El juzgado no actuó contra los inquilinos okupas denunciados por Fiscalía en abril
LUGO CIUDAD
Demandaba agilidad en los procedimientos y que ordenara el desalojo de las casas
24 sep 2018 . Actualizado a las 17:34 h.Cinco meses después de que el fiscal jefe, Roberto Brezmes, remitiera al Juzgado de Instrucción número dos una denuncia en la que solicitaba, con carácter urgente el desalojo de dos viviendas ocupadas ilegalmente por familias rumanas, nada se ha hecho al respecto. Al menos en uno de los dos casos, los inquilinos, que llevan en la casa del barrio de A Cheda desde el mes de enero, siguen residiendo en el mismo sitio y generando elevados consumos de agua. Suponen 250 euros cada dos meses para la propietaria de la vivienda.
En el decreto denuncia del 9 de abril de este año el fiscal jefe daba por finalizadas las diligencias de investigación penal y remitía al Juzgado de Instrucción número 2 la denuncia. Solicitaba al mismo tiempo a este órgano judicial que acordara la práctica de varias diligencias. Entre ellas, citar a los denunciados, con carácter inmediato, para que prestaran declaración en calidad de investigados y requerirlos para que abandonaran las viviendas «ilícitamente ocupadas».
La denuncia que presentó la Fiscalía en el Juzgado número dos, fue trasladada al tres y esta instancia la devolvió de nuevo al lugar de procedencia. Cinco meses después y con una huelga de funcionarios de justicia por el medio, la situación sigue exactamente igual, según confirmó una de las afectadas.
En el mes de enero, según explicó una de las personas que denunció su situación, lo que llevó al fiscal jefe a abrir una investigación, se cumplirá un año desde que entraron en su casa los inquilinos rumanos. «Estánme chegando recibos da luz de 250 euros cada dous meses e, por suposto, non me están pagando as mensualidades. Sinto unha impotencia total porque xa non sei que teño que facer para que me deixen a casa libre». Abonaron el primer mes y la fianza, desde el pasado febrero lo único que generaron fueron gastos.
Le ofrecieron irse por 2.900 euros
Según esta mujer, la familia rumana, de la que forman parte ancianos y niños que están viviendo en su casa, utilizan para desplazarse vehículos de alta gama. «Eu nunca me puiden permitir -dijo- conducir un coche dese tipo e agora está ocupando o meu garaxe».
Los inquilinos se ofrecieron a dejarle libre la vivienda si les pagaba 2.900 euros. La propietaria optó por presentar denuncia contra los arrendatarios, esperando que los juzgados actuaran de una forma rápida.
«Se en vez de denunciar lles pagara o que me pediron, -señaló- hoxe tería o piso baleiro e non andaría con tantas dores de cabeza. Cando consiga recuperalo xa terei perdido bastantes máis deses cargos. Xa solo en recibos de luz levo 600 euros».
La propietaria de este piso está esperando a que resuelva el Juzgado de Instrucción 2 porque tampoco puede entablar un procedimiento civil para poder conseguir que le dejen la vivienda vacía.
La dueña de esta casa de A Cheda fue una de las víctimas de un grupo organizado de personas de nacionalidad rumana que firman contratos de alquiler. Desde el principio dejan de pagar las mensualidades y realizan consumos elevados de agua, luz o calefacción, antes de proponerle al propietario que les pague una cantidad para que le dejen la casa libre.
Este periódico tiene constancia de al menos dos propietarios que accedieron al chantaje para poder recuperar el piso.
Justificaba la urgencia en evitar males mayores y que los dueños cedieran a extorsión
En su denuncia la Fiscalía, que reconoce que los arrendatarios son conocedores de la ley y sabedores de sus derechos, advierte de la urgencia de adoptar medidas frente a los inquilinos ilegales. «En el primero de los casos en el que se ha producido el pago por parte de la propietaria de la vivienda, no hay una actividad que pueda considerarse urgente», señalaba. «Sin embargo -puntualizaba- en los otros dos asuntos los titulares no han pagado todavía, aunque sí han sido requeridos de pago por los inquilinos denunciados». «Se estima -añadía- que es posible evitar perjuicios mayores y de producción inminente, si se realizan las primeras diligencias citando de forma inmediata a los denunciados, para poder oírlos en declaración como investigados, con carácter previo a adoptar cualquier decisión que permita restablecer el orden jurídico perturbado».
La Fiscalía entendía, y así quedó reflejado, que si no se hace así, los propietarios «se verán compelidos a pagar ante la injusticia mayor que supone el incremento artificial de los recibos por parte de los arrendatarios».
Admite que están disfrutando de una vivienda sin pagar la renta, a sabiendas de que el procedimiento de desahucio se prolonga meses y de que no harán frente al pago de la deuda, dada su insolvencia.
En su denuncia la Fiscalía de Lugo aprecia que en los contratos de arrendamiento concurren todos los elementos de un delito de estafa y que el hecho de que pidan una cantidad de dinero podría encajar con el tipo penal de amenazas o subsidiariamente extorsión.