De las batallas perdidas en el contencioso al pulso en vía penal


lugo / lA voz

El Plan General de Ordenación Urbana de 1991 calificó como edificables los terrenos de la unidad de actuación CS-5 (O Garañón), situada al pie del parque Rosalía de Castro y justo al lado de las cuestas de la citada zona verde. En 1999 se hizo con la alcaldía el socialista José López Orozco. El propietario de los terrenos, cuando lo consideró oportuno, puso en marcha los planes para edificar. Estableció un polémico convenio con el Ayuntamiento, por el que este adquiría compromisos en cuanto a la tramitación y la empresa aceptaba una ligera rebaja de la edificabilidad. Coincidió en el tiempo con una reforma de la legislación reguladora del suelo, que en teoría suponía una mayor rebaja de la edificabilidad; el convenio se firmó pocas horas antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones legales.

Al hilo de los planes para edificar, se creó, o al menos se dio a conocer, la Asociación na Defensa do Parque Rosalía de Castro. Inició movilizaciones contra el citado proyecto y, llegado el momento, acudió a la vía contenciosa. Logró que fuese anulado el acuerdo por el que se aprobó la urbanización de los terrenos (por carecer de informe de la Consellería de Cultura) y, en mayo de 2011, el de concesión de la licencia para la construcción de los primeros edificios. Para entonces, las obras de construcción ya estaban paradas desde noviembre del año anterior por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. La jueza basaba su decisión en «la posible existencia de una o varias infracciones penales». Señalaba igualmente que con esta decisión se trataba de evitar que con el transcurso del tiempo se siguieran ocasionando daños y perjuicios al interés general, además de impedir que pudiera ser inviable la demolición si así lo estableciese una sentencia.

En el juzgado

Por el llamado caso Garañón están investigados el exalcalde José López Orozco, que prestó declaración en noviembre de 2015, y el exconcejal de Urbanismo, José Ramón Gómez Besteiro, que además está investigado por otros delitos. Besteiro acudió al juzgado por el caso Garañón en enero de 2016, unos 180 días después de haber sido imputado; se acogió a su derecho a no declarar.

La más reciente incidencia judicial sobre este asunto fue la aceptación por la Audiencia Provincial del recurso presentado por Orozco, Besteiro y una funcionaria municipal contra una providencia de la jueza en la que reclama más información sobre el frustrado pacto para el gobierno local entre socialistas y nacionalistas en 2007; los magistrados vieron perfiles de «investigación prospectiva» en la providencia recurrida.

Indemnización

A lo largo de todos estos años, el propietario llegó a plantear una reclamación de 26 millones de euros por las pérdidas sufridas, y manifestó que, si lo indemnizan, mañana mismo derriba el Garañón. La actual alcaldesa, Lara Méndez, aseguró que el Concello tiene reservados 300.000 euros por si finalmente hay que derribar O Garañón.

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