre acordó convocar «unha concentración pacífica» una vez al mes delante del negocio comercial. Acusan al vecino de actuar de mala fe por «utilizar todos os servizos comunitarios sen reparo algún e sen dar ningunha explicación nas reunións convocadas».

El afectado considera normal que sus vecinos pusiesen una denuncia por los impagos pero no entiende que le hagan una concentración ante el taller «onde intento sacar algo adiante para comer. Non sei, mira que neste país nos manifestamos por moitos cousas, eu o primeiro, e saímos todos á rúa a pedir de todo, pero somos incapaces de preocuparnos do que lle pasa ao veciño do lado», se lamenta César Díaz, que junto con su esposa viven desde hace años sin ingresos fijos y que tienen que tomar medicamentos por el estrés y la ansiedad. «Moita xente en Lugo sabe da miña situación e ninguén entende que me veñan a protestar diante do meu traballo», se queja César.

Una medida de protesta que roza lo ilegal y que puede derivar en un delito de coacción

m.p.v.

¿Es legal que los vecinos realicen un escrache ante el negocio del presunto moroso? «Está muy en el límite: yo, si tuviera que asesorar a esa comunidad de vecinos, como mínimo les diría que se anduviesen con cuidado», apunta José Antonio Ramos, profesor de Derecho Penal en la UDC. «Depende sobre todo de cómo se haga: si es una protesta pacífica en la entrada o una sentada con pancartas, en principio sería correcto, pero si se le silba al hombre a su llegada, se le impide entrar o salir, o incluso si las pancartas son demasiado agresivas o insultantes...

Añade Ramos que se han dado sentencias en ese sentido respecto a actuaciones llevadas a cabo por profesionales de cobro de morosos que seguían a los deudores vestidos de toreros u otros disfraces. «Someter a una persona a escarnio público para conseguir que pague es una forma de doblegar su voluntad y eso es constitutivo de una coacción», abunda.

«Lo que está claro es que un acto de este tipo no es un ejercicio del derecho de manifestación con arreglo a la Constitución», opina el catedrático de Derecho Constitucional de la USC Carlos Ruiz Miguel. Para este experto, la protesta no queda amparada por el derecho a la libertad de reunión y manifestación, porque para ser lo segundo debería haber una comunicación previa de su celebración. Además,

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