Un informe pericial suspende el juicio contra dos socios de una SAT láctea de Riotorto

Tania Taboada

LUGO CIUDAD

OSCAR CELA

La acusación particular solicitó que se anulara la vista oral para estudiar la nueva prueba

29 oct 2019 . Actualizado a las 17:59 h.

El presidente y el secretario de una SAT láctea de Riotorto se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo para responder por las supuestas irregularidades que casi llevaron a la quiebra a esa entidad, aunque finalmente la vista quedó suspendida por la presentación de una nueva prueba.

El ministerio fiscal solicita para cada uno de los acusados dos años y medio de prisión por las irregularidades contables, las falsedades documentales y los incumplimientos legales de sus obligaciones como gestores de la sociedad, que derivaron en la quiebra de la misma, con los consecuentes perjuicios para los demás socios.

Por su parte, la acusación particular solicita dos años de reclusión por todos los delitos que les imputa el ministerio fiscal, pero además solicita otros tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito de administración desleal.

El abogado de la defensa Pedro González Boquete, precisó que el juicio quedó suspendido porque presentó un informe pericial que estaba previamente admitido y la acusación particular pidió la suspensión de la vista oral para poder estudiarlo, dado que se trata de un documento voluminoso y denso.

González Boquete confirmó su intención de pedir la libre absolución de ambos acusados, además de precisar que la SAT sigue funcionando actualmente, a pesar de que el ministerio fiscal en su escrito de acusación sostiene que en el año 2014 era inviable desde el punto de vista empresarial por las deudas que había contraído la sociedad.

En su escrito de acusación, la Fiscalía aclara que desde la fundación de esa SAT, en el año 2003, ambos acusados puestos de común acuerdo y prevaliéndose de los cargos que tenían atribuidos en la mencionada sociedad, cometieron todas las irregularidades mencionadas, lo que derivó en un grado tal de endeudamiento que acabó por hacerla inviable desde el punto de vista empresarial en el año 2014 .

Entre otras irregularidades, el fiscal subraya que ambos acusados hacían constar un capital social que no coincidía con el que figuraba en los libros de contabilidad, realizaban préstamos de la SAT a sus socios y hacían pagos en efectivo que incumplían la ley que regula en funcionamiento de este tipo de sociedades y elaboraban con completa oscuridad el plan general contable de la sociedad.

Otro matrimonio, socio de la SAT desde su creación, que aportó casi 77.000 euros para poner en marcha la sociedad, además de varias fincas, maquinaria agrícola y cabezas de ganado, reclama por el perjuicio que les provocó la gestión de los acusados en su propio beneficio.

La Fiscalía considera que esos hechos son constitutivos de un delito societario y pide para cada uno de los acusados dos años y medio de prisión, una multa de 4.320 euros y el pago de la responsabilidad civil que quede acreditada en la sentencia.