Piden 3 años de cárcel a un acusado de fingir que medió para un crédito de 600.000 ?

Dos lucenses recurrieron a una empresa catalana para buscar financiación para un bar


lugo / la voz

Tres años de prisión, multa de 3.250 euros e indemnización de 10.890 euros es la pena solicitada por la fiscalía y la acusación privada para un hombre al que achacan un delito de estafa, por haberse comprometido, previo pago, a conseguir un aval, que no logró, para un crédito para la apertura de un establecimiento hostelero en la Rúa da Cruz de la capital lucense. Fue en 2014, en los momentos duros de la crisis. Ante la imposibilidad de conseguir crédito por las vías habituales, los dos socios, por medio de sus respectivos padres, lo intentaron a través de una empresa catalana. El crédito deseado era de 300.000 euros, el ahora acusado los convenció de la necesidad de solicitar 600.000 y finalmente alegó que la operación resultaba imposible sin conseguir un seguro de cambio de divisa, que los interesados no pudieron lograr. Los 300.000 euros a mayores debían de ser depositados en una cuenta de una tercera sociedad con el fin de constituir una garantía bancaria.

El acusado no quiso responder a las preguntas ni del fiscal, Jesús Álvarez, ni de la acusación particular. El fiscal, escuchada la declaración del acusado y de los interesados, mantuvo sus conclusiones y resumió así este asunto: «Más le vale no haber declarado porque tendría que haber respondido cuestiones comprometidas». Destacó que el acusado ingresó más de 10.000 euros y no hay ni un solo comprobante de las gestiones que dijo haber realizado. «No aporta ningún dato que confirme su gestión» Al veterano fiscal, los argumentos del acusado le parecieron «mera disculpa para no devolver ese dinero». El representante de la acusación particular, por su lado, vio así este asunto: «Un pícaro que se sirve de la necesidad en que se encontraban mis clientes». Indicó que la sociedad del acusado llevaba sin presentar las cuentas desde 2011 y que en 2016 fue declarada fallida. En su opinión era «un chiringuito para captar incautos». Dijo que el inglés de algunos de los términos del acuerdo contractual estaban escritos en inglés con faltas de ortografía.

La abogada del acusado pidió la absolución. Apuntó que la acusación, en todo caso, tendría que ser por incumplimiento contractual, pero no por estafa. Señaló que la posibilidad de tener que conseguir un seguro de cambio de divisa se recoge en el contrato que firmaron las partes, con asesoramiento del mismo letrado que ayer ejerció de acusación particular.

Años de créditos imposibles

Los padres (uno de ellos un veterano hostelero lucense) de los dos jóvenes socios que pretendían abrir una cafetería en la Rúa da Cruz tomaron en sus manos las gestiones. Necesitaban un crédito de 300.000 euros, para la reforma del local, que ya tenían elegido y con el alquiler a punto. No consiguieron el crédito. Un conocido les habló de la posibilidad de recurrir a vías alternativas. Y así fue como contactaron con el ahora acusado. Se desplazaron a Barcelona, hablaron con él, y parece que les pintó las cosas bastante fáciles, aunque no llegaron a ver el borrador de contrato.

Contrato en Lugo

Posteriormente, el ahora acusado viajó a Lugo, donde por fin mostró el contrato y, con algunos ligeros retoques, fue firmado el 26 de febrero de 2014. Ingresaron más de 10.000 euros en la cuenta que se les indicó, cantidad correspondiente al porcentaje que exigió con respecto al importe del crédito. Se comprometía a devolver la cantidad adelantada en el caso de que las gestiones no fructificasen. En principio, el crédito iba a ser establecido con banca del ámbito de la UE; finalmente, parece que apuntaba al mercado americano, y por ello decía que era necesario el seguro de cambio de divisa. Los padres de los socios no pudieron conseguirlo; es más, parece que en las entidades lucenses ese tipo de seguro prácticamente no era conocido.

Como las gestiones, si las hubo, no prosperaron, los padres de los jóvenes socios que pretendían abrir un local de hostelería reclamaron el dinero adelantado. Como no les fue devuelto, denunciaron.

El acusado, en su declaración, aseguró que a lo que se comprometía en virtud del contrato firmado era a conseguir una garantía bancaria para avalar el crédito que ellos necesitan.

El fiscal dijo que el acusado no aportó ni un dato que confirme sus gestiones

La acusación particular cree que el acusado tenía «un chiringuito para captar incautos»

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