La Audiencia Provincial de Lugo absolvió a 15 personas vinculadas con un entramado de sociedades dedicadas a la compraventa y exportación de teléfonos móviles, así como a la venta de tarjetas. Entre los implicados figuraban cinco guardias civiles del Puerto de Vigo. El tribunal lucense declaró nulas todas las resoluciones en las que se acordaron las intervenciones telefónicas llevadas a cabo en la causa, lo que da lugar a la absolución de los acusados para los que el fiscal pedía penas de cárcel al considerar que se produjeron nueve delitos contra la hacienda pública, otro de contrabando y otro más de falsedad. Los agentes recurrieron a las escuchas sin haber realizado previamente una investigación. «Huelga -dice la sentencia- hacer cita de las múltiples resoluciones jurisprudenciales que establecen que no se trata de satisfacer los intereses de una investigación meramente prospectiva, pues el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delito o para despejar sospechas sin base objetiva de los encargados de la investigación, por más legítima que sea esta aspiración, pues de otro modo se desvanecería la garantía constitucional».