La jueza habla por primera vez en público tras ser sancionada por desatender sus competencias
11 abr 2019 . Actualizado a las 08:34 h.La instructora Pilar de Lara habló ayer por primera vez en público tras haber sido suspendida hace una semana por el Consejo General del Poder Judicial por dilaciones indebidas en sus casos. Dio sus explicaciones tras la celebración de un juicio en Lugo por las amenazas que le profirieron un empresario y su madre. Y lo hizo para denunciar presiones en su trabajo que, dijo, pocos compañeros habrían podido soportar. «Este tipo de situaciones te afectan. No somos Superman. Soy una persona normal y corriente. Pocos compañeros sufrieron la situación que vine arrastrando, y en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo saben», dijo, señalando al alto tribunal gallego. «He dado cuenta de lo que sucedía -prosiguió-, no solo [de la carencia] de medios personales y materiales, sino de que a mi marido le han puesto pintadas como “Roberto, marido de la jueza, paga las putas”, “Roberto, putero”, o “De Lara busca trabajo para su marido”. Yo no tengo que soportar como jueza ni como mujer las decisiones que vinculen mi trabajo con la ideología que pueda tener mi marido y ese tipo de comentarios se han realizado».
La jueza echó balones fuera para evitar valorar exactamente la sanción, calificada como muy grave, que le ha impuesto el CGPJ (siete meses de suspensión, lo que conlleva la pérdida de plaza). Aseguró que desconoce el contenido exacto de la sanción, porque todavía no le ha sido notificada, pero confía en que sus argumentos sean escuchados: «Desconozco si es normal que se tarde tanto en notificar. Es la primera vez que me veo en un asunto de este tipo, y no sé si es normal que primero te llamen por teléfono y simultáneamente salga publicado en los medios de comunicación. Personalmente, veo la sanción un poco desproporcionada, pero no la puedo valorar todavía. Supongo que estará fundamentada, y en virtud de esa fundamentación hablaremos con más criterio, pero sí me sorprendió sobre todo porque el fiscal pide tres meses y la sanción es de siete meses y un día, que tampoco sé si es habitual, ya que casi suena a un término carcelario».
«También me sorprendió la rapidez, porque hacía poco tiempo que habíamos presentado las alegaciones, y es un expediente bastante complejo. No es lo mismo que si a un juez le quedan 200 o 300 sentencias pendientes que este tipo de cuestiones que se están planteando», añadió la instructora de casos como el Pokémon o el Carioca, con decenas de imputados, investigaciones que no ha logrado cerrar en años.
La magistrada afirmó que va a recurrir la sanción, y se mostró confiada en que sirva para reducir esa multa, argumentando que el cambio de destino supondría retrasar las causas. «El presidente [del TSXG] Miguel Ángel Cadenas dijo que nadie era imprescindible, y eso es cierto; pero también es cierto que si viniera un juez nuevo y se hiciera cargo de las causas le llevaría tiempo. Si lo que se pretende es agilizar las causas, una sanción de este tipo puede conseguir el efecto contrario».