Bruxa pierde su pulso con el Concello por las casetas del pulpo

El juzgado desestima el recurso interpuesto por la firma de Javier Irimia contra el Concello de Lugo por las casetas del pulpo del 2017


lugo / la voz

En mayo del 2017 la junta de gobierno local de Lugo rescindió por impago la adjudicación a la empresa Bruxa Consulting -del empresario de Meira Javier Irimia- de dos casetas y dos calderos en el ferial de San Froilán. El Concello había adoptado esa decisión después de que la firma no hubiese abonado las tasas que le correspondían por la ocupación del territorio. En ese momento, el Concello declaró extinguidas además todas las autorizaciones a la empresa y se vio obligado a sacar de nuevo a concurso, a toda velocidad, esos puestos para las patronales del 2017. Bruxa se había hecho con las casetas hasta el 2019, pero todo el contrato quedó extinto.

El Concello de Lugo reclamó entonces a la empresa 23.575,80 euros que eran la diferencia entre la oferta que Bruxa había hecho para el año 2017 y la cantidad que finalmente recaudaron las arcas municipales.

La firma de Irimia presentó entonces el recurso contencioso-administrativo buscando la impugnación del acuerdo de la junta de gobierno local del 2018, pero ahora la justicia le da la razón al Concello de Lugo y declara las decisiones adoptadas como ajustadas a derecho. Bruxa Consulting deberá abonar los 800 euros establecidos por las costas judiciales, aunque todavía le quedará en la recámara la bala de la apelación.

Bruxa intentó que se considerara nulo el acuerdo de la junta de gobierno local en la que el Concello de Lugo había rescindido la adjudicación de las casetas, pero su solicitud cayó en saco roto. La empresa llevó el tema a los juzgados y alegó que la falta de pagos no había producido daños ni perjuicios al Concello, por lo que este no podía reclamar cantidad alguna; hablaba de fallos en la notificación y que incluso la junta de gobierno local no tenía la potestad para dictar las medidas que condujeron a que Bruxa se quedase sin las casetas y calderos.

Para la titular del juzgado número 2 del Contencioso Administrativo de Lugo, el recurso presentado por Bruxa debe desestimarse al entender que la junta de gobierno local era el órgano competente para adoptar la decisión y el procedimiento fue conforme a la ley. Las propias bases recogían que el incumplimiento de los pagos conllevaría la extinción de la autorización, «la demandante no cumplió la obligación de satisfacer la tasa establecida por el uso especial del dominio público, y aun pretende no abonar indemnización alguna», algo que, tal y como recoge el fallo, va en contra de lo fijado en las bases. La jueza recuerda que Bruxa tenía las herramientas para defenderse y que la empresa, a pesar de que alega que no se completó el proceso de notificación, sí conoció el expediente y recurrió contra él. Ve la indemnización proporcionada.

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