El exceso de litigios provoca que, pese al aumento de recursos, la jurisdicción social no salga del colapso
26 dic 2019 . Actualizado a las 11:09 h.A él lo despidieron de mala manera en primavera. Y presentó demanda. Es el tipo de asunto que la ley ampara y establece su resolución en un plazo máximo de 90 días. La demanda se firmó el 13 de mayo. La vista se convocó en el juzgado de lo social número 1 de A Coruña el 16 de diciembre, siete meses después. «No, no me parece que hayan tardado demasiado. Yo creo que en otros sitios es peor», dice la mujer del demandante que espera en un banco el resultado de la negociación entre el abogado de su pareja y el de la empresa.
Este asunto prototípico de los que se ven cualquier día en cualquier juzgado de lo social, finalmente no llegó a la sala de vistas, que este juzgado comparte con otros. Para esa jornada estaban señalados 15 asuntos, aunque la funcionaria encargada ya estaba recogiendo los bártulos pocos minutos después de las 12 del mediodía: «Se dio así», justifica. De los 15 asuntos, las partes desistieron en tres de ellos, otros dos se suspendieron y tres más no llegaron a celebrarse porque los implicados llegaron a un acuerdo in extremis. Es una proporción bastante normal, al parecer.
Este juzgado en concreto lleva un buen ritmo de trabajo. Cuando empezó este año, tenía pendientes 1.500 asuntos. A lo largo de 2018 ingresó 869 casos y resolvió 855. Es decir, más o menos salvó el año, pero no pudo reducir la enorme carga de expedientes que arrastra. Al ritmo que lleva, tardaría dos años en limpiar esa carga. De ahí que los señalamientos que se están produciendo en la actualidad sean para finales del 2022 o primeros del 2023. Incluso más adelante.
«El problema no está en los recursos -apunta un abogado que acaba de finalizar una negociación de pasillos- sino en la cantidad de asuntos que entran. Se judicializa todo, así que o pones recursos infinitos o filtras los asuntos». Otro abogado que anda por allí señala una posible solución: «En la jurisdicción civil y en el contencioso administrativo ha decrecido la litigiosidad. Lo único que han hecho ha sido subir las tasas». No todos piensan igual. Un tercer abogado opina que con algún juzgado más, las cosas acabarían yendo a su cauce y que, quizás, sería buena idea reforzar los equipos de los juzgados.
En la jurisdicción civil y penal la subida de tasas redujo los litigios, sugiere un letrado
Pasillos menos poblados
«Dicen que la crisis se ha acabado, pero todavía hay asuntos que colean», apunta un funcionario. El personal que tiene callo en estos juzgados opina que a la mejora económica se contrapone el hecho de que muchos trabajadores acudan al juzgado a reclamar derechos que la última reforma laboral se llevó por delante pero que todavía son susceptibles de ser recuperados frente a un juez. De todos modos, es innegable que ya no llueve como llovía. «Este pasillo, hace cuatro o cinco años, estaba siempre animadísimo -apunta otro abogado-. Y ahora ya ve». Apenas queda nadie a las doce y media. El abogado que ha cerrado la negociación se despide de sus clientes, satisfecho: «Empecé allí con 2.800 euros y he llegado aquí con 4.000. Me sale a más de cien euros por baldosa», sonríe. Es de los que defiende que hay demasiados litigios: «Aquí se reclama un día de vacaciones, una sanción por hablar por el móvil... los juzgados ven casos con un valor económico inferior a los 20 euros. Y, sin embargo, tuve un caso por invalidez que, cuando se señaló, el cliente ya había fallecido».
En A Coruña se estableció un juzgado más, que alivió pero no lo suficiente
En el caso de A Coruña, el 2019 ha transcurrido con un juzgado más de los que había en 2018. El número 6 se incorporó a finales de enero de este año. Y, por supuesto, ha aliviado la situación, pero no lo bastante. En Lugo también reclaman otro juzgado. Parece claro que, con lo que hay, no hay suficiente. Señalar juicios a cuatro años vista es, cuando menos y a juicio de los profesionales: «un disparate».
Seis mil euros secuestrados los próximos tres años y medio
«Es prácticamente imposible que mi cliente no reciba esa cantidad, pero hay que esperar al juicio». El juicio será en junio de 2023 y la cantidad, alrededor de 6.000 euros. Así que el cliente al que se refiere este abogado va a estar privado durante tres años y medio de un dinero que otro juzgado ya le ha concedido pero que el colapso judicial le aleja en el tiempo.
El cliente, que prefiere permanecer anónimo, fue despedido en su día y su demanda fue atendida por un juzgado de lo social en unos cuatro meses. En ese proceso, el juez constató que el trabajador había sido pagado de acuerdo a un convenio equivocado por lo que cabía estimar la reclamación de la diferencia salarial durante un año. De acuerdo con los cálculos del abogado, alrededor de seis mil euros. Si embargo, para cobrar, el trabajador precisa iniciar un proceso de reclamación de cantidades: «La deuda va a ser reconocida automáticamente, aunque el cliente no la recibirá hasta que no haya sentencia», dice José Carlos Bouza, el abogado. Hasta ahí todo bien. El disgusto vino cuando conocieron la fecha de la vista: junio de 2023: «Estamos acostumbrados a grandes retrasos, pero esto...», dice el abogado.
En realidad hay quien ya tiene citaciones para noviembre de 2023. Dicen que todo está relacionado con una inspección del CGPJ que obligó a que se señalaran todos los procesos. Hasta entonces, algunos juzgados dejaban sin fecha distintos asuntos con la idea de irlos colando a medida que se abrían huecos en la agenda. Era eficaz, creen algunos, aunque dejaba sin fecha la vista de no pocos asuntos. Ahora se señala todo y de ahí que las fechas sean cada vez más lejanas.