Juzgan a una prostituta por casarse con un ganadero enfermo y estafarle más de 50.000 euros

La pareja nunca convivió en la misma casa y él acudía una vez a la semana al prostíbulo, teniendo que pagar como cliente la relación sexual con su esposa


Lugo / la Voz

Una prostituta será juzgada este miércoles en la Audiencia Provincial de Lugo por un delito de celebración de matrimonio ilegal y otro continuado de estafa. La mujer se enfrenta a seis años de prisión.

Según el Ministerio Público, la acusada ejercía la prostitución en un club de Lugo, donde conoció a la víctima. Se trata de un ganadero que residía con sus padres y con un hermano minusválido. La víctima padece desde los 45 años esquizofrenia paranoide y tiene una inteligencia en el límite bajo de lo normal y un aplanamiento efectivo: «circunstancias que lo hacían manipulable y limitaba de forma grave su capacidad para prestar consentimiento matrimonial», según el fiscal.

Siguiendo el relato de la Fiscalía, la acusada, con la finalidad de conseguir la nacionalidad española y apoderarse de los ingresos de la víctima, se casó con él en julio de 2007 en Lugo por la iglesia. La pareja nunca convivió y él acudía una vez a la semana al prostíbulo, teniendo que pagar como cliente la relación sexual con su esposa. En escasas ocasiones ambos acudieron a la vivienda de ella y alguna vez ella visitó el domicilio de él, conociendo a sus padres, que se habían opuesto al matrimonio.

El dinero, enviado a Brasil

En marzo de 2011 y a estancias del Ministerio Fiscal, se declaró la nulidad judicial del matrimonio en sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Becerreá por falta de válido consentimiento, ya que por una parte, el ganadero presentaba un índice de inteligencia en el límite bajo de lo normal y se encontraba emocionalmente en absoluta dependencia de la mujer, y esta «había simulado el consentimiento para su propio beneficio».

La acusada logró compartir cuenta bancaria con la víctima y ambos obtuvieron dos créditos, de más de 25.000 euros, dinero que fue acaparado por la acusada y en gran parte remitido a Brasil. Además, el perjudicado tenía ingresos procedentes de la ganadería, incluidas las subvenciones, y percibía una pensión de la Xunta de 575 euros, dinero que en su mayor parte le entregaba a la acusada. La víctima cifra la cantidad total en 30.000 euros.

Según la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de celebración de matrimonio ilegal y de un delito continuado de estafa. Por el primero, el Ministerio Público pide un año de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Por el segundo, el fiscal solicita cinco años de cárcel, con la misma accesoria, y 11 meses de multa, con cuota diaria de cuatro euros por delito de estafa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código Penal, procede sustituir las penas de prisión por la expulsión del territorio español.

En concepto de responsabilidad civil, la acusada deberá pagar a la víctima 30.000 euros con los intereses legales.

El juicio se celebrará este miércoles, a las 10.00 horas.

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