Tomé hizo desalojar del pleno a la veintena de trabajadores de la empresa que asistían a la sesión
31 dic 2019 . Actualizado a las 14:44 h.El último pleno del año en la Diputación de Lugo fue más bronco de lo que el espíritu navideño recomienda. La moción que presentó el PP solicitando la suspensión del acuerdo para que los trabajadores de Suplusa encargados del mantenimiento de las zonas verdes pasen a integrarse en Tragsa caldeó los ánimos de los diputados y también de los trabajadores de Suplusa que presenciaban la sesión y que fueron desalojados por el presidente, José Tomé, después de que se escuchasen acusasiones de «mentiroso» y de «só son seis meses».
El debate de la moción estuvo crispado. El PP pidió la suspensión del acuerdo asegurando que era un «atentado e unha estafa» para la Diputación y para Suplusa. Recriminaron que no se hubiese debatido y que debía buscarse una alternativa.
La respuesta de BNG y PSOE tiró por los mismos derroteros. Alegaron que, con los informes técnicos y jurídicos en la mano, solo había cuatro opciones. O bien dejar de prestar directamente el servicio, algo que el PP cuestionó que fuese posible; privatizarlo, con lo cuál la empresa adjudicataria contrataría libremente; intentar provincializar el servicio, pero esto exigiría un proceso regulado y libre para acceder a las plazas, no quedando garantizado el empleo para los actuales trabajadores; o la opción que finalmente eligió el gobierno, que adquirir una acción de Tragsa para poder encargale el servicio a la empresa pública, asumiendo esta los trabajadores. El grupo de gobierno incidió en que esta era la mejor forma puesto que garantizaba el empleo y las condiciones a los empleados de Suplusa, añadiendo que el contrato inicial de seis meses era prorrogable.
El PP puso además sobre la mesa el coste del servicio, recordando que por seis meses se abonarán 400.000 euros. El gobierno, sin embargo, defendió que con Suplusa el coste anual aproximado era de 1 millón de euros al año.