La Audiencia de Lugo limita al 2023 las reclamaciones de gastos abusivos de hipotecas

El fallo podría contravenir la directiva comunitaria, que consagra el derecho a recuperar el dinero sin límite temporal


La Voz

La Audiencia Provincial de Lugo le ha puesto fecha límite a la reclamación de los gastos derivados de las cláusulas abusivas en las hipotecas: enero del 2023. En una polémica sentencia que a buen seguro traerá cola, la institución acota a cinco años el tiempo para intentar recuperar el dinero, que empieza a contar el 23 de enero pasado. Ese día, el Tribunal Supremo sentó doctrina jurisprudencial sobre la cláusula de gastos y los efectos derivados de la misma. Pero el Supremo no ponía fechas límite para intentar recuperar el desembolso. La Audiencia lucense, sí, y elige el plazo genérico de cinco años que se aplica a un procedimiento que carece de una vigencia específica.

El tribunal ha decretado en una sentencia el reintegro, por parte de un banco a dos clientes, de la mitad de los gastos notariales, de gestoría y de tasación relacionados con una hipoteca. La entidad financiera había recurrido un fallo previo de un juzgado de primera instancia alegando que los pagos indebidos ya habían prescrito, al transcurrir más de cinco años desde la firma del contrato. La Audiencia acepta en parte ese argumento, pero retrasa el inicio de la cuenta atrás a la sentencia del Supremo. En la resolución, contra la que no cabe recurso ordinario, la sala subraya que la acción de nulidad no prescribe, pero sí el plazo para reclamar el dinero.

Jaime Concheiro, abogado de los clientes que demandaron al banco, sostiene que esa limitación temporal -que persigue acabar con la avalancha de demandas- choca con la doctrina comunitaria. No es el único que lo piensa. Un juzgado de Mallorca ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) precisamente para que aclare si es legal o no acotar el plazo para reclamar gastos.

Aviso del Banco de España

El Banco de España avisa de riesgos nuevos en las entidades por la alta litigiosidad con los clientes. Así lo expone en el informe de estabilidad financiera, en el que recomienda «tomar medidas» para evitar un impacto negativo. Recuerda que el conflicto de las cláusulas suelo ya les ha costado 2.200 millones hasta enero por devoluciones a afectados.

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