Lugo: El exdirector de la Cámara se defiende a sí mismo en el juicio por falsedad documental

Está acusado de un delito de falsedad en documento privado y de otro de estafa procesal en grado de tentativa, por documentos utilizados durante la tramitación de su demanda por despido, y ayer, en el juicio en la Audiencia, se defendió a sí mismo. Alberto Fernández, exletrado asesor y es director-gerente de la Cámara de Comercio, apuntó durante la vista que si se ve en estas circunstancias es debido a algún tipo de represalia. El fiscal pide un año y seis meses de prisión. En la vista, a petición del acusado/letrado defensor hubo un careo entre la exsecretaria de presidencia y dirección y el exsecretario de la Cámara, con el fin de aclarar qué fue de los documentos originales que conformaban el contrato del ahora acusado.

El exdirector gerente de la Cámara trata de demostrar que los documentos denominados «Anexo al contrato», de fecha 4 de noviembre de 1999, y «Aclaración al contrato» del 13 de febrero del 2004, son auténticos y no falsos como entiende la fiscalía. En el primero de ellos, según el ministerio público, se establece que el ahora acusado podría disponer de una tarjeta de crédito para atender gastos de acciones de comercio exterior, viajes, hoteles, etcétera; en el segundo, se señala que en el supuesto de rescisión del contrato como director seguiría como letrado asesor con el horario pactado de tres horas de lunes a viernes y con el sueldo que por todos los conceptos venía percibiendo en el momento de cesar como director.

El ex director gerente de la Cámara comenzó el juicio sentado en el banco de los letrados de la defensa. Cuando le llegó el momento de declarar como acusado, sacó la toga, se puso la chaqueta y ocupó el banquillo. Relató que empezó a trabajar en la Cámara en 1985, y diez años después fue nombrado director, puesto que ocupó hasta 2011. Fue despedido como letrado asesor en 2012. En respuesta a las preguntas del fiscal, destacó que cuando fue nombrado director había problemas con el registro de la Cámara, hasta el punto de que había documentos que no aparecían. Incluso su contrato como director no estuvo registrado durante algún tiempo. Por decisión del presidente, Alfredo Mosteirín, se mantuvo como estaba, pero los originales de los documentos importantes quedaban bajo custodia de la secretaria de la presidencia. Aseguró que el registro informático, como tal, no llegó a crearse, si bien «había un programita» mediante el cual solo se introducía una breve referencia de los documentos.

Explicó que muchos de los gastos generados por las misiones comerciales era necesario pagarlos con tarjeta. Por eso se efectuó el anexo al contrato, que él firmó, pero aseguró desconocer si lo llegó a firmar el presidente en su presencia o no; pero lo firmó. En cuanto al documento de 2004, afirmó que él no lo redactó. Recordó que en ese año hubo elecciones en la Cámara «bastante reñidas».

Correo electrónico

Uno de los aspectos por los que se interesó el fiscal es por qué en uno de los documentos se reseña la dirección de correo electrónico de la Cámara, cuando en ese momento, según la acusación pública, aún no estaba operativo. El exdirector de la entidad, ahora acusado, indicó que la Cámara contrató en 1997 con una empresa de Lugo la apertura de una página web, que, junto con otros servicios, estaban alojados con un subdominio (camaralugo.com). Recordó que fue solicitada y obtenida una subvención del Igape para una bolsa electrónica de subproductos.