La ampliación del plazo para implantar la e-Administración da un respiro al gobierno local
22 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El sistema de reconocimiento de huella para control de horarios en el Concello, instalado hace una década, nunca llegó a funcionar. Las pantallas de las paradas del servicio de autobuses urbanos funcionaron durante menos tiempo del que pasaron fura de servicio. La Policía Local necesita desde hace años un servidor que no se le facilita. Estos apuntes son solo algunas pinceladas de cómo se ha desarrollado la relación del Ayuntamiento de Lugo con la administración digital. Su implantación está aún en pañales. Por eso, para el Concello de Lugo la reciente decisión del Gobierno de retrasar dos años la fecha límite para que esté implantada (era la del pasado día 2) es la campana que lo ha salvado del noqueo.
Algo se ha avanzado en el Concello de Lugo en la última década en la implantación de la administración digital. Pero ha sido a trancas y barrancas y derrapando en los plazos para cumplir las obligaciones, como ocurrió con la implantación de la factura electrónica. Los planes para avanzar en este camino, con el respaldo de fondos europeos, están básicamente trazados, pero su ejecución, de momento, aún no comenzó, o lo hizo muy parcialmente.
Debido a lo limitado de la implantación de la administración digital, algunas inversiones, o aportaciones externas, han quedado en agua de borrajas. Por ejemplo, los tornos instalados en las piscinas, que deberían de poder ser activados con la tarjeta ciudadana, están totalmente inoperativos desde que fueron colocados dónde están. Las pantallas de información sobre servicios municipales, de vistoso color rojo (el corporativo del Concello) son prácticamente un adorno allí donde se encuentran, por ejemplo en algún centro social.
Planes, pero no hechos
Pese a todo, y en el plano de los proyectos aún no materializados, el Ayuntamiento ya ha tenido ocasión de presumir de lo que quiere hacer pero aún no hizo. En noviembre del año pasado expuso en el Congreso Galego de Xestión Enerxética, organizado por el Colegio de Ingenieros de Galicia, la iniciativa Lugo Smart, que incluye un total de diez líneas de trabajo. Por un lado, tiene por objetivo la implantación de una nueva plataforma en el Concello para la administración digital.
Como ya se indicó, vinculado a la administración digital se diseñó hace una década un sistema de control de horarios de los funcionarios municipales. Se instalaron las máquinas para reconocimiento de huella en los accesos a la casa consistorial y en el edificio administrativo (antiguo seminario menor), pero nunca llegaron a funcionar. Recientemente, la portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao, aseguró que los del Ayuntamiento son los únicos funcionarios en Lugo que no fichan. Louzao recordó que la compra de los citados aparatos se llevó a cabo en octubre de 2008.
Sin papel
De este modo, en lo que atañe al Concello de Lugo a la «Administración sin papeles, transparente y más ágil y accesible para los ciudadanos y las empresas», prevista en las leyes de 2015 para el 2 de octubre del año en curso tendrá que esperar. Hubiera tenido que esperar igual, con o sin prórroga, pero al menos puede hacerlo sin vulnerar las disposiciones legales sobre la materia.
Una prórroga que estaba cantada y que para la capital lucense era necesaria
El Gobierno de España, consciente de que, como en el Concello de Lugo, una gran parte de la Administración española estaba lejos de poder cumplir sus obligaciones con respecto a la implantación de la administración electrónica antes del pasado día dos, recurrió al real decreto ley 11/2018, de 31 de agosto, para ampliar el plazo. Para una gran parte de los ayuntamientos españoles, la prórroga era imprescindible. En dicho decreto se señala: «En definitiva, la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad, obliga a ampliarlos en este real decreto-ley. Con ello, se trata de implantar estos instrumentos básicos del funcionamiento de las Administraciones conforme a los principios de eficacia administrativa y garantía de los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurídicos y económicos en la tramitación de los procedimientos administrativos, que precisamente son los principios que persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre».
Relación
En las citadas disposiciones se resalta la necesidad de conseguir la interoperabilidad entre administraciones. «En particular, se requiere acordar entre las Administraciones públicas competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con sus respectivos ámbitos de competencias. Este acuerdo será el marco para el diseño de los sistemas tecnológicos que han de dar soporte a los aspectos funcionales interoperables, que en el plazo actual de entrada en vigor no estarán adaptados a estas exigencias».