El Poder Judicial suspende durante siete meses a Pilar de Lara por dilatar sus investigaciones

La magistrada tiene ahora un mes de plazo para recurrir, y podría acabar dejando su plaza en Lugo


Lugo

La jueza de las macrocausas, Pilar de Lara, afronta una situación laboral muy compleja. Tiene un pie fuera de Lugo porque la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) acaba de imponerle una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una «falta muy grave de desatención» de sus competencias judiciales. Ese tiempo supone la pérdida del destino.

A la magistrada lucense le quedan ahora unas semanas para articular un recurso de alzada, que ha de presentar en el plazo de un mes, para intentar cambiar la decisión del máximo órgano judicial o, cuando menos, reducir el tiempo de sanción. Pasando de 7 meses a 6, por ejemplo, seguiría manteniendo su puesto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, lo que no ocurriría si se confirma la decisión adoptada en Madrid y que ya le fue comunicada. Una ratificación de la sanción la conduciría a la posterior interposición de un recurso contencioso administrativo que, en este caso, ya no resolvería el pleno del CGPJ sino la sala tercera del Tribunal Supremo.

En los últimos años, a medida que la jueza fue acumulando retrasos espectaculares en sus causas, comenzaron a lloverle quejas e incluso inspecciones en su juzgado. De Lara fue saliendo airosa, pero parece que patinó en un asunto que ni tan siquiera inició ella y que le llegó de rebote. Fue el relacionado con el exconselleiro de Economía de la Xunta, durante el bipartito, el nacionalista Fernando Blanco, implicado en la denominada operación Campeón que dirigió otra jueza, que ya no está en Lugo. Esta hizo una pieza separada con el asunto del exconselleiro y la envió a reparto. Le correspondió a Pilar de Lara. Eso ocurrió en 2012.

El abogado de Blanco, Xoán Antón Pérez Lema, comenzó a presentar recursos contra la decisión de esta de alargar o prolongar el caso. Según contó en su momento el letrado, algunos fueron contestados un año después de ser presentados y otros no tuvieron respuesta, como ocurrió con uno que entregó en el 2017. La situación le llevó a formular la queja que llegó al CGPJ y en la cual se indicaba, entre otras cuestiones, que desde el 2015 la Audiencia de Lugo no podía pronunciarse sobre los recursos. Meses después de la denuncia, en noviembre del año pasado, la Audiencia archivó la causa contra Blanco aludiendo, entre otras razones, la demora en la instrucción. Algunas fuentes apuntan que esa fue una denuncia más, porque la jueza ya estaba en el punto de mira de la inspección desde el año 2015 y que algunos de sus fallos ya se conocían con anterioridad.

Tras el paso de los inspectores por Lugo, el máximo órgano de los jueces comunicó a la jueza que sería expedientada. Su amplio recurso no fue tenido en cuenta y, en los últimos días le llegó la notificación de que es autora de una falta muy grave «por desatención en el ejercicio de las competencias judiciales».

En su momento, el CGPJ había detectado «desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales», «la adopción de decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generan incrementos del volumen del trabajo».

La sanción comunicada ahora a la jueza lucense es superior a la que pedía el fiscal que abordó su caso, quien estimaba que debía ser de tres meses. «No es normal, sanciones en este tipo de faltas son muy pocas. Es excepcional», dijo ayer el abogado de la letrada, Agustín Azparren. Además, avisó del complicado futuro para el juzgado: «No quiero imaginarlo para el juez al que le toca, empezar a leer instrucciones con más de 130.000 folios, el caos que se puede organizar». Eso puede generar una cascada de archivos de las causas.

La posible retirada del la magistrada del juzgado podría acarrear aún más retrasos en las causas abiertas, lo que podría suponer múltiples archivos.

La magistrada que acabó bloqueándose entre montañas de papeles

lugo

Hace aproximadamente doce años que la jueza Pilar de Lara Cifuentes (Cartagena, 1968) se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Hasta su llegada, en la ciudad de las murallas jamás hubo tantas y tan sonadas operaciones judiciales. Quizás ninguna de las casi mil personas que salieron a la calle en manifestación para defenderla a ella y otra compañera, en el otoño del 2011, creyese que a día de hoy tendría una sanción, que le puede acarrear graves consecuencias, por los retrasos en las investigaciones. Era difícil de imaginar que tardaría diez años en acabar la operación Carioca, promovida para desarticular la corrupción en los burdeles y la explotación sexual de mujeres, y que el proxeneta al que persiguió con tanto ahínco esté en la cárcel no por esa causa, sino por un presunto maltrato a la que fuera su esposa.

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